El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha introducido este viernes en el registro del Parlamento de Cantabria una serie de enmiendas a la proposición de ley derogatoria de la legislación autonómica de Memoria Histórica por las cuales, de aprobarse, le quitarían el carácter derogatorio reconvirtiéndola en una ley modificadora de esta última. La Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, tendrá que decidir ahora si admite a trámite dichas enmiendas.
Las enmiendas son prácticamente un calco de las propuestas que en su día hizo la derecha, en especial el PP, por lo que el portavoz regionalista, Pedro Hernando, confía en que sean aceptadas por el grupo parlamentario popular. A estas se añaden dos de carácter económico que vienen a precisar la intención expresada por la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), de seguir manteniendo el programa de exhumaciones y la conservación de documentación histórica.
“Ya no sería una ley de derogación, sino una ley de derogación parcial. Derogaríamos los artículos que el PP en su momento propuso derogar, pero no hay nada verdaderamente importante que no se mantenga. Además, una vez quitados los artículos que ellos querían inicialmente derogar, modificamos los artículos de la actual ley con la terminología que ellos deseen. Entendemos que si ponemos en la ley sus enmiendas ya no tienen justificación para decir que la Ley de Memoria Histórica no les representa”, ha explicado Hernando este viernes en una comparecencia pública.
Lo que el PRC propone y acepta suprimir es la celebración del Día de la Memoria Histórica, la prescripción de las sanciones y que no se aplique como criterio la Memoria Histórica en la planificación urbanística. “Aquí se va a ver si efectivamente el consenso que siempre han predicado querer en torno a la Ley de Memoria se cumple. Es fácil: tienen ahora las mismas enmiendas que presentaron. Me imagino que ahora las apoyarán”, ha dicho el portavoz del PRC.
En caso de que el PP no acepte las enmiendas de supresión, se plantean dos enmiendas adicionales a las disposiciones: presupuestar dinero para las exhumaciones y la preservación de los fondos documentales, dos cosas que Buruaga ha reiterado que mantendría aunque la Ley de Memoria se derogue. Sin embargo, tras 15 meses del PP en el Ejecutivo autonómico, en Cantabria no se ha llevado a cabo ninguna exhumación de restos de víctimas de la Guerra Civil.
PP y Vox han querido dejar claro desde el principio que la nueva norma “garantizará los procedimientos de localización o exhumación de restos que se soliciten por parte de familiares de todas las víctimas” y, para ello, se remiten expresamente a lo regulado en la Ley de Patrimonio Histórico de Cantabria. “No hay ninguna petición sobre la mesa”, aseguraban desde el PP hace unos meses, pero lo cierto es que el Gobierno paralizó las prospecciones que se estaban llevando a cabo en cuatro fosas. PP y Vox también han destacado que la custodia del material documental “queda garantizada” por lo dispuesto en la Ley de Cantabria de Archivos y Bibliotecas.
Táctica parlamentaria
Uno de los principales efectos de las enmiendas, sobre todo estas últimas de índole presupuestario, es que el Gobierno tendrá que recibirlas y pronunciarse, por lo que la derogación no será tan exprés como se pretende (se está tramitando por el procedimiento de urgencia) y hasta mediados de noviembre, aproximadamente, no habrá más novedad que el debate parlamentario y los trámites que se sigan en sus órganos.
Los regionalistas han considerado que proponer la retirada de la proposición de ley derogatoria y la introducción de las enmiendas en una reforma de la Ley de Memoria vigente no es un proceder recomendable, ya que la primera fue tomada en consideración por el Parlamento, en donde PSOE y PRC votaron en contra. “Una vez que el Parlamento ha aceptado la toma en consideración de una ley de derogación, nosotros no podemos presentar una enmienda que suponga la no derogación, ya que dejaría sin efecto la toma en consideración. Hemos querido ser prácticos para preservar en la medida de lo posible la legislación vigente”, ha subrayado.