Todos los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han registrado este miércoles una proposición no de ley conjunta en la que instan al Gobierno de España a “regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y sus derivados, bajo estricta indicación y supervisión médica, para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado”.
Esta propuesta surge después de que el portavoz parlamentario del Partido Popular, Eduardo Van den Eynde, hiciera pública una extensa carta en la que defendía, a título individual, la legalización del cannabis para uso terapéutico en tratamientos como el del cáncer, enfermedad que él mismo sufre desde hace varios años al considerarlo “un clamor social”
En su perfil de Facebook, el diputado popular explicó que ha sufrido una segunda recaída y que por novena vez se encuentra en un ciclo de quimioterapia. Además, confesó que era consumidor de cannabis para reducir los efectos del tratamiento de la enfermedad.
Van den Eynde, que hoy se ha mostrado “muy satisfecho”, afirmó que, “sin lugar a equivocarme, el cannabis ayuda y de una manera muy notable a paliar los que quizás son el efectos más perniciosos de dichos tratamientos: las náuseas, el cansancio y el estado de ánimo (quizás este último aspecto, el que menos se tiene en cuenta, aunque, sin duda, el más devastador)”.
En la carta, titulada “¡Cannabis terapeútico, ya!”, el histórico dirigente del PP, que tiene 57 años, compara esta prohibición con la “absoluta normalidad” con la que se asume el consumo de alcohol -“bien visto en cualquier evento social”- y con otras drogas como las benzodiacepinas o los analgésicos opiáceos.
Legalización, control y venta
En la iniciativa parlamentaria, que previsiblemente se debatirá en la sesión plenaria del lunes 10 de abril, los grupos solicitan también la regulación de las especificaciones legales y técnicas para el cultivo controlado del cannabis y su posterior utilización medicinal con “los niveles de calidad, trazabilidad y seguridad necesarias”.
Además piden establecer puntos de venta controlados, así como delimitar las redes logísticas, con la seguridad necesaria, para evitar un uso fraudulento o ilegal del cannabis medicinal. Asimismo instan al Ejecutivo central a establecer un sistema de evaluación de los impactos en la salud pública, en especial, de la calidad de vida de los pacientes tratados con estos tratamientos.
Finalmente, piden la creación, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, una Ponencia de Estudio sobre los posibles usos del cannabis.