El Gobierno de Cantabria ha comenzado a poner en marcha algunas de las políticas que considera “fundamentales” de cara a la presente legislatura. Los partidos políticos que integran el actual Ejecutivo bipartito, PRC y PSOE, incluyeron en sus programas electorales la mejora de la atención de la dependencia, que ya fue una seña de identidad en el anterior Gabinete de socialistas y regionalistas. Ahora, de manera formal y ante los empresarios del sector, han prometido convertir a la comunidad autónoma en “referencia nacional” en la aplicación de la Ley de la Dependencia.
La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha asegurado este miércoles que su compromiso como responsable de Política Social “tendrá un reflejo presupuestario en las próximas cuentas públicas”. La secretaria general de los socialistas cántabros se ha comprometido a “eliminar los recortes que se han producido en estos cuatro años” bajo el mandato de Ignacio Diego (PP).
Lo ha hecho, además, tras mantener un encuentro con el presidente de la Federación de Empresarios de la Dependencia de Cantabria, Victor Pandal, con el que ha acordado “trabajar de manera conjunta” para planificar las acciones que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.
El objetivo, según ha reiterado durante una intervención ante la prensa, es que la región “vuelva a recuperar los primeros lugares” en esta materia “cuanto antes”. “Cantabria era la comunidad autónoma que estaba a la cabeza en el desarrollo de la Ley de Dependencia y en estos momentos estamos en una situación complicada que iremos recuperando a lo largo de los próximos años”, ha incidido Eva Díaz Tezanos.
Además, la líder socialista ha precisado que se trata de recuperar “no solo los niveles de inversión pública, sino también las prestaciones que se dan a las personas en situación de dependencia” y que “en algunos casos, durante estos años, no las han tenido como consecuencia de los recortes del Gobierno nacional y regional”.
Díaz Tezanos y Pandal han acordado constituir grupos de trabajo que aborden las cuestiones que consideran prioritarias, como es la mejora de la normativa, avanzar en la calidad de las prestaciones y servicios a los usuarios y analizar el mapa de la dependencia de la comunidad autónoma.
Según ha explicado Pandal, “la normativa ha quedado en un limbo y hay mucho que mejorar para garantizar la seguridad jurídica de los usuarios y de los centros”. También ha asegurado que “mejorando la normativa y avanzando en la coordinación del sector sanitario y el de servicios sociales se conseguirían grandes ahorros y avances en la mejora de la atención”.