Las actuaciones llevadas a cabo en 2019 por la Inspección de Trabajo constataron 715 faltas de alta en el sistema de la Seguridad Social y permitieron regularizar la situación laboral de 3.696 empleados y empleadas en Cantabria, principalmente del sector servicios. Así pues, este organismo consiguió aflorar en fraudes y sanciones 11,3 millones de euros, correspondiendo 7,3 a liquidaciones a la Seguridad Social y cuatro a sanciones.
Así lo ha dado a conocer este lunes la Consejería de Empleo, cuya titular, Ana Belén Álvarez, -que ha estado acompañada por el director territorial de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, Miguel Ángel Gálvez- ha considerado que se trata de un balance “muy satisfactorio”, poniendo en valor la labor de la Inspección “como mecanismo fundamental para luchar contra la precariedad laboral y el fraude”.
“Nos comprometemos a intensificar la vigilancia de la normativa laboral impulsando medidas que combatan el abuso de la contratación temporal, las horas de trabajo no remuneradas y el incumplimiento de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos”, ha manifestado la consejera, que cuenta con un equipo de diez inspectores y 16 subinspectores en la comunidad.
Y es que, tal y como ha detallado Álvarez, ese tipo de conductas “perjudican gravemente a las trabajadoras y trabajadores, pero también a las empresas que cumplen sus obligaciones, que son la enorme mayoría, y a las que las infractoras hacen competencia desleal”.
Contratos a jornada parcial cuando se trabaja a tiempo completo, temporales cuando deberían ser indefinidos o falsos autónomos son los principales supuestos que se ha encontrado la Inspección en los 3.700 empleados que ha regularizado, así como el caso de los becarios que en realidad no ejercen como tales y que deberían estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
Precisamente sobre la situación de los becarios y de los falsos autónomos, principalmente en plataformas colaborativas y de comercio electrónico, la consejera ha hecho especial hincapié y se ha comprometido en centrar sus esfuerzos en corregirla.
Y es que para este 2020, Inspección ha acordado la realización de 97 campañas, con actuaciones destacadas en Prevención de Riesgos en materia de género, peluquerías -donde utilizan productos químicos- , construcción e investigación especial de accidentes leves. En materia laboral, por su parte, actuará preferentemente en el control de tiempo de trabajo y registro de jornada, en la contratación y en los salarios. Y la lucha contra el fraude, contra el empleo irregular y las empresas ficticias serán los ejes básicos en materia de Seguridad Social.
Campañas
Respecto a las campañas efectuadas el pasado año, 29 estuvieron destinadas a Prevención de Riesgos Laborales y 26 a Empleo y Relaciones Laborales. Sobre las primeras, Álvarez ha subrayado que ha aumentado el control gracias a la implantación del Cuerpo de subinspectores laborales en la escala de Seguridad y Salud y la incorporación de tres de ellos desde el pasado mes de junio.
Así pues, la primera causa de incumplimientos preventivos en Cantabria durante 2019 ha sido en materia de evaluaciones de riesgos laborales, seguida de vigilancia de la salud, e irregularidades en máquinas y equipos de trabajo, tras efectuar 4.600 actuaciones. Y en materia de empleo y relaciones laborales, la primera causa de incumplimientos ha sido la relativa al tiempo de trabajo, seguida por los incumplimientos en contratación, salarios y los que se producen en materia de derechos de los representantes legales de los trabajadores, tras realizar 1.700 actuaciones.
En lo que respecta a la Seguridad Social, la Inspección ha efectuado 5.636 actuaciones y con relación al año anterior, las cuantías y los afectados han aumentado en un 28% y un 86% respectivamente. En este sentido, se han detectado un total de 575 infracciones que afectan a 3.051 trabajadores, por las que se han impuesto algo más de dos millones de euros en sanciones.
Finalmente, en economía irregular y extranjería se han efectuado 254 actuaciones que han permitido detectar 60 infracciones que afectaban a un total de 88 trabajadores, un aumento del 28% respecto a 2018, siendo la más detectada la de falta de autorización de extranjeros trabajando en España.