Los problemas internos y la guerra política desatada durante toda la legislatura en torno a la empresa pública Sodercan suma un nuevo capítulo con el expediente disciplinario abierto a Antonio Herrera, delegado de personal y miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras, que se enfrenta a la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses y a la inhabilitación para participar en procesos de ascenso o promoción interna en año y medio por crear un “agujero de seguridad” en la red informática de la sociedad.
“Actuó como un verdadero hacker interno dentro de Sodercan, obteniendo irregularmente permisos de administrador, consultado información sobre escaladas de privilegios y técnicas de eliminación de información protegida, comprometiendo la seguridad de la red informática y los sistemas de información”, describe Miguel Ángel Ibáñez, instructor del expediente disciplinario que ya ha ratificado el consejero delegado de la entidad pública, Salvador Blanco.
En este documento interno, al que ha tenido acceso eldiario.es, se da cuenta de una “intensa actividad desde 2016” por parte del empleado ligado a CCOO en actividades consideradas ilícitas, y se califica como “falta muy grave” las actuaciones reflejadas en un informe pericial externo encargado para ratificar si las acusaciones y sospechas eran o no veraces.
“Las actuaciones descritas han generado un agujero de seguridad que ha permitido eludir los controles establecidos, poniendo en peligro la red informática y la seguridad de la información, en un contexto en el que, además, el ordenador facilitado por la empresa ha podido ser utilizado para facilitar actividades que suponen violaciones a los derechos de propiedad intelectual”, relata el informe.
Este documento, fechado el 29 de mayo y rubricado por Salvador Blanco, explica detalladamente el “funcionamiento anómalo del portátil” utilizado por el trabajador sancionado, que cometió “una violación flagrante de los protocolos de seguridad”, de lo que deriva la propuesta de sanción que todavía podía haber sido más dura: el convenio colectivo de la empresa pública contemplaba incluso la posibilidad de un despido disciplinario.
Reclamación judicial
En sus alegaciones, que han sido rechazadas en su integridad, el representante de CCOO encuadra este procedimiento en el “contexto de conflictividad” entre su sindicato y la organización mayoritaria en el comité de empresa, que es UGT. Sin embargo, estas acusaciones son tachadas por el instructor del expediente disciplinario de “meras elucubraciones”.
A preguntas de eldiario.es, el secretario general de CCOO Cantabria, Carlos Sánchez, ha confirmado que se realizará la correspondiente reclamación judicial ante lo que considera un “exceso de celo” por parte de la dirección de la empresa pública.
A su juicio, la propuesta de sanción disciplinaria para este delegado de su organización roza la “persecusión sindical”, tal y como le hizo saber a Salvador Blanco tras el último Consejo de Administración celebrado el pasado viernes.