El pasado 17 de noviembre se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Santander en el que elegimos a la nueva alcaldesa y votamos los presupuestos municipales para el año 2017. Esta segunda votación apenas ha trascendido debido a que el equipo de gobierno decidió solapar el debate presupuestario con la elección de Gema Igual, en una loca ceremonia que combinó las mejores tradiciones amanecistas con los eventos organizado por 'El Bigotes'. Izquierda Unida ha enmendado la totalidad del presupuesto del Partido Popular y ha votado en contra de su aprobación, saliendo este adelante con los votos del matrimonio canónico entre PP y Ciudadanos, estos últimos, tras “recibir la autorización desde Barcelona”.
Las razones de nuestra postura derivan de su carácter antisocial, ya que tienen por objeto en exclusiva amortizar la deuda municipal y asegurar el beneficio de las numerosas empresas que gestionan servicios públicos privatizados. Para ello se redactan unos presupuestos irreales cuyos capítulos de gasto se incumplen sistemáticamente, como ha venido ocurriendo durante los últimos ejercicios, y unos ingresos mediante impuesto y tasas sin ningún criterio de progresividad fiscal. Tampoco se ha tenido en cuenta la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tendrá repercusiones tanto en materia de ingresos como gastos en este y los siguientes ejercicios.
Para llevar a cabo ese principio político, el equipo de gobierno del PP regula de forma regresiva e insolidaria los impuestos directos que gravan a los santanderinos, imponiendo las mismas cargas fiscales independientemente del nivel de renta de quien las soporta. En otro orden de magnitudes, la carga fiscal per cápita municipal (impuestos y tasas) es muy superior a la de ciudades de nuestro entorno como Gijón, Oviedo, Bilbao o San Sebastián.
En materia de gasto, son presupuestos que destacan por no dejar margen a la participación vecinal en los capítulos de inversión. Los presupuestos participativos son un instrumento esencial para dotar de transparencia a la gestión municipal, racionalizando el gasto en infraestructuras adecuadas a los barrios y alejándolo de megaconstrucciones, evitando así políticas clientelares entre el equipo de gobierno y los empresarios ladrilleros.
Sin embargo, el presupuesto solo recoge una partida que denomina presupuesto participativo dotada con un millón de euros de los que el año pasado solo se gastó un 67% debido a que fueron rechazados el 90% de los proyectos presentados debido a un caótico modelo de gestión, sobre el que el PP y Ciudadanos se han negado a modificar nada pese a la propuesta de Ordenanza presentada por Izquierda Unida.
Dentro de las partidas de gastos, destaca el enorme capítulo segundo, los gastos corrientes en bienes y servicios, donde se incluyen trabajos de mantenimiento o externalización de servicios, por un importe total de 84,6 millones de euros, capítulo totalmente sobredimensionado en nuestro Ayuntamiento y que contrasta con los 60 millones de euros de los gastos de una plantilla municipal que tiene más de 300 vacantes sin cubrir; supone este capítulo un 44,4% del total de gastos no financieros, mientras que en la media de entidades locales españolas es el 31,8%, y esto debido principalmente a las enormes cantidades que el presupuesto municipal tiene comprometidas a pagar servicios públicos prestados por empresas externas: 51,7 millones de euros, en los que se incluyen todos los servicios municipales privatizados y entre los que se encuentran los conocidos del servicio de aguas, limpieza viaria y recogida de basuras, parques y jardines, conservación de vías públicas, pero también multitud de contratos de asesoramiento y servicios técnicos que se solapan con el trabajo que los empleados públicos municipales que podrían perfectamente realizarse hoy mismo de forma directa en materias como gestión de multas, urbanismo, licencias, tributos…
En distintas ocasiones y a iniciativa de Izquierda Unida, el equipo de gobierno y los concejales de Ciudadanos se han negado a establecer un mayor control sobre las empresas concesionarias de servicios públicos, como el solicitado a través de una oficina de control de contratos de concesión de servicios públicos, o la inclusión de cláusulas sociales en estos contratos, porque el Partido Popular y sus socios no confían en la gestión de los empleados municipales y buscan exclusivamente que estas empresas obtengan tranquilamente sus ganancias a costa de los vecinos de Santander, y ello pese al dictamen del informe de fiscalización del sector público local del Tribunal de Cuentas del año 2011, donde tras un estudio de miles de municipios españoles, concluía que la gestión municipal directa de los servicios públicos es más económica que la privatizada.
Son presupuestos poco creíbles por la falta de ejecución de los mismos en algunos capítulos del gasto, especialmente aquellos relacionados con inversiones. El presupuesto inicial presenta un superávit no financiero por unos 4,8 millones de euros. En el año anterior, el superávit previsto era de unos 15,7 millones de euros (un 8,6% del total de gastos no financieros). Se prevé ya en los presupuestos un superávit, inexplicable desde un punto de vista económico y de gestión racional, desde un punto de vista social, de las cuentas públicas. Como referencia, frente a ese 8,4% del total de gastos no financieros, en el conjunto de entidades locales supuso un 5,5%. La diferencia es de más de 5 millones de euros adicionales que hubieran podido gastarse en políticas sociales beneficiosas para todos los vecinos.
El Gobierno municipal acostumbra a incumplir el presupuesto de gastos mientras cumple con creces el de ingresos gracias a la sangría que suponen unos impuestos directos regulada de forma insolidaria y regresiva. Según la cuenta general del presupuesto de 2015 fue de tan solo el 75%, mientras el ejercicio 2014, tan solo se ejecutó un 83%. Sin embargo, el grado de ejecución del presupuesto de ingresos de 2015 ha sido del 106%.
Así pues, vemos como respecto del ejercicio 2015, los programas de gasto relacionados con el fomento del empleo se han ejecutado tan sólo en un 56%, o los programas de asistencia social primaria en tan sólo un 84%, además de otros programas de inversión relacionados con inversiones como pavimentación de vías públicas (36,55%) o infraestructuras de transporte (0%) y por ello con el empeoramiento de infraestructuras de uso público con la consiguiente afectación de la actividad económica local.
El Gobierno local fía toda su política de inversiones al destino que pueda dar al gigantesco superávit que consigue cada ejercicio debido a ese estrangulamiento del gasto municipal al que he hecho referencia, algo casi imposible debido a la bota de hierro con la que el Ministerio del señor Montoro aplasta las todas las cuentas de los municipios españoles y las extraordinarias limitaciones que impone para dar a ese superávit cualquier otro destino que no sea amortizar deuda.
Finalmente, podemos observar como todo el presupuesto municipal tiene un único objetivo: amortizar la tremenda deuda municipal acumulada en años de deficientes inversiones poco eficientes socialmente. Además de las cantidades destinadas a amortizar deuda del presupuesto, el Partido Popular destina el superávit de cada ejercicio a ese mismo fin: de los 19.540.000 euros del superávit del ejercicio 2014 destinados a inversiones financieramente sostenibles mediante modificaciones presupuestarias aprobadas durante el año 2015, se han trasladado a amortizar deuda 11.805.636 euros, de forma que tan solo el 37 % de dicho superávit ha sido destinado a nuevas inversiones en la ciudad inversiones.
De los 27 millones de euros de superávit del año 2015, el equipo de gobierno ha comprometido 13 millones de euros en inversiones (a la espera de autorización del Ministerio del señor Montoro), quedando 14 millones de euros sin comprometer y que se dedicarán de nuevo a amortizar deuda.
El Ayuntamiento de Santander tiene aún 110 millones de euros de deuda viva, concertada a un tipo de interés medio de 1,35%, una deuda ya controlada que debería permitir a los santanderinos respirar y exigir a sus gobernantes unas más expansivas políticas sociales y de inversión que dinamizaran el empleo y mejoraran dotaciones y equipamientos públicos.
Esta política presupuestaria y de falta de ejecución del gasto actúa en perjuicio de una inversión más eficiente desde el punto de vista social, que permitiría destinar recursos a dotar un verdadero parque de viviendas en régimen de alquiler social o una red de escuelas infantiles públicas.
Los presupuestos del Partido Popular dibujan, en definitiva, el retrato de un municipio agotado y envejecido, incapaz de generar empleo estable, con sus principales servicios privatizados destinados a mejorar las cuentas de las empresas que los gestionan a costa de un mayor coste económico para los santanderinos, y viviendo una realidad virtual sobre planes estratégicos futuros de cartón piedra e infografía y un Plan General anulado, pero con la inestimable muleta de los concejales del partido naranja dispuesta para continuar hacia el vacío.
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