La PAH ha presentado este lunes una iniciativa legislativa popular (ILP) para que se apruebe una ley de vivienda en Cantabria. El colectivo señala que “actualmente no existe ninguna ley que regule el acceso a la vivienda, la vivienda social y las medidas para evitar que grandes tenedores acopien vivienda vacía”.
Para lograr este fin, según explican desde la PAH, recurren “a una ley obsoleta de 1985, que el Gobierno de Cantabria pretende reformar esta legislatura, para recoger 10.000 firmas y lograr que esta proposición sea tenida en cuenta por el Parlamento de Cantabria y pueda llegar a debatirse en pleno antes del final de la legislatura”.
Este colectivo recuerda que desde el estallido de la crisis miles de cántabros han sufrido para poder pagar sus hipotecas, muchos no han podido y han padecido ejecuciones hipotecarias. Un buen número de ellos se han agrupado en asociaciones como la PAH, mientras que “otros han padecido en silencio el desahucio y la deuda de por vida”, lamentan.
“La legislación española ha avanzado solo gracias a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, recalcan, al tiempo que recuerdan que más de un millón y medio de personas firmaron a favor de la ILP para la dación en pago, que “solo sirvió para una pequeña reforma de las leyes pervirtiendo el espíritu de aquella”.
“Por esa razón creemos necesario que se establezcan legalmente medidas que impongan a las administraciones públicas la obligación de poner a disposición de las personas que pierden su vivienda habitual por impago de su hipoteca una alternativa habitacional”, subrayan desde la PAH.
En este sentido, desde esta asociación denuncian la situación de muchos vecinos y vecinas de Cantabria que “no pueden pagar el alquiler, no tienen capacidad económica suficiente como para acceder a uno, acaban viviendo en 'infraviviendas' o soportando situaciones que ponen en riesgo su integridad física y moral por carecer de medios para poder fijar su domicilio lejos de la persona agresora”. En definitiva, sostienen que esta ley “pretende dar respuesta a todas aquellas situaciones en las que un ser humano se ve privado o necesitado de una vivienda digna, reconociendo el derecho subjetivo de acceso a ella”.
Finalmente, recalcan que la dignidad de la vivienda es una cuestión que “va ligada irremediablemente a la dignidad de la persona”. Es por ello que, según inciden, “esta ley no puede olvidarse de fijar medidas específicas que permitan mitigar y evitar las consecuencias de los elevados precios de suministros tan básicos como la luz o el gas”, en referencia a los casos de pobreza energética.