El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha desestimado el recurso presentado por el PSOE contra la resolución de la Consejería de Educación de otorgar un concierto educativo al colegio privado Torrevelo-Peñalabra, perteneciente a la orden religiosa del Opus Dei. El PSOE había solicitado que se le retirara la subvención pública a este centro, en el que la enseñanza se produce de manera segregada, dado que el colegio Peñalabra admite únicamente a alumnas, y el Torrevelo, a alumnos varones.
El alto magistrado de Cantabria no entra en el fondo del asunto y se limita a argumentar que el PSOE no tiene legitimidad para impugnar la decisión del Gobierno autonómico al considerar que no es parte interesada en el proceso, tal y como el propio Ejecutivo regional había alegado. Con este mismo argumento, el Tribunal ya había rechazado anteriormente un recurso de Comisiones Obreras sobre la misma cuestión, y tiene pendiente otro de STEC.
El concierto educativo a este centro cántabro viene coleando desde hace más de un lustro. En el año 2009, la Consejería de Educación, dirigida entonces por la actual secretaria general de los socialistas cántabros, Eva Díaz Tezanos, decidió retirar la ayuda pública al Torrevelo y resolvió no concedérsela al Peñalabra, por considerar que seleccionar a los alumnos en función de su sexo vulneraba la ley educativa, basada en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como en la igualdad de trato.
La medida adoptada por el anterior Gobierno de Cantabria -de coalición entre el PSOE y la formación regional PRC- despertó las críticas y la movilización de las asociaciones de padres del Torrevelo y del Peñalabra, que además recurrieron sin éxito a los tribunales. Tanto el TSJC como el Supremo avalaron la retirada del concierto al entender que privar de ayudas públicas a los colegios que separa a sus alumnos en función del género no vulnera ningún precepto constitucional.
En 2011, con el cambio de Gobierno tras la mayoría absoluta lograda por el PP en Cantabria, el nuevo consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, cercano a los postulados del Opus, devolvió el concierto al Torrevelo y al Peñalabra, lo cual también despertó polémica pero esta vez en sentido contrario, ya que el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego recortaba recursos a la escuela pública mientras destinaba dinero a un centro que “vulnera la ley”. Para esquivar una posible ilegalidad, ambos centros se unieron administrativamente aunque siguieron manteniendo la educación diferenciada por sexo.
Ante las críticas de la oposición, los sindicatos y la comunidad educativa, Serna argumentó que no otorgar el concierto al Torrevelo-Peñalabra sería “atentar contra la legalidad” y contra los “derechos de las familias” e, igualmente, recriminó al anterior Ejecutivo aplicar “criterios ideológicos” para retirar el concierto.
La sentencia
En la sentencia dada a conocer este miércoles, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC afirma “no encontrar base ninguna para entender que se produce un perjuicio en la esfera jurídica” del PSOE.
En este sentido, el auto hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de la legitimación de los partidos políticos, según la cual “este tipo de formación asociativa no resulta razón suficiente para reconocer una legitimación activa para recurrir disposiciones de carácter general”.
Según el TSJC, la demanda no demuestra los perjuicios para los recurrentes, y “lo que se hace es alegar, en todo momento, que se está actuando en defensa de la legalidad, de los intereses generales de los ciudadanos, del ideario propio del partido, del interés público moral”. Sin embargo, esas razones no le bastan a la Sala.
“Respeta pero no comparte”
Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado en el que manifiesta que “respeta pero no comparte en absoluto” la resolución judicial y asegura que la decisión del Gobierno del PP fue “claramente ilegal”. Tras la aprobación de la actual LOMCE, “el PP ya ha dado carta blanca para que los colegios que segregan a niños y niñas reciban subvenciones públicas”, pero en el periodo denunciado “era una actuación claramente ilegal”, ha destacado el secretario de Coordinación y Política Institucional del partido, Ramón Ruiz.
A juicio del socialista, la separación de niños y niñas es una práctica que atenta contra la educación en igualdad y “es más propia de los años 40”. “Si alguna institución ultra religiosa quiere aplicar este tipo de técnicas del pasado, tiene todo el derecho. Lo que no es aceptable es que los cántabros financiemos con nuestros impuestos este tipo de prácticas”, ha concluido Ruiz, que en la anterior legislatura desempeñó funciones como director general de Coordinación y Política Educativa.