El Partido Popular ha rechazado tomar medidas cautelares o abrir un expediente disciplinario al jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander, al que mantienen en su puesto supervisando la unidad de vigilancia y protección de las víctimas, a pesar de que este sargento está imputado por un presunto delito de acoso laboral hacia una subordinada en una causa judicial en la que le piden hasta seis años y tres meses de prisión.
En el pleno municipal que se ha celebrado este jueves, el equipo de Gobierno que lidera Gema Igual (PP) se ha apoyado de nuevo en el edil tránsfuga de Ciudadanos, David González, para tumbar una moción presentada por Santander Sí Puede en la que se exigía la retirada de su cargo de forma provisional y la apertura de un expediente sancionador tras confirmar tanto la Fiscalía de Cantabria como el Juzgado de Instrucción los indicios de hasta cuatro delitos graves derivados de su actitud contra una compañera del cuerpo.
El concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda (PP), ha defendido durante su intervención que, según los servicios jurídicos, “no procede” la apertura de dicho expediente porque “habría que parar” el proceso judicial en marcha. “No ha lugar”, ha zanjado el edil, antes de indicar que “se han adoptado las medidas cautelares recomendadas”.
Basándose en varios informes de los técnicos, Nalda ha insistido en que los servicios jurídicos determinan que no se puede abrir expediente hasta que no se resuelva el proceso abierto en los tribunales contra este alto cargo policial, que está únicamente a la espera de que se señale la fecha definitiva para celebrar el juicio, donde tendrá que responder por actos de “humillación, denigración o aislamiento” hacia la querellante.
La “connivencia” del PP
Tras el periodo de instrucción, la Audiencia de Cantabria ya había detectado indicios de delito en la actuación del jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de Santander por incurrir en “trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de documentos y falso testimonio en causa judicial”.
Además, según denunciaron responsables sindicales en el Ayuntamiento, el acusado “sigue trabajando en el mismo puesto”, a pesar de que se han pedido medidas cautelares de forma reiterada y por escrito. Por ello, criticaron la “connivencia” del PP y acusaron a la alcaldesa de la ciudad de “mirar para otro lado” tras ser informada de este caso cuando tomó posesión de su cargo sustituyendo al ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP).
También recordaron que el Ayuntamiento es “responsable subsidiario” en un caso de acoso laboral como el que se está investigando, pudiendo tener consecuencias económicas para las arcas públicas, puesto que ante la situación que se estaba viviendo en el seno de la Policía Local tuvo que intervenir la sección de Prevención de Riesgos del Consistorio, que emitió informes que “se han ignorado”.