Lara García se estrena como nueva presidenta del ALEGA, el colectivo en defensa de los derechos LGTBI de Cantabria. Y lo hace tras haberse constituido hace una semana la nueva Junta Directiva de la asociación y en un momento clave para la causa que les atañe, puesto que la ley LGTBI de Cantabria, que tanto tiempo llevan reclamando, se encuentra en pleno proceso de tramitación parlamentaria.
En este sentido, García subraya la necesidad de que salga adelante “para que las personas del colectivo LGTBI puedan defenderse ante situaciones de discriminación, que tengan acceso a la educación y que se eduque a aquellos que van a educar”. Además, sostiene que, en su relación con los diferentes partidos, con algunos podrán trabajar y con otros “tendrán que lidiar”, como es el caso de la extrema derecha de Vox. “Sabe que la educación es importante y por eso es a por lo que está yendo”, remarca sobre el veto parental que quiere imponer esta formación.
Tras haber sido elegida presidenta de ALEGA, ¿qué objetivos se marca al frente del colectivo?
Lo primero y más importante es sacar por fin esa ley que está ahí guardada y que no pudo aprobarse en la pasada legislatura por falta de voluntad política por parte de algunos partidos, que podríamos decir que directamente sabotearon su aprobación. Queremos que llegue ya porque nos hace falta. Ese es el principal objetivo que tenemos actualmente. También nos gustaría trabajar en todo lo relacionado con dar visibilidad al colectivo, no solo a las siglas más visibilizadas, como pueden ser la 'G', los hombres homosexuales o la 'L', que algo más de visibilidad tiene que otras. Lo cierto es que las demás están un poco ocultas.
Sobre la ley LGTBI, que actualmente está en proceso de tramitación parlamentaria, quedó sin aprobarse en la pasada legislatura por la petición de comparecencias por parte de algunos partidos. En esta ocasión las han vuelto a solicitar, ¿qué le parece?
Se ve que no les quedó muy claro la última vez (ríe). Esta vez son menos y se han incluido algunas que creemos que pueden ser importantes, como la de Roberto Oliver, experto en transexualidad en Valdecilla y que trabaja de primera mano con las personas LGTBI de Cantabria. Sin embargo, hay otras, las que ha solicitado el PP, que son personas de Madrid que tienen una dudosa relación con el colectivo, algunas con una posición controvertida, y estamos a la espera de ver lo que aportan y hasta qué punto pueden dificultar la aprobación de una buena ley.
¿Qué supondrá que sea efectiva definitivamente?
Que tendremos unos mecanismos legales y estarán escritas por fin medidas tanto positivas como sancionadoras que garanticen una igualdad real. En la Constitución pone que todos somos iguales desde hace casi 50 años, pero la realidad es que sigue habiendo una discriminación sistemática hacia minorías y diferentes grupos. Entonces, la presencia de una ley es esencial para que las personas del colectivo LGTBI puedan defenderse ante situaciones de discriminación, que tengan acceso a la educación y que se eduque a aquellos que van a educar, algo que es fundamental. En la ley se contempla la educación de profesorado para establecer protocolos de actuación ante casos de abuso escolar, por ejemplo. Es lo básico para garantizar el bienestar del colectivo y de las personas que lo integran.
Este fin de semana ALEGA ha celebrado una asamblea tras la constitución de la nueva Junta Directiva, ¿qué se ha tratado?
Ha sido una reunión con la anterior Junta Directiva para ver cómo se habían estado abordando los temas y para retomar el trabajo que estaba haciendo y que no se quede nada de lo que había empezado sin acabar. Esencialmente se habló de temas de funcionamiento interno, sobre cómo vamos a afrontar la ley, entre otros asuntos.
Más allá de la ley, ¿qué relación espera tener con las diferentes fuerzas políticas?
Siempre hay que buscar sinergias. Está claro que hay partidos que están más dispuestos a luchar por los derechos del colectivo, otros que no y otros que están directamente en contra. Vamos a poner nombres. Vox ha venido detrás de ALEGA solicitando que no se nos cedieran espacios públicos para realizar actividades relacionadas con el colectivo. Hablo concretamente de la muestra de cine, sobre la que presentó una moción en el Ayuntamiento de Santander para reclamar que no se celebrase. Así que hay partidos con los que podremos trabajar y hay otros con los que tendremos que lidiar.
En las últimas semanas se está hablando mucho del veto parental que quiere imponer Vox en algunos territorios, ¿qué acarrearía su implantación?
Precisamente que las personas que peor lo tienen lo tengan peor. Quiero decir, el objetivo de la educación en las aulas en temas afectivo-sexuales es que aquellas personas que en su casa no la van a recibir lo hagan en clase. El problema que yo creo que tienen estos partidos es que creen en el adoctrinamiento y yo no creo que sea posible. Durante el siglo pasado, la mayor parte de las escuelas eran católicas y la educación tenía valores religiosos y, sin embargo, aquí estamos. Muchas personas que han salido de esa escuela, que es bastante adoctrinadora, son completamente contrarias a ello. En la escuela pública se pretende dar al alumnado herramientas para que puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus vidas. Se les aporta conocimiento y ellos pueden decidir gestionarlo o no. La implantación de este veto parental supondría restringir esas herramientas de forma que se quedarían metidos en 'la caja' de las ideas de sus padres. Esto entrañaría mucho riesgo, principalmente para niños y niñas que viven en casas completamente homófobas o transfobas. Ya es difícil encontrar referentes del colectivo LGTBI en la vida pública para que encima no tengas derecho a que se te eduque en que pertenecer a él es algo normal. Y eso puede derivar en algo tan grave como el suicidio de menores, que entre los trans es muy alto.
¿Solo el hecho de que se hable de ello supone un retroceso en materia de derechos LGTBI y una victoria de la extrema derecha?
Está claro que es una cosa que creíamos que ya estaba zanjada, pero demuestra que nuestros derechos nunca han estado apuntalados. Lo hemos visto a lo largo del siglo XX, que cosas que se daban por hecho luego han sido derribadas para imponer otros criterios ideológicos. Lo que realmente es un poco reprochable es cómo los medios están a la que salta por un titular. Con ello, lo que están haciendo es popularizar este diálogo de odio que está promoviendo Vox. Se le da mucho bombo a esto en detrimento de otras iniciativas que están haciendo las administraciones de toda España. Se las silencia y parece que lo único que importa es lo que diga o haga Vox, en este caso sobre educación, que saben que es lo importante, y por eso es a por lo que están yendo.
¿Percibe miedo dentro del colectivo a que ese discurso cale en la sociedad?
Sí, eso siempre va a estar ahí. Sin embargo, desde el colectivo estamos seguros de que no se les va a permitir. El colectivo LGTBI es tradicionalmente de lucha, que se inició en Stonewall, y que no se va a quedar parado. No se plantea la posibilidad de que no se reaccione ante esta situación. Aún así pienso que el veto parental no va a prosperar tanto como ellos creen, porque es una medida inconstitucional.
En el caso de Cantabria, la presencia institucional de Vox es irrelevante porque no forma parte del Gobierno ni su voto en el Parlamento es decisivo, ¿en este sentido el colectivo está más tranquilo?
Bueno, aunque no tenga presencia en el Gobierno, sí que tiene sus pequeñas cuñas y tiene su espacio dentro de la Administración para hablar y para proponer sus ideas, aunque luego sean aborrecidas incluso por la propia derecha. Pero en ese espacio puede dar voz a esos discursos de odio y eso sí que supone un retroceso, cuando además algunos son directamente degradantes. Recuerdo que hace poco un diputado de Vox declaró que no iban a permitir que el colectivo hiciera que sus hijos fueran enfermos como ellos. Que este tipo de cosas se puedan decir desde una institución pública me parece muy grave, mientras que en otros países no se permite.
¿Cree que hay mucho desconocimiento en la sociedad de todo lo que abarca el colectivo LGTBI?
Sí, está claro que sí. Incluso a veces dentro del propio colectivo hay desconocimiento, precisamente sobre las siglas más ocultas o sobre identidades u orientaciones de género distintas, como las personas intersexuales, que han sido olvidadas durante mucho tiempo, las asexuales, las no binarias. Son menos conocidas y son igual de importantes porque sufren la misma opresión que el resto. Y en ello queremos trabajar, para darles voz, que sean escuchadas, y para incluir sus necesidades en nuestra agenda.
¿Cuáles son las principales medidas de esa agenda?
De momento vamos a ir trabajando sobre todo en espacios seguros a los que puedan acudir para encontrar referentes e información, y para sentirse apoyados y arropados. Sobre todo las personas transgénero o las mujeres lesbianas o bisexuales que suelen ser las más discriminadas.
¿ALEGA nota que cada vez recibe más gente pidiendo asesoramiento o información?
La asociación está creciendo en peso y en relevancia, y tenemos un teléfono disponible para pedir asesoramiento o información de todo tipo. Sí que percibo una mayor afluencia y además estamos haciendo más eventos. El pasado año hicimos el 'primer día de la visibilidad bi', por ejemplo, y hace poco el de 'la visibilidad trans' en Cantabria. Así que poco a poco vamos consiguiendo visibilizar nuestra presencia en el territorio.
A nivel estatal, el Ministerio de Igualdad cuenta con una dirección específica LGTBI, ¿qué esperan del nuevo Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos?
Espero que se apruebe una ley integral tanto trans como LGTBI porque todavía hay muchas comunidades, entre ellas Cantabria, que no la tienen, por lo que están a la cola en materia de derechos.Tener una ley estatal que garantice una base sobre la que todas las personas del colectivo en este país puedan sentirse arropadas es muy importante. Y, sobre todo, que se trabajen algunos aspectos patologizantes que a día de hoy se conservan en la normativa española. Por ejemplo, aún es necesario que una persona trans pase dos años en tratamiento hormonal para poder cambiar el género de su partida de nacimiento. La obligan a castrarse químicamente. No se puede permitir, no todas tienen la necesidad de pasar por hormonación. No todos los chicos trans, por ejemplo, necesitan tener barba para estar a gusto con su cuerpo y, sin embargo, se les está obligando a ello. A pesar de que se está empezando a sentar jurisprudencia, porque una persona ha conseguido hace poco cambiar su sexo legal sin tener que pasar por el proceso, no es lo habitual. Eso tiene que cambiar, tiene que estar amparado, no solo por la jurisprudencia, sino por la ley.