El exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante la pasada legislatura, César Pascual (PP), ha sido citado a declarar el próximo mes de abril en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en la causa que investiga una posible adjudicación “irregular” a Ferrovial en el servicio de traslado urgente de pacientes a los hospitales públicos madrileños, donde ejerce actualmente como director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria en el Gobierno de Cristina Cifuentes.
Pascual, junto a otros tres altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, está acusado de presionar a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia. Tras la baja voluntaria de esta compañía, que posteriormente emprendió acciones legales, el contrato para gestionar este servicio fue entregado a la segunda en el concurso, una filial del Grupo Ferrovial, por 76 millones de euros.
La querella, que fue admitida a trámite en el mes de enero al observar el juez “indicios de delito” y está en fase de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, se basa en unas grabaciones presentadas por los denunciantes en las que los altos cargos -entre los que se encontraba Pascual- intentaban convencer a los responsables de Alerta S.A. de que abandonaran el contrato de traslados de pacientes porque, según sostenían, no iban a poder prestar el servicio con la bajada económica que les había permitido ganar el concurso.
Se da la circunstancia de que César Pascual, que forma parte del nuevo Comité Ejecutivo del PP de Cantabria como secretario de Sanidad en el equipo que lidera María José Sáenz de Buruaga, fue el responsable de poner en marcha el polémico contrato público-privado que permitió acabar las obras del Hospital Valdecilla y que obliga al Gobierno de Cantabria a pagar casi 900 millones de euros en los próximos 20 años a otra filial de Ferrovial -ahora beneficiada también en esta adjudicación- por un centro sanitario que los propios trabajadores califican de “muy deficiente”.
Y es que desde su inauguración, la sombra de la privatización encubierta, los sobrecostes, la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Cantabria sobre la gestión llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP o el traslado de algunos de los servicios fuera del hospital por falta de espacio han sido algunos de los detonantes que han puesto en el centro de la diana el trabajo de César Pascual en Cantabria, ahora también señalado en los tribunales madrileños.
Gestor público vinculado al PP
César Pascual, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria y diplomado en Liderazgo Público por el Instituto de Empresa y en Políticas Públicas y de Gobierno por la Universidad de Alcalá, acumula una larga trayectoria ligado a la gestión sanitaria en distintas administraciones públicas y ha ocupado altos cargos en diferentes gobiernos, siempre ligado al Partido Popular.
En Cantabria fue uno de los impulsores de la concesión a las constructoras Ferrovial y SIEC de los servicios no sanitarios del Hospital de Valdecilla, importando a la comunidad autónoma un modelo que ya había aplicado previamente en Madrid por encargo de Esperanza Aguirre, concretamente en el Hospital Infanta Leonor, gestionado por la empresa de José Luis Uribarri, uno de los imputados en la trama Gürtel.
La cesión de los servicios no sanitarios de Valdecilla a Ferrovial por 20 años, así como las condiciones en las que se produjo este contrato muy ventajoso para la constructora, provocaron a lo largo de los últimos años las protestas unánimes de empleados públicos, sindicatos y partidos de la oposición, que acusaron a Pascual y a la Consejería de Sanidad que dirigía entonces Buruaga de realizar una “privatización encubierta” y permitir que la compañía diera un “pelotazo” haciendo negocio con la salud de los cántabros.