La Secretaría y los jurídicos municipales frenan en seco la comisión de investigación de basuras en Santander

Este martes no se celebrará la comisión de investigación sobre lo acaecido desde 2013 en el servicio de recogida de basuras al aceptar los órganos internos municipales un recurso de reposición presentado por la Concejalía de Medio Ambiente. Dicha comisión se suspende por acuerdo de la Secretaría del Consistorio, con el placet de los Servicios Jurídicos, que la oposición municipal ya miraban con recelo y que ahora miran con más recelo aún porque este lunes se ha parado el mandato del pleno de contratar a un letrado y un porcurador externos que defendan sus intereses.

La advertencia del primer teniente de alcalde y concejal de Fomento, César Díaz, de que se recurriría la constitución de la comisión de investigación y de que se haría todo lo posible para impedirla se está cumpliendo. También, aunque él no lo anunciara, que la oposición en bloque pueda contratar servicios jurídicos externos, después de que los municipales se alinearan con el recurso que el Partido Popular ha interpuesto contra la constitución de comisiones de investigación. Ambos extremos han quedado en suspenso.

La convocatoria de la comisión de investigación respecto al contrato de recogida de residuos y limpieza del Ayuntamiento de Santander se mantendrá suspendida temporalmente hasta que se resuelva el recurso contra la misma presentado por la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), como miembro de ese órgano, y en el que se solicita, además, la suspensión cautelar de esta convocatoria. Hay por de pronto un mes para recurrir este recurso, otro mes para que Alcaldía se pronuncie y seis meses más por si se acude al Contencioso-Administrativo. Por de pronto, ha de ser el propio Pleno el que se pronuncie sobre el recurso de reposición de la Concejalía de Medio Ambiente.

El PP, en nota informativa, ha indicado que, de acuerdo con el informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento procede a suspender la convocatoria de la comisión, “a tenor del tipo de vicios invocados, de la posible irreparabilidad de los perjuicios que se producirían, así como de la correspondiente ponderación de los intereses en liza, y en cuanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto al fondo del asunto”.

El informe jurídico estima que se puede constatar que la ejecución del acto administrativo objeto de la impugnación (la convocatoria de la comisión) puede tener una “incidencia lesiva” sobre los derechos de la concejala recurrente y que tales perjuicios podrían resultar “irreparables”.

“Entendemos que, mientras que la suspensión cautelar de la convocatoria podría evitar otros daños y no impediría constituir más tarde la comisión de investigación; en cambio, en el caso de estimarse el recurso, sin que se haya suspendido previamente la eficacia del acuerdo, los perjuicios causados a la recurrente y a terceras personas ya no tendría fácil reparación o podrían verse afectados de forma irremediable”, recoge el informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

En este sentido, la Secretaría General del Pleno ha emitido una nota de conformidad con respecto al contenido del informe jurídico sobre la suspensión cautelar de la convocatoria de la comisión de investigación del contrato de limpieza.

El PP acepta el recurso del PP

La situación ha alcanzado ribetes kafkianos por cuanto la alcaldesa Gema Igual, máxima representante del PP en la Corporación, ha aceptado finalmente el recurso presentado por otra representante de su partido, la concejala de Medio Ambiente.

“De esta manera, y basándose en estos criterios, la alcaldesa, como presidenta de la comisión de investigación, ha adoptado la resolución de admitir a trámite el recurso de reposición presentado por Margarita Rojo, suspender temporalmente la convocatoria de la comisión en tanto no recaiga la resolución del procedimiento respecto del fondo del asunto y notificar dicho acuerdo a los miembros de la Comisión.

Otro asunto, menor, pero sustancial, revela cómo la oposición está siendo vapuleada en todos los frentes. La decisión mayoritaria del plenario, máximo órgano de representación ciudadana, de contratar servicios jurídicos externos ha sido paralizada por una decisión fundamentada por los propios Servicios Jurídicos municipales y el Servicio de Contratación, este dependiente de un edil de Ciudadanos.

El argumento es que los servicios jurídicos no aceptan que se sospeche de ellos y se suman al argumento de Contratación de que hay recursos humanos suficientes en el Consistorio que hacen innecesario recurrir a nadie externo.

Reacciones

Ante esta nueva situación, el portavoz del grupo municipal del PP en Santander, César Díaz, también ha lanzado unas declaraciones a los medios en forma de nota de prensa en las que ha calificado de “aberrante” la situación jurídica que a su juicio ha creado en el Ayuntamiento su socio en el equipo de gobierno, Ciudadanos, y la oposición, al aprobar en el Pleno del pasado 29 de julio la contratación de un letrado y un procurador externos “cuando existen suficientes y reconocidos profesionales en el Consistorio para llevar a cabo la defensa de la Corporación”.

El edil ha considerado “lamentable” el “insólito espectáculo” que a sus ojos han provocado los grupos “al pretender que el Ayuntamiento incurra en continuas ilegalidades contra los informes del secretario municipal, la asesoría jurídica y el servicio de contratación”. Tras la aprobación en el Pleno de la modificación del artículo 60 del reglamento con un informe contrario del secretario municipal, el PP -ha avisado- “continuará defendiendo la legalidad y utilizará todas las medidas legales para revertir los acuerdos nulos”.

Asimismo, el portavoz del PP ha destacado que su partido ya advirtió a los portavoces que “no continuasen en esta esquizofrenia o paranoia jurídica de aprobar en el Pleno asuntos con informes contrarios y desfavorables”, y ha lamentado que “siguen empecinados en ello fruto de la desesperación de decir y hacer lo que sea para atacar políticamente al PP”. “Parece que C's y la oposición no lo saben, que los letrados municipales trabajan para defender al Ayuntamiento y cumplir la legislación, tal y como figura en la Ley de Régimen de Bases Local y no para defender a los grupos municipales”, ha indicado.

Por su parte, sus socios naranjas han considerado que lo “aberrante es mirar para otro lado cuando se está incumpliendo un contrato de 170 millones de euros”. En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Javier Ceruti, ha destacado que “ojalá hubiera puesto la mitad de empeño en exigir que su antigua empresa cumpliera el contrato de basuras”, y considera que el “único espectáculo” lo está ofreciendo el PP, “empeñado en hacer cada vez más evidente que tienen mucho que esconder” respecto a los “reiterados incumplimientos” de la anterior concesionaria del servicio de recogida de basuras.

De esta forma, el portavoz naranja ha subrayado que el PP “ha vuelto a invadir” competencias de su socio de gobierno comunicando las gestiones de la Concejalía de Contratación sobre el acuerdo plenario que proponía acudir “a profesionales del Derecho externos, en vez del personal del Servicio Jurídico”. Según ha remarcado, “esa Concejalía la gestiona Ciudadanos, y una vez constatado a través de informes de la propia Concejalía y de los Servicios Jurídicos que ese acuerdo no se podía llevar a cabo en esos términos, se ha llevado a Junta de Gobierno con total normalidad”.

Así pues, Ceruti cree que el PP monta este “escándalo” porque pretende tapar “la montaña de basura que se ha acumulado desde 2012” y que “han intentado tapar primero negando la evidencia”; y después, cuando se les ha “obligado a cumplir las sanciones y resolver el contrato, negándose a explicar a los santanderinos por qué permitió el reiterado incumplimiento del contrato sin hacer nada, a pesar de que disponían de informes que así lo acreditaban”, ha asegurado.