Críticas de Podemos por la inacción policial en una protesta ultraderechista contra Pablo Iglesias en Cantabria

Podemos presentará una queja ante la Delegación del Gobierno en Cantabria por la “inacción policial” en el acto de Pablo Iglesias celebrado el pasado viernes en Santander. La formación morada critica que la Policía no impidiese que “30 fanáticos bloqueasen” las puertas del Palacio de Festivales, lo que provocó que “numerosos” simpatizantes del partido no pudiesen entrar al mitin.

También censura que no se procediese a la identificación de todas las personas que se manifestaban “de manera violenta” contra aquellos que pretendían acceder al encuentro. El partido ha solicitado este lunes una reunión con el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz (PP), y “está valorando” emprender acciones legales contra aquellas personas que “insultaron, vapulearon, zarandearon y hostigaron” a periodistas, simpatizantes y cargos del partido.

“No podemos permitir que se ataque a la ciudadanía por su manera de pensar”, ha dicho la formación morada, que ha “pedido disculpas” a todos aquellos que no pudieron acceder al acto y a aquellos que “por miedo se dieron la vuelta al ver que su seguridad no estaba garantizada”.

“Nosotros confiábamos en que la Policía tomase las medidas oportunas para garantizar la seguridad de las personas que nos iban a acompañar, lamentablemente no ha sido así y por ello les pedimos perdón, además de exigir responsabilidades ante conductas intolerables en un país democrático y en una comunidad como Cantabria, en la que la mayoría de sus ciudadanos no son así”, ha apuntado la formación que lidera Pablo Iglesias.

Asimismo, colectivos y activistas denuncian la “doble vara de medir” de la justicia española, que tildan de “preocupante e indignante”, ante la “pasividad” policial en los citados altercados producidos por un grupo de ultraderecha. Denuncian que no hubiera identificaciones por parte de la Policía, a diferencia de lo que ocurrió con el caso #PreguntarNoEsDelito, cuyos acusados fueron juzgados la pasada semana.

“Un grupo de fascistas insultó, amenazó e intentó agredir a periodistas y asistentes al acto de Pablo Iglesias en Santander. Todos fácilmente reconocibles y con la policía pasiva frente a su actitud. ¿Será esta gente procesada, mediáticamente criminalizada y juzgada como hemos sido nosotras? Desgraciadamente la respuesta pinta a un rotundo NO”, subraya Marcos Martínez, uno de los jóvenes imputados por la protesta en defensa de la educación pública en la que denuncian “un montaje policial” contra ellos. “Llevamos casi cuatro años con la espada de Damocles de la justicia española encima”, recuerda.

“La aceptación social de las ideas de ultraderecha sigue ganando terreno”, lamenta, al tiempo que hace hincapié en que “quienes protestamos pacíficamente en defensa de los derechos sociales somos criminalizados y juzgados” y, por contra, “quienes amedrentan por razones ideológicas queriendo volver a un oscuro pasado son blanqueados”.

En esa misma línea sigue Óscar Manteca, portavoz de la PAH quien en conversación con este medio asegura que después de las cuatro denuncias que tiene por actividades en defensa de movimientos sociales, “ver a grupos de ultradereha, nacionalistas españoles, ir a la caza de periodistas que estaban informando sobre los hechos que se estaban produciendo delante de un acto de un partido político, es la demostración de que tanto la policía como el propio poder político tienen dos varas de medir”. 

Incide en que por unas acciones “exactamente iguales que se hubieran producido mismamente por los compañeros de #PreguntarNoEsDelito o bien habrían acabado detenidos o, como mínimo, estarían denunciados y habría una investigación abierta por varios ilícitos penales” Señala que se trataría “desde delito de odio, que yo creo que es evidente que había, hasta amenazas y lesiones”.

No obstante recalca que cree en la protesta política, que “tienen derecho a ir a enarbolar las banderas que consideren, pero no ex profeso a amenazar o intentar agredir a los miembros de comunicación que han acudido allí a hacer su trabajo”, concluye.

“Doble rasero”

Paco Gómez Nadal, periodista y activista, afirma que lo ocurrido le parece “muy grave” por varias razones. “Da la impresión de que ha salido gente de las cavernas que estaba como en silencio y, tal y como se demostró el otro día, es gente peligrosa”, subraya. Además, resalta que era una convocatoria “no autorizada”, cuando por ley se requiere comunicación previa, tal y como lleva a cabo el propio Gómez Nadal con el colectivo Libres, la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión.

Como consecuencia de ello, “no entiende muy bien por qué la autoridad competente allí presente no actuó en consecuencia”. “Me da la impresión y me preocupa que hay un doble rasero en las comunicaciones y en las concentraciones”, sostiene. En este caso, asegura, el grupo de ultraderecha tuvo “una actitud de agresividad, de violencia y de amenaza, no solo a los periodista, sino también a la gente que iba al acto del Podemos”. “Me parece extraño que en un momento en que se apela tanto a la legalidad se haya presentado esta concentración sin ninguna comunicación previa”, concluye. 

Por su parte, Leticia Cardenal, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) , califica de “lamentables” estos actos. “Todavía no entendemos muy bien por qué a esa gente no se la identificó desde el minuto uno”, se cuestiona. Asimismo, muestra su “total reprobación” hacia esa actitud y su “apoyo a los compañeros de la prensa”. Pone de manifiesto que no es comparable al caso #PreguntarNoEsDelito ya que “fue hacia un político y aquí ya hemos sobrepasado una barrera” con su afronta hacia los periodistas y ciudadanos que acudieron al mitin. 

Por otro lado, Izquierda Unida ha pedido al delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, que “actúe o dimita”, ya que considera que su gestión de los altercados fue “deficiente e insuficiente, poniéndose en riesgo la seguridad”. 

Desde esta formación consideran que “la crítica política es legítima” y “va asociada al cargo”, pero que “en ningún caso tiene cabida lo llevado a cabo por los manifestantes”, que “proliferaron insultos racistas, vivas a Franco -con presencia de alguna bandera preconstitucional- y atacaron a los periodistas acreditados que únicamente hacían su trabajo”, algo que creen “debería investigarse por su gravedad”.

Desde este partido ven en la gestión del delegado del Gobierno en Cantabria “una actitud demasiado laxa contra los violentos”, no sólo por “la falta de seguridad ampliamente constada -dicen- por las imágenes y vídeos que se han conocido estos días”, sino por la “impunidad” con la que la extrema derecha se está manifestando en los últimos tiempos ante la “pasividad de las autoridades”.

Por otra parte, la Asociación de Periodistas de Cantabria ofrece asesoramiento jurídico a los asociados “insultados y agredidos por un grupo de incontrolados”. Tal y como comunica esta agrupación, “pone a disposición de los profesionales asociados el asesoramiento jurídico necesario para denunciar ante los tribunales las actitudes que impidan su labor informativa” y “manifiesta su total desprecio ante actitudes violentas” como las que ocurrieron el pasado viernes en Santander.

Finalmente, desde la Delegación del Gobierno han asegurado a este diario que se han hecho identificaciones aunque han sido incapaces de concretar cuántas.