Las 400 bombas de precisión que desataron el mes pasado una crisis interna en el Gobierno de Pedro Sánchez salieron del Puerto de Santander con destino a la guerra de Yemen a finales de septiembre. Así lo ha ratificado el presidente de la Autoridad Portuaria a la Cadena SER, en un día en el que propio jefe del Ejecutivo ha confirmado en el Congreso que mantiene la venta de armas al país de Oriente Medio, “por responsabilidad y por defender los intereses de España”, tras el revuelo internacional por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
Jaime González ha asegurado a esta emisora que se resigna a “cumplir con la legalidad” en el tráfico de armas en Cantabria y que no se pronuncia sobre su opinión personal al respecto. “El Ministerio es el encargado de habilitar o no este tipo de transportes. Y, hasta ahora, está permitido. No podemos hacer más”, ha afirmado.
Según ha desvelado la SER, el itinerario de ese cargamento comenzó en Zaragoza, en las dependencias militares del Ejército del Aire, y desde allí partieron una veintena de camiones y casi 40 contenedores con armamento con destino al puerto de la capital cántabra.
Todo ello después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, decidiera paralizar el contrato de exportación firmado en 2015 por Pedro Morenés por valor de 9,2 millones de euros. Como consecuencia de ello, Arabia Saudí amenazó a España con suspender un contrato multimillonario para la construcción de cinco corbetas con la empresa Navantia en Cádiz y Ferrol, lo que desembocó en un debate político y social entre partidarios de seguir con el veto y de recular para no poner en peligro los puestos de trabajo. Finalmente, el Gobierno decidió autorizar el envío de las bombas argumentando que “son láser de alta precisión y, por tanto, no se van a equivocar matando a yemeníes”.
Sin embargo, días más tarde de que se produjera el traslado del cargamento desde el puerto santanderino, un ataque de la coalición saudí sobre la provincia yemení de Hodeida provocó al menos 10 muertos, 17 según varios medios, en un conflicto que lleva tres años masacrando a la población civil.
En los últimos meses, el atraque en el Puerto de Santander de un buque saudí, el Bahri Hofuf, en reiteradas ocasiones ha despertado el rechazo social con movilizaciones y recogidas de firmas contra el tráfico de armas que llegaron incluso al Parlamento autonómico, donde también se condenó esta práctica.