El impulso inicial que llevaron al Parlamento de Cantabria a comienzos de esta legislatura los nuevos grupos con representación en la Cámara provocó una catarata de medidas encaminadas a reformar el Estatuto de Autonomía. El texto cumple este 1 de febrero 35 años desde su entrada en vigor, pero los cambios previstos han quedado aparcados a la espera de un consenso que no llega.
De hecho, los partidos aprobaron por unanimidad hace más de un año iniciar los trámites para suprimir los aforamientos de los diputados, del presidente y de los miembros del Gobierno, una de las primeras iniciativas que salieron adelante con el acuerdo de todos, pero no se ha avanzado nada en todo este tiempo y la reforma está aún lejana, dado que ni siquiera se ha creado la comisión parlamentaria que debía haber desarrollado su trabajo en el plazo máximo de seis meses.
Ante esta efeméride, todos los partidos con representación en la Cámara y que reflejan un amplio espectro ideológico coinciden en la necesidad de adaptar el texto y confían en poner en marcha los cambios esta legislatura, aunque todos los movimientos que se han llevado a cabo hasta el momento se han encontrado el freno de unos y otros.
“Es inaplazable la renovación y actualización de nuestro Estatuto a una sociedad que demanda más autonomía, económica y política, un blindaje de los derechos sociales y un reconocimiento de la identidad y tradición organizativa cántabra”, subraya a preguntas de eldiario.es la portavoz parlamentaria de Podemos, Verónica Ordóñez.
En este sentido, desde la formación morada aseguran que el Estatuto debe recoger “un desarrollo mayor de la autonomía de Cantabria”, algo que pasa, a su juicio, “porque los cántabros seamos dueños de las finanzas de nuestra comunidad, transitar hacia un modelo de 'concierto económico' en el que podamos controlar nuestros ingresos y gastos para desarrollar políticas públicas que garanticen la modernización y la garantía del cumplimiento de todos los derechos sociales”.
Desde el PRC coinciden en que el Estatuto de Autonomía ha supuesto que “Cantabria sea hoy más próspera, más avanzada, más social y más integrada en el conjunto de la Nación española y de Europa, sin renunciar a nuestros elementos identificadores”. Así lo asegura el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que recuerda que “las normas jurídicas no son eternas”.
“La sociedad avanza más rápido de lo que lo hacemos los legisladores. Y el Estatuto de Autonomía no debe ser algo inmutable”, asegura el diputado del PRC que, sin embargo, no se pone plazos: “No es el momento de reformar, pero sí es el momento de estudiar”, matiza.
Marco histórico
Para Silvia Abascal, portavoz del PSOE en la Cámara autonómica, “es obvio que la sociedad de 1982 no es la misma que la de hoy, y también es verdad que la esencia y los principios básicos con los que se elaboró el Estatuto permanecen intactos: progreso, convivencia e igualdad”.
Los socialistas consideran “importante” echar la vista atrás para saber de dónde partimos, en qué punto estaba Cantabria antes de la llegada del Estatuto de Autonomía. “Es imprescindible para que veamos los cambios que se han producido hasta llegar a lo que hoy conocemos. Estos 35 años de Estatuto han supuesto para Cantabria una herramienta esencial para avanzar en el autogobierno, para crear y fijar las bases de un Estado de Bienestar sólido y para crear un marco de convivencia y progreso perdurable en el tiempo”, reivindica Abascal.
En esta línea, Podemos defiende que el Estatuto de Autonomía reconozca y garantice la “máxima protección” de los derechos sociales como la salud, la renta social básica, los suministros energéticos o la dependencia para que no estén en manos de la voluntad legislativa de los sucesivos gobiernos del Estado.
Los aforamientos, el primer paso
Hasta ahora, el único consenso amplio ha sido el de la eliminación de los aforamientos. A la propuesta inicial de Rubén Gómez, portavoz parlamentario de Ciudadanos, se fueron adhiriendo los distintos grupos a través de sus enmiendas, en un ejercicio de negociación que culminó con un texto común que contó con el voto favorable, a pesar de los matices, de todos ellos. De esta forma, el pleno del Parlamento aprobó la proposición no de ley por unanimidad y en un clima de consenso aparente.
“El Parlamento, de manera unánime, se ha manifestado a favor de eliminar la figura de los aforamientos, algo que esperamos se lleve a cabo a lo largo del presente año. Como digo, entendemos que tiene cabida el debate sobre la modificación o modernización del Estatuto pero siempre y cuando haya un consenso entre las diferentes sensibilidades, tanto políticas como sociales, de Cantabria”, considera Gómez.
La reforma sobre los aforamientos se llevará a cabo, como pronto, en el mes de septiembre. Así lo puntualiza el portavoz del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, que considera que “debería ser mejor explicada a los ciudadanos, aunque sí que es cierto que ha generado mucho malestar más por el abuso que por el propio uso de esa figura”.
“El resto de cambios se centrarán fundamentalmente en las competencias, en la financiación de las mismas, para lo que se requiere un gran acuerdo nacional sobre el rumbo que debe tomar el estado autonómico español que, en todo caso, debe basarse en la solidaridad y en el reconocimiento de las diferencias que nos unen y no nos separan”, precisa Hernando por parte del Grupo Parlamentario Regionalista.
Más reformas sobre la mesa
Podemos, sin embargo, no se conforma que una reforma 'light' y exige cambios profundos en el texto. “A nivel político e identitario queremos que se impulsen los Concejos Abiertos, entidades organizativas arraigadas en la tradición de Cantabria adaptándolos a una sociedad democrática madura”.
Según explican desde la formación morada, conciben estos concejos como “entes de desarrollo normativo vinculante a los diferentes niveles de la administración” y “con función fiscalizadora que favorezca la transparencia de las instituciones”. Verónica Ordóñez explica que también buscan que se impulse una Ley de Comarcas y las Juntas Vecinales, así como otros mecanismos que potencien la participación de la sociedad cántabra en las decisiones.
“Falta saber si PRC y PSOE quieren una Cantabria social, abierta y participativa del siglo XXI o se sienten más cómodos con las estructuras caciquiles que arrastramos desde el siglo XIX y que les aseguran mantener mejor sus pequeñas cuotas de poder en perjuicio de los ciudadanos”, afirma la diputada.
Abascal, que sí coincide en la necesidad de blindar ciertos derechos sociales, asegura que “los cambios que precisa el Estatuto son aquellos que contribuyan a que en él se reflejen los cambios que se producen y que contribuyan, en todo caso, en afianzar los valores de convivencia, progreso, igualdad y, sobre todo, del reforzamiento del Estado de Bienestar”.
“Clamoroso silencio en la calle”
La versión más discrepante en este sentido es la del portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, que defiende que “estando el actual Estatuto sin desarrollar en su totalidad, y sin haber debate en la calle sobre la necesidad de hacer cambios, los políticos debemos ser responsables y escuchar el clamoroso silencio que hay sobre esta materia”.
A su juicio, a los ciudadanos ahora mismo le preocupan muchas otras cosas, como puede ser encontrar un empleo o el acceso a los servicios básicos, más que si se cambia un texto que “hoy por hoy creo que está plenamente vigente y responde a las necesidades de nuestra sociedad, por lo que no hay necesidad de hacer mayores cambios”.