Los parlamentarios cántabros aplican de manera desigual la declaración de intereses estipulada por el Código Ético de las Cortes

El Código de Conducta de las Cortes Generales, en su artículo 4, recoge que los parlamentarios han de declarar las actividades realizadas en los cinco años anteriores a ser elegidos y que les pudieran condicionar en su trabajo o que les hubieran proporcionado ingresos económicos. Los diputados y senadores cántabros han cumplido de forma desigual este requerimiento, sobre todo en lo concerniente a las aportaciones dinerarias que hacen a sus formaciones, aparte de las cuotas de afiliación. Los representantes regionalistas, el de Vox y la diputada popular Elena Castillo han dejado este último casillero en blanco.

Congreso y Senado acaban de publicar las declaraciones de intereses económicos de todos los parlamentarios a través de un formulario en el que debían señalar actividades, obsequios, donaciones y cuotas. En este sentido, populares y socialistas son los más cumplidores con el Código Ético de las Cortes. Con la excepción de Elena Castillo (PP), los demás representantes han hecho constar tanto su cuota de afiliación como su aportación extraordinaria que mensualmente hacen como cargos públicos.

En el caso del Partido Popular, dicha contribución, que se ha elevado hasta los 150 euros mensuales, ha sido centralizada por Génova por lo que no llega a las direcciones provinciales. Por el PP, el diputado Diego Movellán y los senadores Félix de las Cuevas, Amaya Landín y Javier Puente han hecho constar sus aportaciones dinerarias a la formación. Otro tanto han hecho el diputado socialista Pedro Casares y la también senadora del PSOE Isabel Fernández.

Aparte de Elena Castillo, quienes no han hecho mención de ninguna aportación a sus respectivos partidos han sido los regionalistas José María Mazón (diputado) y José Miguel Fernández (senador autonómico). Tampoco lo ha hecho el diputado de Vox, Emilio del Valle, que ha utilizado una fórmula de “interés superior de España” para no detallar sus intereses económicos, como han hecho el resto de diputados de su formación, algo cuya validez están analizando los servicios jurídicos de la Cámara Baja.

Congreso

El único diputado socialista, Pedro Casares, ha cumplimentado una declaración exhaustiva con sus anteriores ocupaciones y hace constar la cuota que paga como afiliado al PSOE, así como la aportación al partido como cargo publico. También hace constar una aportación a UGT/Asociación Española de Ciencia Regional. No deja constancia de más aportaciones ni de haber recibido obsequios o donaciones.

Elena Castillo, diputada por el Partido Popular, registra toda su actividad laboral previa y hace constar expresamente que no ha recibido donaciones ni obsequios, aunque sí ha realizado aportaciones a asociaciones o fundaciones, sin detallar cuáles. No hace mención a la aportación que los parlamentarios del PP realizan a su partido, cosa que sí hace su compañero de grupo Diego Movellán, quien reseña tanto su cuota de afiliado como su aportación como cargo público.

El diputado José María Mazón, por el PRC, ha dejado los casilleros en blanco en su declaración. No constan registros de su actividad en los cinco años anteriores a su elección, ni donaciones u obsequios. La única mención que hace es a “pequeñas aportaciones dinerarias anuales” a ONG, que no detalla. No hay ninguna referencia a aportaciones a su partido ni cuotas de afiliación.

Los 52 diputados de Vox en el Congreso, entre ellos el diputado por Cantabria, Emilio del Valle, han evitado detallar las actividades realizadas durante los cinco años anteriores a su cargo y los regalos recibidos y han optado por rellenar sus declaraciones de intereses todos con la misma fórmula declarando que su actividad está siempre al servicio del “interés superior de España” que en ningún caso se puede ver condicionada por otros factores. En el caso de Del Valle, aparte de la declaración tipo del resto del Grupo, añade “pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa” sin detallar cuáles.

Senado

En la Cámara Alta, José Miguel Fernández (PRC), senador autonómico por Cantabria, hace constar en su declaración de intereses económicos su actividad en los cinco años anteriores, pero no hace mención a donaciones, obsequios ni aportaciones a partido, asociaciones u otras entidades.

De los senadores del PP, Félix de las Cuevas no hace mención a sus anteriores ocupaciones, pero sí a su contribución al PP como cargo público, así como la cuota de socio a la Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa. Amaya Landín también hace constar su aportación al partido como cargo público y da cuenta de una donación económica anual a fundaciones de carácter social como Vicente Ferrer o Cáritas Diocesana. Por último, el senador Javier Puente hace una pormenorizada relación de entidades a las que contribuye: Cáritas España y Cáritas Diocesana de Santander, Fundación Redmadre, Asociación Familia y Dignidad Humana, Provida, Foro de la Familia, Cofradía del Santo Entierro, Asociación Buscando Sonrisas, Cocina Económica de Santander, Asociación Española de Afectados por Cáncer y Banco de Alimentos de Cantabria. También recoge la cuota de afiliación y la aportación mensual al Partido Popular.

La senadora socialista Isabel Fernández hace constar tanto su cuota de afiliación como su aportación al partido como cargo público que es.