El conflicto laboral desatado por la polémica adjudicación del cuidado de los Parques y Jardines de Santander mantiene en vilo a los trabajadores de la actual empresa concesionaria, que acusan al Partido Popular de “poner en peligro el futuro de 200 familias” y “conducir a la precariedad un servicio público” al permitir que la oferta de peor calidad técnica y menor viabilidad económica sea la elegida.
“Pedimos un poco de coherencia, pedimos que estos políticos que nos están dirigiendo tengan un poco de saber estar y no empiecen a hacer tonterías. Parece que les da igual que 200 familias tengamos un grave riesgo de que nuestro salario, nuestros derechos laborales, después de años de lucha, se sientan afectados o pueda producirse incluso algún despido”, ha manifestado Óscar González, presidente del comité de empresa, durante la concentración que la plantilla ha mantenido frente la Ayuntamiento.
Esta adjudicación a una nueva empresa, la UTE integrada por IMESAPI, Copsesa y La Encina, está impugnada en los tribunales por “graves irregularidades” y pendiente del plan de viabilidad que demuestre su solvencia, mientras que el equipo de Gobierno defiende que “no hay baja temeraria” a pesar de que la plantilla considera que “su oferta no llega siquiera para pagar las nóminas”.
Y es que, según han subrayado los trabajadores, “todo el proceso huele mal desde el principio”. La licitación, que no tiene aún propuesta formal de adjudicación por parte de la mesa de contratación, lleva 14 meses abierta y está impugnada ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El expediente municipal recoge cómo el jefe de servicio de Parques y Jardines, que es el que debe valorar las propuestas técnicas, organizativas y mecánicas, expresó en su informe que la empresa seleccionada no cumplía con los pliegos y dejó fuera todas las propuestas salvo la de la actual concesionaria.
Tras no aceptar hasta en dos ocasiones cambiar su valoración, como le exigieron desde la mesa de contratación, -algo que ha reconocido en rueda de prensa el propio concejal de Medio Ambiente, Ignacio Quirós- este funcionario fue apartado y el Consistorio recurrió a una empresa externa, lo que ha permitido a la UTE con peor valoración técnica hacerse con un contrato de más de 30 millones de euros a lo largo de cuatro años.
Por todo ello, el presidente del comité de empresa ha señalado que “lo que quieren los trabajadores es que se garanticen los puestos de trabajo y el cobro de los salarios a final de mes” porque la plantilla, formada por 200 empleados, tiene una “falta de confianza total” en el equipo de Gobierno debido a todo lo acontecido en el proceso de adjudicación.
Mentiras del PP
“Por favor, dejen de mentir porque nos sentimos ya un poco humillados y, como al ciudadano de a pie, nos está intentando tomar por el pito del sereno”, ha lamentado el sindicalista, que ha reclamado el apoyo vecinal a la situación de Parques y Jardines “para que no se repita lo que ha pasado con el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria” y en “otros servicios de Santander”.
Sobre la convocatoria de nuevas movilizaciones, el representante del comité de empresa ha señalado que, según el equipo de Gobierno, el pasado miércoles se pidió a la empresa propuesta para la adjudicación el Plan de Viabilidad Económica, que debe presentar en un plazo de diez días hábiles, por lo que “esperaremos acontecimientos” aunque “seguiremos en la lucha”.
La concentración que han mantenido este jueves frente al Consistorio ha estado encabezada por dos pancartas, una señalando '200 familias de la plantilla de Parques y Jardines en riesgo por culpa del equipo de Gobierno. No más recortes en los servicios públicos' y otra indicando 'Gema, nos jugamos nuestro futuro, pero eso parece que te da Igual'.
Pagos pendientes
Durante la protesta de los trabajadores, que se ha prolongado casi una hora, ha comparecido en rueda de prensa el concejal responsable del área, que ha insistido en que el Ayuntamiento es “el principal defensor de los derechos” de la plantilla del servicio de Parques y Jardines y, para ello, ha incluido en el pliego diferentes cláusulas que obligan a subrogar a todos los trabajadores y a respetar sus condiciones laborales.
“Los trabajadores tienen la absoluta seguridad porque, en el caso de que no cumpliera, esa empresa no podría ser adjudicataria del concurso y se pasaría a la segunda mejor valorada”, ha indicado Quirós, que también ha señalado que en ese caso sería Urbaser, actual concesionaria, quien tendría posibilidad de mantener el servicio.
En cuanto a la petición de los grupos municipales de PSOE y PRC para que se convoque una comisión extraordinaria sobre el proceso de adjudicación de este servicio, Quirós ha señalado que no tiene “ningún problema” y de hecho está “encantado” de poder dar todas las explicaciones.
Además, el edil de Medio Ambiente ha acusado a la oposición y al comité de empresa de “tergiversar la realidad” y ha señalado que hay tres informes, de los jefes de los Servicios de Contratación, Intervención y Jurídico, que desestiman la valoración hecha por el técnico municipal en la que eliminaba a cinco de las seis empresas dejando solo a la que actualmente tiene el servicio, al que en su opinión “iba contra la competencia”.
Sobre las acusaciones de la plantilla, que denuncia que el Ayuntamiento “no paga” a la actual concesionaria desde el verano, “poniendo en riesgo nuestros salarios”, Quirós ha reconocido que hasta que se resuelva la concesión y se adjudique de nuevo el servicio, el contrato esta prorrogado y lleva unos trámites “más complicados” para abonar las facturas, que están pendientes desde el mes de julio.