La Unión Sindical Obrera (USO) culpa a la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), de llevar a cabo una “negligente actuación” desde su departamento tras el “despido fulminante” de un representante sindical de esta organización en la planta de Global Steel Wire (WSG) en Nueva Montaña, una empresa multinacional que recibió recientemente un aval del Gobierno autonómico de 15,5 millones de euros para “sanear sus cuentas”.
Según ha explicado en rueda de prensa Mercedes Martínez, secretaria general de USO Cantabria, se puso en contacto con la vicepresidenta, en aquel momento también líder del PSOE cántabro, para informarle de que los fondos públicos se estaban invirtiendo “en pagar indemnizaciones por despidos de trabajadores”.
También ha añadido que, ante este hecho, la vicepresidenta “miró para otro lado, nunca tuvimos contacto y nunca pudimos hablar con ella” a pesar de la gravedad de la situación que afectaba a un miembro del sindicato en esta multinacional, ahora readmitido tras un sentencia que reconoce el despido improcedente. A juicio de la líder sindical, esta actitud muestra cómo “las grandes empresas campan a sus anchas porque nuestra clase política es torpe, pusilánime y fatua”.
Martínez, que ha estado acompañada en una rueda de prensa en la sede del sindicato por Pedro Ayllón, secretario estatal de Industria de USO; Verónica Cruz, letrada del caso, y el denunciante Ismael Anievas, ha explicado que el despedido fue calificado por el magistrado Gimeno Lahoz de “voluntad represiva” por parte de la empresa, que lo que pretendía era “mandar un mensaje, un aviso a navegantes para evitar la constitución del sindicato”.
La sentencia, que podría ser recurrida, obliga a la compañía a readmitir a Ismael Anievas, sindicalista de USO, y a pagarle las cuantías que habría percibido desde que se efectuó el despido improcedente, el 15 de mayo de 2017, además de una suma de 9.000 euros como indemnización, en concepto de “reparación íntegra”.
Silencio institucional
El sindicato contactó con todos los grupos políticos de la oposición sin encontrar respuesta. Desde la organización les facilitaron un informe completo con “pruebas irrefutables”, y tanto PP, como Cs y Podemos “miraron para otro lado”. USO también su puso en contacto con CCOO, UGT y SCAM (Sindicato Cántabro de Asalariados del Metal) y estos “tampoco hicieron nada al respecto”. “Ellos sabrán a qué intereses responden”, han añadido.
En este sentido, Pedro Ayllón, secretario general estatal de Industria de USO, ha denunciado la “estrategia torticera de la multinacional con respecto a nuestras siglas”. Para ellos no es un hecho aislado, ya que “la multinacional persigue a unas siglas sindicales que no son correa de transmisión de lo que realmente a ella le interesa”, ha añadido. Además, ha recordado que GSW tiene abierto el caso de otro sindicalista de USO despedido, “pendiente de tramitación”, a falta de la celebración del juicio.
Por estos motivos, Ayllón ha pedido el cese de la directora de Recursos Humanos del Grupo Celsa, Rosa María Castrillo, exdirectora general de Empleo de Cantabria, porque la sentencia favorable al denunciante la “invalida” para el cargo y “no es merecedora del puesto que ostenta”.