La escalada de precios de los minerales ha impulsado recientemente un repunte de la minería en España que tiene su repercusión también en Cantabria. Esta creciente demanda mundial ha multiplicado el interés de la industria en proyectos mineros que hace décadas no eran rentables, que se abandonaron porque no eran una inversión atractiva, y que ahora se retoman con la promesa de la generación de empleo y riqueza en las zonas afectadas.
Este escenario esconde, según algunos colectivos conservacionistas, riesgos que pueden ser permanentes sobre el medio natural. Así lo denuncia, por ejemplo, Ecologistas en Acción, que ha presentado una propuesta de modificación de la Ley de Minas con “el objetivo de que se tengan en cuenta los aspectos medioambientales y sociales en todo lo relacionado con la actividad minera”.
Esta organización recuerda que la actual normativa vigente data del año 1973 y, por tanto, “es preconstitucional y muy probablemente también inconstitucional”. Se trata, a juicio de esta asociación, “de una ley fruto de su época, que fue promovida por las empresas extractivas, que favorece la especulación con las concesiones y autorizaciones y que no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni los derechos más básicos de las personas”.
Desde Ecologistas en Acción señalan que el resurgir de la actividad minera en los últimos años “está favorecido por procesos de especulación financiera, pero también ligado a la gran subida de precio de los metales”. Este hecho ha provocado que las comunidades autónomas, -como el caso de Cantabria con las antiguas minas de zinc de Reocín-, hayan sacado a concurso centenares de nuevos permisos de explotación minera.
“Estos proyectos amenazan con destruir decenas de miles de hectáreas de gran valor natural, más aún cuando la mayor parte de estas nuevas minas se pretenden explotar a cielo abierto, dado el abaratamiento experimentado por los movimientos de tierras”, alertan desde Ecologistas en Acción.
Propuesta de modificación
Es por ese motivo que la organización conservacionista ha elaborado una propuesta de modificación de la actual Ley de Minas. En el texto se propone la total exclusión de la actividad minera de todas las áreas de interés ambiental, como la Red Natura 2000, las reservas naturales fluviales o las cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras.
Otros aspectos que se han modificado son establecer “un procedimiento de consulta pública que sea transparente, con plazos razonables y promuevan la máxima participación ciudadana”. Asimismo, la norma impulsada por Ecologistas en Acción reclama que los permisos se otorguen solo cuando también se hayan aprobado el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua.
La nueva ley también contempla un impuesto “más justo” que refleje la explotación de un recurso público no renovable. Finalmente, para evitar la obtención de permisos por “caza-derechos” y “mineras especulativas”, se han establecido garantías que acrediten la solvencia económica y técnica de los titulares de derechos mineros.
Ecologistas en Acción ha remitido la proposición de modificación de la Ley de Minas al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, solicitándoles que estudien el documento y que hagan todo lo que esté en su mano para que dicha modificación de la ley se tramite y se apruebe en el menor plazo posible.