Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
Electoralismo contra el consentimiento
¿Recuerdan ustedes al juez Ricardo González? Es el juez que apreció en la aberrante agresión sexual de 'La manada', y así lo refirió en su voto absolutorio para los cinco victimarios, que se había tratado de “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”. El mismo que, en un voto particular difícil de leer sin auténtica repugnancia, planteó que “puede llegar a darse una verdadera agresión sexual en la que […] la mujer llegue a experimentar excitación o placer meramente físico”. El mismo que no vio nada reprobable en que cinco hombres metieran a una mujer mucho menor que ellos en un portal y la penetraran oral, vaginal y analmente, que se sentaran en su cara y la obligaran a practicar el beso negro, y todo ello mientras la grababan, sin que existiera ningún indicio de consentimiento. Este juez pidió la absolución porque no vio en ningún momento negativa de la víctima, que no tuvo el acierto de quitarse de encima de la cara las nalgas del 'Prenda' para decir a cámara “me están violando y no quiero que lo hagan” para que le quedara clarito al juez que estaba siendo agredida. Cosas del Código Penal antes de la nueva ley.
“No aprecio signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer”, sentenció este juez tras ver los vídeos y pidió en su voto particular la absolución de 'La manada' al completo. Sin la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual , la imprescindible, y por ello tan disputada, Ley del “solo sí es sí”, las mujeres tendríamos que volver a demostrar que dijimos ‘no’, volveríamos a los tiempos del Código Penal que sostenía a los Ricardos González que consideran que para ser tipificado como agresor sexual hay que ser consciente de ello, que no basta con ser con un hijo sano del patriarcado que no ve mal alguno en penetrar en grupo por todos los agujeros posibles a una mujer borracha, indefensa y sola, y quitarle luego el móvil para que no pueda llamar y pedir ayuda. Al juez de marras el hecho de que uno de los agresores dejara el pantalón y las zapatillas en el suelo le pareció “una despreocupación impropia de quien está agrediendo a una mujer”. Y lo era, porque cuando las mujeres son cosas para ti, crees “con despreocupación” que usarlas no es nada que se salga de lo normal. Eso es, justamente, la cultura de la violación.
Existiendo jueces así, los y las parlamentarias del PP, pero también el PRC —que se abstuvo al tramitarse le ley en el Parlamento estatal— y Ciudadanos quieren hacernos creer que los jueces “solo aplican la ley” (PP), y que, por tanto, los que han liberado o rebajado las penas a violadores, siempre, en todo caso “se han limitado a aplicar la ley”, como se insistió desde el grupo regionalista… aunque lo hayan hecho contra la voluntad clara del legislador y las directrices de Fiscalía. Lo dijeron este lunes en sede parlamentaria y a ritmo de esa falacia quisieron reprobar a quienes han puesto el dedo en la llaga señalando que cuando un juez emite un juicio también valora —si no, tendríamos máquinas expendedoras de justicia y a los abogados les importaría un bledo qué juez o jueza les toca, algo que no curre—, por lo cual los jueces que en los últimos tiempos han dado salida a violadores también lo han hecho optando por un criterio concreto, una interpretación de la ley cuyo objetivo podría ser, tal vez en demasiados casos, retorcer la voluntad del legislador y pasarse por el arco de triunfo la seguridad de las mujeres, pues han dado salida o rebajado la pena a un montón de violadores donde otros jueces —por ejemplo, en Navarra— han visto la manera de no hacerlo.
El espectáculo está siendo lamentable. En la ley ha sido proponente el Ministerio de Igualdad sí, pero también el Ministerio de Justicia, y han intervenido en su elaboración otros ministerios, ha sido sometida a dictámenes del Consejo general del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, ha pasado por un periodo de consulta pública, enmiendas y debate parlamentario sin que nadie sugiriera incluir una disposición transitoria... ¿Cómo es posible que ahora todo gire en cargar contra Igualdad? ¿Qué es esta cadena de inutilidades? ¿Será que ahora lo que pesa es la cercanía de las elecciones y la alarma social creada por la derecha por puros intereses electoralistas? ¿Está cayendo una vez más en PSOE en las redes del discurso conservador por preocuparse más de los votos que de las mujeres? Son preocupantes las manifestaciones de la ministra de Justicia que, tras reconocer que carecen de datos oficiales sobre los efectos de reducción de penas de la ley, señalaba en la SER que no tocarían la centralidad del consentimiento para, a renglón seguido puntualizar que “con una herida ya se puede probar”. No, por favor, otra vez no, no nos hagan volver a los tiempos en que lo normal era optar por no denunciar para no ser revictimizadas teniendo que probar que nos resistimos, que pusimos nuestra vida en juego. No, ni se les ocurra.
La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 mostraba que en España solo se denuncian el 11% de las violaciones, pero la cifra se incrementó un 30% en un año, probablemente por los avances sociales en reconocimiento de las víctimas, por el ambiente creado, justamente, por la lucha feminista y la preparación de la Ley de Libertad Sexual. Y es que el mismo barómetro mostraba que uno de los motivos fundamentales para no denunciar es el “temor a no ser creída”, en un 36,5% de los casos, en un país en el que, según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, se denuncia una violación cada tres horas y media.
Si, como parece, el grueso del debate viene perfilado por una cuestión de politiqueo inmundo, las mujeres habremos sido rehenes del electoralismo más sangrante, en manos de un poder político irresponsable —y en esto no todos son iguales, faltaría más, y tomamos nota de ello— y de un poder judicial que, dada la gravedad, en demasiados casos habrá demostrado una escasísima vocación de amparo a las víctimas —y valgan los mismos matices—. Por otro lado, no aclararé de nuevo que las feministas no somos punitivistas, que estamos en las antípodas de los zotes que desprecian la educación en cuestiones de género pero proponen cadena perpetua, por eso hay que atender al detalle de muchas de las ‘rebajas de condena’ a las que se está agarrando la derecha para rascar votos, generando alarma social y promoviendo una sociedad vengadora: Asturias, excarcelado por una rebaja de dos años tras pasar 13 años en prisión; Aragón, salida adelantada unos meses tras 12 años en prisión; Valladolid, reducción de 18 a 15 años al 'violador de la capucha'; Zamora, rebaja de dos años una condena que queda en 11 años y dos meses…
Las mujeres no perdonaremos al PSOE que haga de esto una maniobra electoralista, que tras haber anunciado la reforma de la ley únicamente para “corregir efectos indeseados”, ponga de más en riesgo el consentimiento que está en el centro de la norma y juegue, por enésima vez, al juego de la derecha. Que no tenga el valor necesario para defender una medida que podría hacerle pasar a la historia como lo hizo la Ley integral de Violencia de Género que tuvo que aguantar, no lo olvidemos, todo tipo de censuras y enmiendas. Sean valientes, solo siendo valiente se puede ser feminista.
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