Cantabria ha sido protagonista indeseada de la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Si para cualquier diputado es siempre un orgullo que se mencione a su tierra en la casa de la soberanía nacional, en la casa de todos los españoles, en estos días de debate no hemos podido sentir lo mismo cuando se ha hablado de Cantabria en el Congreso de los Diputados.
La razón de tanta mención, tanto por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios como por parte del candidato fallido y finalmente no investido, ha sido el inicio del proceso de derogación, esta misma semana, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria en el Parlamento autonómico. Es el primer síntoma, la señal más evidente, de que el Gobierno del PP trae recortes y retrocesos a Cantabria y está plegado a los planteamientos más radicales de la extrema derecha para poder gobernar.
Derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática es toda una declaración de intenciones que esfuma en cuestión de segundos todas las buenas intenciones de unir a todas las fuerzas de la sociedad de Cantabria y gobernar para lograr el progreso y bienestar de todos los cántabros y cántabras que anunciaba la presidenta Buruaga en su toma de posesión. Nada es más reaccionario que suprimir una ley que buscaba cicatrizar heridas, recomponer la memoria y proteger a víctimas de la sinrazón y la barbarie que vivió Cantabria y nuestro país durante la Guerra Civil y 40 años de dictadura franquista. Una ley que cumplía con un mandato expreso de Naciones Unidas que exige impulsar en el seno de una sociedad democrática la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del dolor causado y la no repetición de aquellas atrocidades cometidas.
Más de 7.000 familias cántabras no sabe aún dónde están los restos mortales de sus familiares y veían la oportunidad de encontrarlos, de recomponer sus historias de vida, de recuperar esa parte de su historia personal que les robaron
Más de 7.000 familias cántabras no sabe aún dónde están los restos mortales de sus familiares y veían en el espíritu de esta Ley, que entró en vigor en noviembre de 2021, la oportunidad de encontrarlos, de recomponer sus historias de vida, de recuperar esa parte de su historia personal que les robaron y por lo que jamás les pidieron perdón y encontrar un lugar donde recordarles y honrarles. Víctimas como la familia de Eloy Campillo, cuyos restos mortales se han encontrado en 2020 en los Picos de Europa, más de 70 años después de su cruel asesinato.
Una ley que hacía justicia al recoger medidas como la localización, exhumación e identificación de desaparecidos como consecuencia de la represión política o la eliminación de nombres franquistas del callejero cántabro, que nunca se ha cumplido desde que se aprobó la primera Ley de Memoria Histórica de 2007 por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que aún en 2023, 16 años después, Santander y otros municipios de Cantabria siguen sin cumplir manteniendo vivos nombres de represores y asesinos.
Por tanto, Cantabria no ha sido nombrada en el Congreso de los Diputados por ningún avance logrado, por ninguna nueva conquista social de la que sacar pecho, por ningún nuevo derecho ni ningún progreso que merezca ser promovido en otros territorios de nuestro país. Cantabria ha sido noticia por todo lo contrario, por no poder ser ejemplo de nada, por ser el mejor espejo en el que se reflejaba en el Congreso de los Diputados las consecuencias del acuerdo de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Ha sido el mejor dibujo del planteamiento que querían imponernos a los españoles gobernando el país y por el que ya les dijimos que no la mayoría de cántabros y españoles el 23 de julio.
Ya sabemos bien algunos, como los cántabros, lo que significan los gobiernos del Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde han pactado. Derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática es el primer peaje que paga la presidenta Buruaga para lograr el apoyo de la extrema derecha a su débil y minoritario Gobierno que necesitará sus votos para aprobar, por ejemplo, los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Unos presupuestos que anuncian una bajada generalizada de impuestos, supresión de progresividad y un ataque sin precedentes a la justicia fiscal, antesala de recortes y de una política sin justicia social.
La memoria de los cántabros, la justicia sobre nuestra historia y nuestro presente para mirar juntos al futuro, no pueden ni debieron ser nunca la moneda de cambio de nada. Esas manos en alza el pasado lunes en el Parlamento de Cantabria para derogar una ley justa y humanitaria nos avergüenzan a todos y a todas, dentro y fuera del Congreso de los Diputados.
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