El fracking, la incoherencia del PP y el papel de Cantabria

Esta semana conocíamos el veto por parte del PP en el Senado a una propuesta realizada por Compromís para prohibir el fracking en España. La votación se llevó a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que es vocal el senador por Cantabria del PP Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Ignacio Diego.

Durante los años que ocupó dicho puesto, Javier Fernández fue uno de los redactores de la Ley Antifracking de Cantabria, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, a petición del propio PP. El exconsejero se ausentó de la votación, no siendo capaz de defender su postura contraria a esta práctica. Ya en 2013 los senadores cántabros del PP habían votado a favor de la realización del fracking en España, pese a mostrarse como férreos adversarios del mismo en Cantabria.

La mayor parte de reacciones que hasta ahora ha suscitado dicha votación se centran en la incoherencia de los senadores populares y en su falta de voluntad y compromiso con la defensa de los intereses de Cantabria en Madrid. Desde luego, no seré yo quien niegue este punto de vista, pues es evidente. Los dos grandes partidos estatales llevan décadas mostrando su falta de compromiso con esta tierra. Sin embargo, pienso que debemos dar un paso más en las conclusiones a extraer.

Debemos de preguntarnos por qué al PP le resulta tan fácil votar en Madrid en un sentido opuesto a su postura en Cantabria. Por el amplio consenso existente en la sociedad cántabra contra la fractura hidráulica, el anterior Ejecutivo tuvo que desarrollar una Ley autonómica que prohibía la práctica del fracking en nuestra tierra.

Su desarrollo y su aprobación supusieron legitimar al PP cántabro, frente a la postura favorable al fracking del exministro de Industria José Manuel Soria. Sin embargo, a petición del propio PP, el Tribunal Constitucional anuló esta norma considerando que invadía competencias estatales al vulnerar la Ley del Sector de Hidrocarburos, según la cual, corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito de más de una Comunidad y en las zonas de subsuelo marino.

Es decir, que la razón última de la reiterada actitud del PP se debe a que los cántabros carecemos de los mecanismos necesarios para decidir sobre lo que queremos o no queremos que hagan con nuestro territorio.

Desde Podemos, tenemos la capacidad, la legitimidad y la potencia mediática suficiente como para, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, poner encima de la mesa el verdadero debate que subyace a esta noticia: el déficit de capacidad de decisión del pueblo cántabro.

La incoherencia del PP tiene que ser denunciada. Pero el statu quo territorial que permite que se pueda llevar a cabo esa práctica incoherente, también. Por lo tanto, es hora de plantearnos el modelo territorial del Estado y el papel de Cantabria en el mismo. De discutir sobre la vigencia del actual modelo autonómico y la necesidad de repensarlo y avanzar hacia un modelo realmente federal. Y de debatir también sobre qué actores políticos y al servicio de qué intereses se benefician del modelo actual.

A Miguel Ángel Revilla y el regionalismo hegemónico que él representa dentro de su partido le conviene perpetuar el statu quo territorial basado en una descentralización no federalizada que provoca que pensemos la política cántabra en una eterna lógica de relación -de dependencia- con Madrid. Así, puede continuar mostrándose como el único actor capaz de defender los intereses de Cantabria dentro de este marco, jugando el papel de mediador entre el pueblo cántabro y el Estado central.

Durante el ciclo corto electoral, especialmente en las primeras elecciones generales, desde Podemos Cantabria optamos por disputar esta idea. En gran medida para atraer a votantes regionalistas desencantados con la práctica política del PP y el PSOE en relación con las demandas territoriales de Cantabria. Sin embargo, pasado el periodo electoral, nos toca ser protagonistas e impulsores del debate territorial y cómo queremos que sea la inserción de Cantabria en el conjunto del Estado.

Nos toca pensar en una auténtica federalización de España y el papel que desde Cantabria queremos jugar en la misma. Federalización que no tiene que ver con el actual modelo de Estado unitario descentralizado que genera las lógicas de dependencia “provincialistas” descritas anteriormente, de las que tanto se aprovechan personas como Revilla, sino con la construcción de un modelo desde los diferentes constituyentes libres que se asocien en una federación.

Un modelo federal que desborde los márgenes clientelares del Régimen del 78, en el que las competencias de los diferentes entes federados y las del Estado federal se delimiten y diferencien claramente, quedando explícitamente reflejadas tanto en la Constitución federal como en la de cada uno de los entes federados, desarrolladas y aprobadas sin la participación del Estado federal en el proceso. Un Estado en el que exista un Senado federal que represente los intereses de los territorios federados y en el que se garantice la participación de estos en la reforma de la Constitución federal.

En este modelo Cantabria debería ser, si así lo queremos los cántabros y las cántabras, una de las partes federadas. Con nuestra propia Constitución, elaborada y aprobada aquí, en la que quedaran claras nuestras competencias. Con la autonomía financiera necesaria como para desarrollarnos como pueblo. Y con la asunción del principio de lealtad federal para contribuir en el desarrollo del conjunto.

Si nos seguimos quedando en la superficie del problema, seguiremos alimentando los monstruos producto de las fallas del actual modelo autonómico. Demos un paso adelante, sentémonos y debatamos qué organización territorial queremos en España y cómo queremos insertarnos en ella desde Cantabria.

Esta semana conocíamos el veto por parte del PP en el Senado a una propuesta realizada por Compromís para prohibir el fracking en España. La votación se llevó a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que es vocal el senador por Cantabria del PP Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Ignacio Diego.

Durante los años que ocupó dicho puesto, Javier Fernández fue uno de los redactores de la Ley Antifracking de Cantabria, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, a petición del propio PP. El exconsejero se ausentó de la votación, no siendo capaz de defender su postura contraria a esta práctica. Ya en 2013 los senadores cántabros del PP habían votado a favor de la realización del fracking en España, pese a mostrarse como férreos adversarios del mismo en Cantabria.