La respuesta del Gobierno de España ante el Caso Almería y su decisión de no considerar como víctimas del terrorismo a Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales, que en 1981 fueron detenidos, torturados, asesinados y calcinados por agentes de la Guardia Civil tras identificarlos erróneamente como miembros de un comando de ETA cuando hacían un viaje entre Santander y Almería, ha sido tachada de “incompleta, timorata y decepcionante” por Desmemoriados, el colectivo que lleva trabajando varios años por la recuperación de su memoria.
Esta asociación se pronuncia así tras la información publicada por eldiario.es, que se desprendía de una respuesta por escrito en el Senado en la que el Ejecutivo socialista liderado por Pedro Sánchez despachaba diversas cuestiones relativas al Caso Almería planteadas por el senador Jon Iñarritu (EH Bildu) en apenas dos párrafos y remitiéndose directamente a la normativa actual para descartar esta opción defendida incluso por el propio Parlamento de Cantabria de forma unánime.
La respuesta del Gobierno refrendaba, sin introducir matiz alguno, que la condición de víctimas de terrorismo la ostentan “únicamente las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana”.
A juicio de Desmemoriados, “esta noción supone un anacronismo parcial que sigue teniendo la finalidad de no reconocer que en este país ha existido el terrorismo de estado, además de proteger las actuaciones irregulares de miembros de las Fuerzas de Orden Público cada vez que alguno de ellos se tomó la justicia por su mano. Una parálisis que deja desprotegidos los innumerables casos de ciudadanos inocentes que durante la Transición conocieron en carne propia las malas prácticas de esos contingentes”.
Esta Asociación para la Recuperación de la Memoria Colectiva de Cantabria también recuerda que el 31 mayo de 2016, la Corporación del Ayuntamiento de Santander, compuesta por ediles del PP, PSOE, PRC, Ciudadanos, Ganemos, Santander Sí Puede e Izquierda Unida, que impulsó la iniciativa, aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que se mostraba “el dolor y respeto a los familiares” de los tres jóvenes asesinados en Almería en mayo de 1981, y se solicitaba su “reconocimiento como víctimas del terrorismo”, instando al Gobierno a efectuar los cambios oportunos en la normativa.
A este hecho relevante hay que añadir que el Parlamento de Cantabria, integrado por representantes del PP, PSOE, PRC, Podemos, Ciudadanos y un diputado no adscrito, aprobó el pasado 10 de mayo, también por unanimidad, una moción similar a la del Consistorio santanderino en la que instaba al Gobierno de España a seguir un camino similar y restituir casi cuatro décadas de olvido.
En este texto, que se leyó en un acto público en presencia de los familiares de los tres jóvenes, se reclamaba al Estado “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección que corresponde a su condición de víctimas de actos de terrorismo o violencia política”.
Ante este escenario, desde Desmemoriados valoran la respuesta gubernamental, fechada el 14 de septiembre de 2018, como “una mera copia de la que las familias de los asesinados han ido recibiendo por parte del Estado durante estas casi cuatro décadas, cada vez que han solicitado –y han sido unas cuantas veces– la consideración para sus familiares como víctimas de terrorismo”.
En este sentido, señalan que las declaraciones institucionales del Ayuntamiento de Santander y el Parlamento de Cantabria no se impulsaron para quedarse en un plano únicamente simbólico, sino que pretenden promover la ampliación del marco legislativo de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo, “cuyos márgenes se ven superados en la práctica por los acontecimientos desarrollados durante la Transición: el de una violencia ejercida desde algunas instancias del aparato del Estado y sus aledaños”, consideran.
“La legislación actual transgrede en este aspecto el principio de no discriminación entre víctimas de graves violaciones de derechos humanos ya que, independientemente de las circunstancias que concurrieron en los hechos que provocaron su victimización, todas tienen derecho a ser reparadas. Si lo que se pretende verdaderamente es la búsqueda de justicia y reconciliación, nos atrevemos a creer que el Gobierno español debería tener anchura de miras y valentía y plantearse la ampliación del estatus de víctima del terrorismo para todos aquellos que lo sufrieron alguna vez”, concluyen desde Desmemoriados.