Un estudio “pionero” encargado por el Gobierno de Cantabria y realizado entre los menores acogidos del sistema de acogimiento residencial de la comunidad autónoma ha ayudado a detectar, entre ellos, seis casos de posible riesgo establecido de sufrir explotación sexual infantil y adolescente (ESIA), “que ya están siendo tratados”.
Al margen de estos casos de riesgo, “no se ha detectado” ningún caso de menor víctima de explotación sexual estando dentro del sistema de acogimiento residencial de la comunidad autónoma, como, por ejemplo, los que sí se detectaron en Mallorca.
Así lo ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego (PSOE), quien ha intervenido en la presentación de este informe en el Parlamento de Cantabria ante un centenar de profesionales que trabajan con menores tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia de Cantabria, así como representantes de distintos departamentos del Gobierno de Cantabria; del Parlamento; la Delegación del Gobierno; Policía y Guardia Civil, y entidades que trabajan con la infancia.
El informe, financiado con fondos 'Next Generation EU', fue encargado por la Dirección General de Políticas Sociales a un equipo formado por las mismas profesionales que en 2020 formaron parte de la comisión de expertos que realizó el informe sobre los casos de explotación sexual que se estaban dando en Mallorca. Se trata de Noemí Pereda, Beatriz Benavente, Ignacia Arruabarrena y Alba Águila.
Para llevar a cabo este informe, se ha preguntado directamente a los adolescentes de estos centros de acogida, lo que ha permitido conocer situaciones que se han producido en el último año, “muchas de ellas previas al centro residencial actual, vinculadas a las propias familias o a otros centros”.
En Cantabria, hay 321 menores en algún tipo de acogimiento: 184 en centros residenciales y 134 en acogimiento familiar (27 en familias del programa de acogimiento del Gobierno de Cantabria y 107 están acogidos por familia extensa, esto es familiares con los que mantienen algún tipo de vínculo afectivo anterior), según datos aportados por el Gobierno.
Propuestas de actuación
Además, el texto contiene una serie de propuestas de actuación e incluye la creación de un grupo de trabajo formado por profesionales de la Dirección de Políticas Sociales; de la Subdirección de Infancia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales; de la Dirección de Igualdad y Mujer, y de los centros de acogimiento residencial.
Entre las propuestas para los profesionales (más de 500 en Cantabria que trabajan directamente en el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia), se encuentra también el desarrollo de protocolos de actuación ante los casos de explotación sexual a la infancia y la adolescencia, de las fugas y salidas no autorizadas; un programa de sensibilización y capacitación profesional; la creación de la figura de un referente en protección o la aplicación de la primera herramienta para detectar casos, EDR-ESIA.
Precisamente, ha sido en este primer control con EDR-ESIA en el que, de un total de 140 casos estudiados, han aparecido los seis con posible riesgo.
Entre las propuestas dirigidas a los adolescentes están la información sobre violencia y explotación sexual y educación afectivo-sexual; información y educación sobre los riesgos de las redes sociales; respeto a la capacidad de decisión y participación y atención a las
experiencias previas de victimización sexual.
En declaraciones a los medios de comunicación, Gómez de Diego ha afirmado que el informe denota que en Cantabria hay “un buen sistema de protección” y se aportan medidas para mejorarlo.
La consejera se ha mostrado “orgullosa” de que Cantabria sea una comunidad “pionera” en realizar este estudio, que contienen propuestas para la detección, atención y mejora para la prevención de la explotación sexuales en menores.
Con este informe, el Gobierno de Cantabria tenía el objetivo de conocer qué mejoras y qué medidas se tienen que poner en marcha en el sistema de protección a menores de la comunidad autónomo y, de esta manera prevenir “situaciones indeseables”.
Según Gómez de Diego, este estudio es un “paso más” que da el Gobierno para mejorar el sistema de acogimiento en la comunidad autónoma, después de haber sido también pionera en que ningún menor de 10 años en un centro residencial y en la modificación de la orden que establece cómo deben ser los centros de acogida para menores y que no pueden superar las ocho plazas, lo que supone una atención “más personalizada” y en unos “espacios que se asemejan más a un hogar familiar”.
A su juicio, este informe y las otras medidas adoptadas demuestran el “compromiso e interés” del Gobierno para garantizar a estos menores “la mejor de las protecciones posibles”.
Gómez de Diego ha señalado que la violencia contra la infancia es una “dura realidad” y es necesario “visibilizarla, estudiarla y actuar”.
Además, ha resaltado que los niños y niñas en el sistema de protección son aún “más vulnerables”, por lo que es preciso “tener herramientas, tejer redes y hacer un sistema de protección, así como lanzar un mensaje claro sobre que los niños y las niñas son sujeto de derechos y tienen derecho a vivir una vida sin violencia”, ha asegurado la consejera.
En Cantabria son más de 500 los profesionales y técnicos que trabajan directamente en el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia en sus diferentes niveles y recursos que contribuyen a que la comunidad esté “a la cabeza en la protección de niños, niñas y adolescentes”. Ha añadido que la atención de la infancia y la adolescencia en Cantabria es “prioritaria y fundamental”, ha dicho.
La ESIA
En el informe se señala que el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (25 de mayo de 2000) definió la ESIA como la utilización de un niño, niña o adolescente menor de 18 años en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución.
Se indica que, precisamente, la existencia de intercambio hace que las víctimas no reconozcan su explotación sexual como una vulneración de sus derechos, llegando incluso a pensar que tienen el control de la situación abusiva en la que se encuentran inmersas. Esta percepción de consentimiento y ausencia de victimización es una de las diferencias más importantes de la ESIA respecto de otras formas de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.