El AMPA del CEIP Sardinero ha obtenido reacciones de la oposición del Ayuntamiento de Santander sobre la denuncia que presentaron en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), hecha pública por este medio, en la que exponían la existencia de “graves deficiencias” en el centro que afectan a su “normal funcionamiento docente”.
Concretamente, Izquierda Unida de Santander, a través de su portavoz Miguel Saro, presentará una moción en el próximo Pleno municipal y Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, se ha puesto en contacto con esta asociación. “Han mostrado su interés y van a pedir explicaciones públicas de por qué nos hemos visto abocados a efectuar una demanda”, señala a este medio la presidenta del AMPA, Alejandra Gándara.
Asimismo, lamenta que por parte del equipo de Gobierno (PP) no han recibido ninguna llamada. “No sé si están esperando a darnos respuesta en el pleno o a qué”, ha incidido.
En cuanto a las deficiencias que señalaban en la denuncia, la presidenta subraya que “todas urgen”. “La falta de mantenimiento es total desde que se hizo el colegio hace 30 años”, ha sentenciado. Sin embargo, Gándara ha hecho hincapié en varios puntos de especial relevancia.
En primer lugar, ha puesto el foco en los baños del centro, cuya renovación era “promesa” del Ayuntamiento y “no la ha cumplido”. Expone que los aseos “no tienen shunt” (elemento para evacuación de olores y renovación de aire), por lo que cuando sube o baja la marea “el mal olor entra en el edificio”.
Además, destaca que no disponen de instalaciones deportivas “de ningún tipo”. “El colegio no tiene un espacio para hacer gimnasia los días que llueve”, afirma, al tiempo que manifiesta la “gravedad” que ello supone.“Imagínate la cantidad de días que los niños pasan sin cursar esa asignatura”, lamenta.
La presidenta del AMPA explica que en su momento “se cerró un espacio que por normativa, con mediciones acústicas, es inviable dar clase”. Asegura que presenta columnas y con una “reverberación que no permite meter a más de 10 o 15 niños”.
Por otro lado, denuncia que siguen teniendo una calefacción de gasóleo “debajo del colegio, sobre lo que hemos insistido que puede generar un problema”. Es por ello que reclaman desde esta asociación la necesidad de una nueva.
En definitiva, Gándara pone de manifiesto que todas las deficiencias “incumplen la normativa del Gobierno de Cantabria”. “Con esto no queremos decir que queramos el colegio más bonito de Santander, sino que cumpla con la normativa que el propio Ejecutivo ha estipulado”, sostiene.
Finalmente, la máxima responsable de esta asociación quiere dejar claro que la demanda que se ha presentado es tanto contra la Consejería de Educación como contra el Ayuntamiento de Santander por “dejadez de funciones de ambos”.
“No queremos determinar qué competencia tiene cada uno, quizá tiene que decidir un juez quien tiene que hacerse cargo de la obra nueva”, subraya, al tiempo que recalca que “les da igual que unos sean de un partido político y otros de otro”.
Moción de IU
IU Santander ha anunciado que presentará una moción para exigir “mayor colaboración del Ayuntamiento y la Consejería de educación estableciendo un plan anual de actuaciones e inversiones en los edificios”.
La “inacción” del equipo de gobierno “obliga a presentar esta moción”, asegura Saro, quien “no duda” que será apoyada por el resto de grupos municipales, para “obligar a que los servicios técnicos municipales comprueben el estado de los colegios de titularidad municipal y su adecuación a las condiciones legales de accesibilidad y eficiencia energética”.
Igualmente, la formación solicita que se constituya una comisión mixta de técnicos municipales y de la Consejería de Educación para establecer criterios claros en cuanto a las competencias de conservación y mantenimiento locales y las de inversión autonómicas, y que se redacte un plan anual de actuaciones donde ambas administraciones se comprometan a resolver las peticiones de las direcciones de los colegios en cada ejercicio presupuestario.
Para Saro, ninguna solución puntual a un solo centro podrá resolverse si no se crea un protocolo de actuación entre ambas administraciones, ante la “situación alarmante” que padecen algunos.
“Desde Izquierda Unida invitamos a que este ejemplo se extienda por la Consejería de Educación a todos los municipios que sean propietarios de algún centro educativo de educación primaria, porque la seguridad y condiciones de nuestros niños y profesores no puede quedar en el voluntarismo de una de estas administraciones”, concluye el portavoz de IU.