CCOO denuncia que los algo más de 30.000 inmigrantes que residen en Cantabria (5,5% de la población) han visto “cómo se han complicado las posibilidades de vivir y trabajar legalmente y con derechos”. “En el año 2017, se ha endurecido aún más la interpretación de las normas que hacen las instituciones”, explica Rosa Mantecón, secretaria de Política Social y Migraciones de CCOO en Cantabria, “y eso está empujando a muchas situaciones de irregularidad sobrevenida”. “Están acorralando a las trabajadoras y trabajadores extranjeros que tratan de cumplir unas normas llenas de trampas”, subraya.
Mantecón denuncia esta situación al hacer balance del trabajo realizado desde la Secretaría de Política Social y Migraciones en Cantabria, donde, según señala este sindicato, “se ha atendido en 2017 a 223 personas y 785 consultas de todo tipo: extranjería, alegaciones y recursos administrativos, gestión ante consulados y embajadas, asesoramiento laboral, reagrupación familiar, procedimientos de nacionalidad, protección social e, incluso, atención inicial a mujeres víctimas de violencia de género”.
Al sindicato le preocupan tres situaciones especialmente. La primera tiene que ver con “los impedimentos a las personas inmigrantes ya nacionalizadas españolas (1.227 en 2016 en Cantabria) para lograr la reagrupación familiar”. CCOO detalla que se les exige, por ejemplo, demostrar que han transferido el 51% del PIB per cápita del país de origen a cualquier hijo o hija mayor de 21 años que quieran traer a residir con ellos.
La segunda es “la constatación de que muchas personas migrantes deban aguantar situaciones de abuso laboral para obtener los días cotizados exigidos para renovar el permiso de residencia y así no caer en situación irregular sobrevenida, lo que afecta a la salud y a la calidad de vida de las personas”, sostienen desde este sindicato.
La tercera situación preocupante, tal y como exponen, es la de “las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que sufren una doble victimización al tener que enfrentarse a dos aparatos normativos: el de la justicia ordinaria y el del reglamento de extranjería”.
Adicionalmente, Mantecón muestra su preocupación por la posibilidad de que el nuevo marco legal de la renta social básica en Cantabria sea “más restrictivo, cierre más puertas a los inmigrantes y afecte a la ya precaria calidad de vida de muchas de estas personas y de sus familias”.
26 nacionalidades diferentes
En el año 2017, el de las 223 personas atendidas, 87 accedieron por primera vez al servicio de asesoría y acompañamiento y el resto han obtenido el asesoramiento y seguimiento de CCOO en Cantabria en sus procesos administrativos, laborales y legales.
De las trabajadoras y trabajadores extranjeros que han obtenido el apoyo del sindicato por primera vez, detallan desde CCOO, las nacionalidades de origen mayoritarias han sido Colombia y Perú, aunque proceden de 26 estados diferentes. Del total de consultas, la mayoría han sido realizadas por personas originarias de Colombia, Perú, Ucrania, Moldavia, Ecuador, Senegal y Marruecos, aunque hay trabajadoras y trabajadores de 35 nacionalidades diferentes.
“Aunque haya una reducción de personas inmigrantes como consecuencia de la crisis”, argumenta Mantecón, “nuestro trabajo es ahora más complejo, porque ya no es sólo colaborar con los papales, sino que los acompañamos en asuntos laborales, en la situación social en la que se encuentran, en asuntos de violencia de género o de precariedad…”. “Desde CCOO apostamos por la migración regular y ordenada, pero la mirada restrictiva y criminalizadora de las administraciones está generando graves situaciones humanitarias”, concluye.