Hay ocasiones, demasiadas, en las que la memoria ha de ser tozuda para sobrevivir al olvido.
Hace 35 años tres jóvenes trabajadores residentes en Cantabria fueron asesinados en Almería por miembros de la Guardia Civil que hicieron mal su trabajo. Guardias civiles que ni quisieron ni les interesó, pese a tener medios a su alcance, realizar una correcta identificación de Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales; identificación que habría permitido desmontar rápidamente las sospechas iniciales de que dichos jóvenes eran miembros de un comando de ETA que había atentado en Madrid en los días anteriores contra varios militares.
Tal vez no sea el momento de indagar en los motivos por los cuales los guardias civiles implicados en el asesinato (hasta un número de once, pese a que solamente fueron enjuiciados tres) olvidaron las más elementales normas de actuación. Sin embargo, que los asesinos intentaran pasar por cierto que dos pistolas corroídas y antiquísimas habían sido encontradas en el coche de las víctimas en el momento de la detención y que el desgraciado desenlace fuera una aplicación revisada y ampliada de la tristemente conocida “ley de fugas”, cuya pretensión era ocultar posibles huellas de tortura en los cuerpos mutilados y calcinados, hacen especialmente sórdido y dramático a lo que se conoce como el Caso Almería.
Recientemente algunos medios de comunicación se han hecho eco de este desdichado aniversario. Tan desdichado como los anteriores para las familias de las víctimas, que aún, tantos años después, buscan consuelo, pero que sobre todo buscan razones y siguen haciéndose muchas, muchas preguntas en un país en el que, hasta el momento, la justicia ha sido ciertamente remisa y cicatera.
Sería demasiado prolijo relatar las barreras, los sinsabores y el oscurantismo con el que se encontraron las familias y su abogado en la búsqueda de la verdad desde que aparecieron los cadáveres. Baste decir que la maquinaria del Poder se ha empeñado hasta hoy en ocultar las responsabilidades de un Cuerpo de la Seguridad del Estado que en ningún momento fue cuestionado, más allá de la propia implicación de unos sujetos que demostraron no merecer el uniforme que vestían y que, no sólo fueron condenados (en el caso de los tres enjuiciados) a penas ridículas para el daño causado, sino que disfrutaron de privilegios económicos y morales inusitados.
Además, es precisamente esa diligencia en tapar lo acontecido, en echar tierra de olvido, ese temor del Poder, el que levanta nítidas sospechas de que en este país constitucional se ha practicado terrorismo de Estado y que el Caso Almería se encuentra entre los más dolorosos.
Hasta hoy, las víctimas del Caso Almería, tanto los tres jóvenes fallecidos como sus familias, no han encontrado ni verdad, ni justicia, ni reparación. Una solitaria cruz con una placa en su memoria se levantó en el barranco de Gérgal donde ardió el coche con los cuerpos de los tres en el interior, y otra placa se encuentra en una plaza de Pechina como homenaje al único que era natural de aquella población, Juan Mañas Morales.
De Cantabria, lugar en el que residían los tres jóvenes, treinta y cinco años después no hay noticias.
En los últimos días hemos conocido que Izquierda Unida de Cantabria ha propuesto una moción en el Ayuntamiento de Santander para que se considere víctimas del terrorismo a los fallecidos Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, algo que por otra parte llevan solicitando muchos años, inútilmente, las familias. Entendemos que, por el momento, el hecho de que saliera adelante dicha moción sería únicamente una muestra de respeto sin una traducción específica. Pero eso ya es mucho para quien no tiene nada.
Por ello no es comprensible que algún partido político, integrante del Ayuntamiento de Santander, se haya negado, tan siquiera a firmar la moción. Salvo que se trate de falta de cintura o bien, en la peor de las situaciones, un caso de involuntario desenmascaramiento político.
Así mismo Miguel Ángel Revilla, presidente de la comunidad autónoma y, en apariencia, gran defensor de lo cántabro, se descolgó también en días pasados, a raíz de publicarse en eldiario.es de Cantabria un recordatorio del aniversario del asesinato, diciendo que “algo habría que hacer”. Y mientras se lo piensa, esperamos. Tenemos treinta y cinco años de paciencia. Pero torpe ejemplo es tanta espera para una tierra que defiende tan malamente a sus hijos.
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