El PP ha remitido su escrito de oposición a la demanda civil presentada por algunos alfiliados del partido en Cantabria, afines al expresidente de la formación, Ignacio Diego, pidiendo la nulidad del Congreso regional en el que salió elegida como nueva líder, María José Sáenz de Buruaga, por supuestas irregularidades en el proceso y se ha convocado a las partes a una audiencia previa para el 26 de julio.
Según ha podido confirmar Europa Press por fuentes próximas al caso, la vista ha sido convocada para las 9.20 horas en el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Santander, el mismo órgano judicial que el pasado 24 de mayo admitió a trámite la demanda.
Desde el partido, se calificó dicha admisión a trámite como “pura formalidad” y se señaló que “en ningún caso supone un pronunciamiento sobre el fondo del asunto”.
Tras la admisión a trámite, se abría un plazo de 20 días hábiles a la parte demandada para contestar a ella y personarse en el procedimiento con abogado y procurador.
Además, el PP cántabro avanzó, en un comunicado, que estaba “deseando personarse cuanto antes” para defender la legalidad del 12 Congreso Regional y “desmontar las acusaciones falsas de irregularidades”.
El PP se ha personado en el proceso y ha presentado un escrito en el que expone sus argumentos contra los razonamientos que sustentan la demanda en la que se pide por la nulidad.
En la audiencia previa convocada para el día 26 de julio, en la que está previsto que quienes acudan sean los abogados, las partes podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes para defender su postura.
Además, ese mismo día, según han explicado a Europa Press fuentes próximas al caso, se podría fijar la vista para el juicio o, incluso, considerar suficiente la prueba documental como para emitir su decisión.
La demanda
La demanda fue presentada el 4 de mayo dentro del plazo legal de 40 días desde el Congreso para hacerlo ante el Decanato de Santander a través del abogado asturiano Manuel Estrada. La presentación de esta demanda judicial, que tiene entre los firmantes al diputado del PP Santiago Recio, director general de Turismo en el Gobierno de Diego, se produjo después de que Génova no diera respuesta al escrito que el 11 de abril presentaron en la sede nacional del partido un grupo de afines a Diego, para exigir la apertura de una investigación por las “irregularidades” y pedía la suspensión cautelar de la actual dirección autonómica y el nombramiento de una gestora hasta que termine la investigación.
En la demanda presentada solicitando la anulación del XII Congreso Regional del PP de Cantabria se aludían a diversas “irregularidades” que, según se señalaba, habían resultado decisivas para el resultado dado el escaso margen de votos entre los candidatos (Sáenz de Buruaga se impuso por cuatro votos a Diego).
Entre ellas, figuran las transferencias realizadas desde una cuenta de un afiliado de Laredo, que según se señala, es discapacitado psíquico a una a nombre del PP para el pago de cuotas de 491 afiliados; la no inclusión de algunos compromisarios natos o supuestas irregularidades sobre las papeletas, además de la consignación a mano por parte de algunos miembnos de las mesas de nombres de personas en calidad de compromsiarios que, según se señala, no venían previamente incluidos en las listas.