El Ayuntamiento de Santander ha pedido al Gobierno de Cantabria la retirada del amianto existente en la estructura de la antigua nave de Gráficas Martínez, en Santander. La nave experimentó un desplome parcial de su cubierta en junio que generó inquietud entre trabajadores de la aledaña Biblioteca Municipal y vecinos de esta zona de la calle Cervantes. El Ejecutivo autonómico, que es propietario de la instalación, aunque piensa cedérsela al Consistorio, no ha intervenido desde hace 10 meses.
Un informe del Servicio de Prevención Municipal ha concluido que el desplome presumiblemente no ha generado riesgo de diseminación de fibras cancerígenas, aunque recomienda la estabilización provisional de la estructura del inmueble, en estado de ruina actualmente, así como la retirada del amianto que queda ante el riesgo de un nuevo desplome. Ante este informe, el Servicio de Arquitectura del Ayuntamiento ha mandado un requerimiento al Gobierno de Cantabria para que actúe en consecuencia. No es el primer informe que se ha remitido al Ejecutivo.
“Aunque la normativa en España no obliga a la retirada inmediata, permitiéndose su conservación hasta el fin de su vida útil, si el MCA [material con amianto] no está en buenas condiciones, es accesible y puede sufrir fácilmente daños y perturbaciones, la decisión más aconsejable es la retirada del mismo. Asimismo, lo más aconsejable es trasladar esta situación al responsable/titular del edificio para que proceda”, recoge la conclusión del informe de Prevención.
El derrumbe
“No ha habido exposición a amianto ni en el momento del derrumbe ni posteriormente” es otra de las conclusiones del estudio de lo que ocurrió en junio de 2023. La conclusión es indiciaria -“no es presumible que hayan entrado por las ventanas de la Biblioteca”-y los elementos que permiten alcanzarla es que “la fractura es puntual, existe un muro de separación y el material desprendido habrá caído por su propio peso en una zona muy localizada”. Por otro lado “no se están liberando fibras al ambiente en el material dañado”.
El derrumbe afectó a una cuarta parte de la cubierta del edificio, 35 metros cuadrados. El material afectado, “crisotilo”, es “no friable”, es decir, que solo puede reducirse a polvo con maquinaria. El informe añade que “la fragmentación que se ha podido originar por el colapso (rotura) es mucho menor que la que se puede originar durante el corte con herramienta portátil” y que, en todo caso, fueron cerradas “todas las ventanas de la fachada de la biblioteca que da a este solar”.
No descarta totalmente una “posible liberación accidental de fibras en el derrumbe”, que puede ser catalogada como “muy reducida y localizada en la zona exacta de las fracturas de la cubierta”. Aún quedan dos casetones con amianto “con riesgo futuro de derrumbe”, concluye.
IU-Podemos pide un censo
Ante esta situación, el concejal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Santander, Keruin Martínez, ha alertado de que el Ayuntamiento de la capital va con un año de retraso en la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto. Este censo es de obligada realización, ha dicho, tras la aprobación de la Ley de Residuos de 2022, que da de plazo un año para que las administraciones locales detecten los emplazamientos afectados, e incluyen un calendario que planifique su retirada.
Según la ley, tanto el censo como el calendario deben tener carácter público, y deberán ser remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, para que inspeccionen y verifiquen la correcta retirada de dicho producto, atendiendo, especialmente, al grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable.
“Se trata de un tema de salud, que puede afectar a edificios de trabajo y educativos, y que hay que tratar con prudencia y agilidad”, ha explicado Martínez, quien ha anunciado que llevará el tema al pleno, al igual que han hecho sus compañeros en Torrelavega, “donde el equipo de Gobierno ha decidido mantenerse fuera de la ley”.
El edil ha confiado en que el equipo de Santander “sea más abierto y comprenda las consecuencias a largo plazo de seguir alargando este incumplimiento”. Ha afirmado también que el Gobierno de Cantabria ha de realizar un registro autonómico, que lleva pendiente desde el año 2006.
Precedentes
“El amianto es un producto que, inhalado durante largas etapas, puede resultar cancerígeno para el ser humano, y ya se ha cobrado la vida de multitud de trabajadores hasta hoy”, ha recordado Martínez, que ha añadido que el pasado año la justicia reconoció la muerte por amianto de un técnico de mantenimiento de los talleres de FEVE en Santander.
Además, ha indicado que el desplome de la cubierta de la vieja nave de Gráficas Martínez ha despertado las alarmas en trabajadores de la Biblioteca Municipal y vecinos, por la fragmentación de uralita y el consecuente riesgo. “Se trata del desprendimiento de una cuarta parte del techo, de material que contiene amianto, por lo que se necesitan herramientas concretas para eliminarlo”.
“Dada la antigüedad de la mayor parte de los edificios construidos en Santander, es importante realizar cuanto antes un registro, control y eliminación de cualquier elemento, como por ejemplo tuberías, tengan este riesgo”, ha reclamado el edil, que ha explicado que es en el final de la vida útil de estos materiales cuando mayor riesgo hay para la salud pública. “La mayor parte de los emplazamientos en Santander datan de los años 60, 70 y 80, cuando el amianto era legal y extendido, así que es importante que se comience cuanto antes la detección y supresión de cualquier resto”, ha matizado.