“La crisis no puede justificar ningún recorte en la lucha contra la violencia de género”
El décimo aniversario de la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género no ha logrado la repercusión que muchos colectivos esperaban. La efeméride ha pasado prácticamente desapercibida pese a cumplirse una década de la aprobación de una normativa destinada a hacer de España un país más justo e igualitario. Una década en la que la sensibilización social ha crecido, pero no lo suficiente como para poner coto a una lacra que golpea cada día a lo largo y ancho del país.
Eso, al menos, es lo que defiende Paloma Martín, magistrada titular del Juzgado especializado en violencia de género, que ha reclamado este lunes en Santander que los poderes públicos “paguen su deuda histórica de seguridad” con las mujeres y que lo hagan “con la obligación de socializar valores como la dignidad, la igualdad y la solución pacífica de los conflictos”. “La crisis no puede justificar ningún recorte en la lucha contra la violencia de género”, ha zanjado.
Así, ha asegurado que diez años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica, “merecemos una rendición de cuentas de cómo se ha implementado la ley en todos los sectores, si ha habido una modificación de hábitos sociales y en qué medida ha habido una mejora efectiva en la vida de las mujeres”. Además, ha comentado que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se está planteando la redacción de informe de evaluación de los primeros diez años de esta normativa, algo que ha calificado de “fundamental” para luchar contra “tantísimos prejuicios y problemas”, como que las mujeres ponen denuncias falsas.
Como recordatorio de lo que aún hoy sigue pasando, la jurista ha recordado que un 25 por ciento de las mujeres jóvenes (entre 16 y 19 años) reconoce haber sufrido violencia psicológica de control en el último año. “Los poderes públicos estamos llamados a hacer efectivos los derechos fundamentales de las mujeres. No estamos hablando de una moda, sino de derechos humanos fundamentales y todos los poderes públicos estamos obligados a garantizar un resultado”, ha recalcado Marín.
En su intervención inaugural del encuentro 'Violencia de género, logros y retos de futuro', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Martín ha pedido los recursos “necesarios” para que esta norma legal sea “efectiva”, así como “rendir cuentas de la atención a las mujeres y su grado de satisfacción” cuando piden ayudas a las instituciones del Estado.
El silencio de las mujeres
Marín, que ha advertido de que “cada euro que se recorta en este ámbito es un euro que se quita a la causa de la igualdad”, también ha lamentado que “subsisten los mismos problemas de interpretación que en 2005 y seguimos sin saber cosas importantes”. En este sentido, ha incidido en que “hay una inmensa mayoría” de mujeres que “guardan silencio, se retracta o se desdice” durante los juicios. Por ello, ha destacado que “ahora que vamos a conocer los motivos por los que lo hacen, tenemos que saber qué ha fallado, por qué guardan silencio y no quieren la sanción del agresor”.
Además, ha señalado que “en muchos casos, las sentencias absolutorias se deben al silencio de las mujeres”, por lo que “lo fundamental es que todos participemos para garantizar que las víctimas se fortalezcan y recuperen sus derechos fundamentales”. De hecho, ha pedido la colaboración del entorno más cercano a las víctimas, que suele tener conocimiento del problema. “Si estas terceras personas derivasen las denuncias al sistema judicial estaríamos en condiciones de responder a la inmensa mayoría de los casos de maltrato”, ha opinado.
El entorno, un factor clave
Para justificar su argumento, Marín ha recordado los datos de la Macroencuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad hechos públicos el pasado mes de marzo. Según este informe, un 81% de las mujeres víctimas de la violencia de género han contado su situación a alguna persona de su entrono. De este modo, ha dicho que es “fundamental” que estas personas actúen porque el número de episodios violentos “reales” es “muy superior al que llega a los juzgados”.
Finalmente, ha recalcado que “estamos cansados de escuchar” cómo en los juicios las víctimas hablan de bofetadas “suaves”, mientras que los testigos las califican de “fuertes” y que los maltratadores “no agreden” a las personas del entorno. Por ello, debido a la crisis económica, ha incidido en que cuando la violencia es “selectiva” contra las mujeres, la crisis “agrava la situación, pero evidentemente no es el factor desencadenante de esta violencia”.
