Documentar por derecho, no como privilegio

469.395 firmas de apoyo a la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas sin papeles en el Estado español, en un país con casi 48 millones de habitantes, es una vergüenza. Una miseria, teniendo en cuenta que el movimiento migrante autoorganizado solicitó hace meses el apoyo de 600.000 firmas —100.000 de más por las anulaciones posibles— en pliegos sellados por la Junta Electoral o con certificado digital, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que ponga fin a  la precariedad existencial y la vulnerabilidad en que viven nuestras vecinas y vecinos migrantes y refugiadas, lo que significa que hay todavía 130.605 adhesiones pendientes y, visto lo visto, el tiempo corre en contra.

Es una vergüenza que tantas personas se desentiendan del destino de sus vecinos y vecinas migrados indocumentados o, peor, consideren que no tienen derecho a existir en condiciones justas. Lo es que los movimientos sociales autóctonos no hayan sido capaces responder con eficacia a la llamada migrante en una cuestión, la justicia social, que, a la postre, problema de todos. Y sonroja también que haya tanta gente que se niegue a firmar porque prefieren que quienes recogen la fruta o cuidan de nuestros mayores sigan en la precariedad, permitiendo a un empresariado desaprensivo pagar 25 euros por jornadas de trabajo en el campo de 12 horas, sin que el Gobierno meta mano al asunto vía visita de Inspección de Trabajo. Lo es que tan poca gente entienda que una regularización establecería condiciones de justicia social para todos y todas, gente trabajadora migrante y autóctona, ya que dificultaría la tarea a quienes trafican con puestos de trabajo pagando salarios de miseria que no queda otra que aceptar cuando por no tener no tienes ni derecho a circular por las calles libremente.

El objetivo clave es, pues, la justicia social, pero, además, un estudio de la Fundación Por Causa y la Universidad Carlos III ha puesto de relevancia que la regularización aportaría 1.500 millones de euros anuales al Estado al permitir a la población migrante poder formar parte de las comunidades en que viven como miembros de pleno derecho. Por no hablar de que entre ellos y ellas, hoy se ocultan licenciados, graduadas o gentes con saberes reconocidos en sus países que aquí solo encuentran trabajo en la recogida de la fresa, la limpieza o los cuidados, labores esenciales pero poco valoradas y que suponen desaprovechar otros talentos que nos hubiera regalado su mala suerte.

El informe, por cierto, rompe con imágenes interesadas de la migración en España que quieren convertir la Frontera Sur en muestra central cuando la mayor parte de los migrantes indocumentados provienen de América Central y del Sur, casi cuatro de cada cinco (77%), mientras que todo el continente africano aporta el 9,2% (alrededor de 43.000 personas) a la inmigración irregular residente en España, cifras intrascendentes en comparación con canadienses y estadounidenses, por ejemplo, que casi triplican la tasa de irregularidad africana. Los investigadores apuntan: “La frontera Sur constituye una obsesión política y mediática, que distorsiona cualquier análisis eficaz. Esto no es casual”.

Por otro lado, las regularizaciones no son, ni mucho menos, algo extraordinario, y ya se han llevado a cabo en cuatro ocasiones por gobiernos socialistas (1986, 1991, 1992 y 2005) y en cinco por parte de gobiernos del Partido Popular (1996, 2000 y tres programas en 2001). Solo en la UE, entre 1996 y 2008, se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados. España es, junto a Italia, el país que más programas ha realizado en Europa. Esto ha sido así por razones diversas, aunque todas relacionadas con la situación en la frontera sur de la Europa Fortaleza.

El Gobierno no regularizó en 2020, como sugirió entonces la comunidad migrante, para dar respuesta a la situación del colectivo en la crisis del COVID, algo que sí hicieron Portugal e Italia con el apoyo del Relator Especial de la ONU para los derechos humanos de los migrantes. No obstante, se realizaron tímidas regulaciones temporales en el sector agrícola mediante la prórroga automática de los permisos de trabajo vencidos durante el estado de alarma o a través de la introducción del derecho a residir y trabajar en el sector agrícola a los jóvenes extutelados, muchachos de entre 18 y 21 años, formados en nuestro sistema educativo que a menudo quedan atrapados en la irregularidad y el desamparo por pura incompetencia institucional.

Además, esta propuesta está estrechamente alineada con acuerdos e iniciativas internacionales a los que España se ha comprometido de manera solemne como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Objetivo 10), el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el vigente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, firmado en 2008.

Si la tienes activada, puedes firmar con firma electrónica aquí. Si no, puedes buscar en la misma web de la campaña espacios donde firmar en Cantabria, como Oxfam Intermón en la calle Cervantes 7, en Santander, o la tienda De Comercio Justo Lacampa, en la calle Conde Torreanaz en Torrelavega. No podemos dejar solos a nuestros vecinos y vecinas, no debemos admitir que poseer DNI sea un privilegio: porque sus derechos son los nuestros y todas las aportaciones a nuestras comunidades, esenciales. 

469.395 firmas de apoyo a la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas sin papeles en el Estado español, en un país con casi 48 millones de habitantes, es una vergüenza. Una miseria, teniendo en cuenta que el movimiento migrante autoorganizado solicitó hace meses el apoyo de 600.000 firmas —100.000 de más por las anulaciones posibles— en pliegos sellados por la Junta Electoral o con certificado digital, para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular que ponga fin a  la precariedad existencial y la vulnerabilidad en que viven nuestras vecinas y vecinos migrantes y refugiadas, lo que significa que hay todavía 130.605 adhesiones pendientes y, visto lo visto, el tiempo corre en contra.

Es una vergüenza que tantas personas se desentiendan del destino de sus vecinos y vecinas migrados indocumentados o, peor, consideren que no tienen derecho a existir en condiciones justas. Lo es que los movimientos sociales autóctonos no hayan sido capaces responder con eficacia a la llamada migrante en una cuestión, la justicia social, que, a la postre, problema de todos. Y sonroja también que haya tanta gente que se niegue a firmar porque prefieren que quienes recogen la fruta o cuidan de nuestros mayores sigan en la precariedad, permitiendo a un empresariado desaprensivo pagar 25 euros por jornadas de trabajo en el campo de 12 horas, sin que el Gobierno meta mano al asunto vía visita de Inspección de Trabajo. Lo es que tan poca gente entienda que una regularización establecería condiciones de justicia social para todos y todas, gente trabajadora migrante y autóctona, ya que dificultaría la tarea a quienes trafican con puestos de trabajo pagando salarios de miseria que no queda otra que aceptar cuando por no tener no tienes ni derecho a circular por las calles libremente.