Izquierda Unida propone que las familias de la comunidad autónoma puedan financiar su primera vivienda habitual a través del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), un organismo que actualmente posibilita la puesta en marcha de proyectos a empresas y autónomos.
La iniciativa forma parte del paquete de medidas de implicación autonómica y municipal que incluirá la formación en su programa para las elecciones de 2019 y que ha dado a conocer este miércoles el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Israel Ruiz Salmón, en rueda de prensa.
Para Ruiz Salmón, el Gobierno “tiene la responsabilidad de garantizar derechos” frente a “la usura legal que practican los bancos contra las familias trabajadoras al aplicar intereses muy elevados e inseguridad en las economías domésticas”.
En este sentido, la propuesta exige adaptar la normativa autonómica, incluyendo la modificación de la Ley de Cantabria 2/2008 de 11 de julio, que dota al ICAF de personalidad jurídica propia y total autonomía en su gestión, para adaptar su objeto social posibilitando una línea de financiación para la adquisición de primera vivienda habitual al mismo tipo de interés al que se autoriza a la administración a contraer deuda.
Con esta medida, IU defiende “la función social de la vivienda” frente a la comercial o “a la puramente especulativa, que debe ser sancionada por gobiernos valientes que ejerzan sus competencias”.
En este sentido, el cabeza de lista de IU también ha planteado incorporar al ordenamiento jurídico cántabro la definición de la acción especulativa como “aquella en la que se adquiere una vivienda o suelo para posteriormente venderlo con objeto de lucro sin invertir o mejorar el bien”, así como establecer los mecanismos para evitarla y castigarla.
Decreto estatal “insuficiente”
IU considera que el Real Decreto-Ley 21/2018 de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno central, es “insuficiente e impide que las distintas administraciones actúen de raíz contra el problema de la vivienda en España”, pero “abre la puerta” a actuaciones que la coalición de izquierdas promoverá a nivel autonómico y local en Cantabria.
Según Ruiz Salmón, “el uso de la vivienda vacía, así como su gravamen a través del IBI, se ha encontrado con el bloqueo de los sucesivos gobiernos centrales que desde 2004 no han definido, pese a tener en su mano vía reglamento hacerlo, el concepto de 'inmueble desocupado', creando una inseguridad jurídica evidente e imposibilitando la actuación de las entidades locales”.
Para el cabeza de lista de IU, con este Real Decreto “no se da una solución directa”, ya que “supone pasar el marrón” a las comunidades autónomas para que sean ellas las encargadas de definir el concepto de vivienda desocupada, así como la modificación de las ordenanzas de cada municipio para regular el proceso para su calificación, incluyendo audiencia al propietario afectado.
“Desde IU hemos intentado movilizar esas miles de viviendas a través de propuestas en todos los ayuntamientos, pero siempre nos topábamos con la dificultad de definir vivienda desocupada debido a la irresponsable inactividad normativa de los gobiernos, quienes eran los que tenían la delegación de ley para definir el supuesto”, ha criticado.
Por ello, el representante de IU considera que “ya no hay excusas” y que movilizar esas viviendas vacías “exige responsabilidad y decisión” por parte de los grupos del Parlamento de Cantabria, “y sobre todo del Gobierno”, para que comience de inmediato a redactar la norma o modificación legislativa que permita poner a disposición de aquellos que lo necesitan esas viviendas desocupadas que no cumplen la función social de la propiedad.
En este escenario, los cargos públicos de Izquierda Unida en Cantabria llevarán a los ayuntamientos varias propuestas para su debate en las comisiones de Hacienda y los plenos municipales con el fin de que “la ampliación del parque público de viviendas sea una realidad cuanto antes”.
Así, contemplan la elaboración de un censo de viviendas desocupadas de acuerdo a los criterios establecidos en el Real Decreto Ley e instar a la Comunidad Autónoma a desarrollar el concepto de vivienda vacía, así como la modificación de la ordenanza fiscal para establecer un recargo del 50% en el IBI de aquellas viviendas que se encuentren desocupadas o establecer un 95% de bonificación a aquellas viviendas destinadas a alquiler con renta limitada.
Con todo, Ruiz Salmón hace hincapié en que esta normativa “llega tarde, cuando la mayoría de los municipios ya han aprobado sus ordenanzas fiscales” y que no interviene en el problema de los alquileres o las Viviendas de Uso Turístico.
Para IU, el Decreto “se deja por el camino” la principal medida: habilitar a los ayuntamientos para controlar los alquileres máximos allí donde se haya producido un alza desorbitado en los últimos años, “inasumible para las familias trabajadoras”
Respecto a las viviendas turísticas, permite limitar o prohibir estos inmuebles en edificios residenciales pero desde IU critican que la regulación se haga con voto cualificado en contra, es decir la minoría (un 40%) puede imponer su voluntad a la mayoría (60%).