No fue suficiente la alarmante caída de empleo que venía sufriendo la comarca de Campoo desde hacía tiempo. El censo de población había disminuido en los últimos años en unas 2.000 personas; por estas fechas se registraba un 24% de paro sobre la población activa (el 80% personas menores de 29 años); Forjas y Aceros de Reinosa pasó de 2.600 trabajadores en 1977 a 1.760 en enero de 1987, CENEMESA tenía 540 trabajadores en 1975 quedando en enero de 1987 en 390 y Farga Casanova no se escapó de importantes reducciones de plantilla.
El 22 de diciembre de 1986, la plantilla de CENEMESA realizó una huelga general masiva, tras un mes de movilizaciones. Todo ello con un escaso seguimiento informativo. Tampoco fue suficiente.
Cuando el 4 de marzo, Fernando Fuentes, a la sazón presidente del Comité de Empresa de Forjas y Aceros de Reinosa, preguntó por las posibilidades de expedientes o recortes, el presidente de la compañía, Enrique Antolín, negó la existencia de cualquier previsión. Al día siguiente se presentó un expediente que afectaba a 463 trabajadores. Por primera vez en la historia reciente de la reconversión industrial española, 404 eran directamente rescisiones de contrato. Pero tampoco fue suficiente.
El 9 de marzo la prensa se hacía eco de la noticia: Enrique Antolín dejaba la empresa para pasar a ser consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno Vasco. El 11 de marzo, Enrique Antolín se presentó en la factoría de Reinosa para recoger sus pertenencias y dar una comida de despedida a sus colaboradores; parece ser que quería incluir al Comité de Empresa. Era la víspera de su toma de posesión en Ajuria Enea.
Cuando los trabajadores concentrados en la fábrica se enteraron, exigieron al presidente su comparecencia para dar explicaciones, y su negativa a hablar –afirmó no tener ya responsabilidades–, exacerbó a los empleados, que se acercaron amenazantes donde se encontraba Antolín, su equipo directivo y el Comité de Empresa.
Vista la situación –expediente adelante, presidente a la fuga y trabajadores a por todas– el Comité de Empresa decidió retener al hasta entonces presidente y a su equipo y, ante la presión de los trabajadores y previendo lo que se les venía encima, decidieron trasladarse al 'bunker' (este edificio se denomina así porque en él se realizan las pruebas de radiación o presión), donde se encerraron todos juntos (presidente, directivos y Comité de Empresa) para tener una baza con la que poder negociar. No se permitiría su salida, como medida de presión, hasta después de la hora en que debía jurar su cargo en Ajuria Enea.
La tensión se palpaba en el ambiente, la situación era insostenible y los miembros del Comité de Empresa eran conscientes de que aquello no podía acabar bien. Aun así continuaron con la situación, manteniendo abiertas las vías de negociación hasta que miembros especializados de la Unidad de Acción Rural de la Guardia Civil, por orden del delegado del Gobierno, Antonio Pallarés, liberaron a los retenidos.
Eran las 8.30 horas (previamente, sobre las cuatro de la madrugada, la Guardia Civil cortó la comunicación telefónica, algo que nunca se ha reconocido) cuando los grupos especiales de la Benemérita irrumpían con violencia desmesurada para liberar a Antolín. Los miembros del Comité de Empresa se salvaron porque todos –Antolín, colaboradores y sindicalistas– estaban mezclados, no pudiendo los asaltantes actuar “a gusto”. Pues bien, todo esto no fue suficiente.
Después de que Antolín fuera liberado y sacado de Reinosa, la Guardia Civil entró en las instalaciones de la fábrica a base de lanzamiento de gran cantidad de botes de humo y pelotas de goma, cargando violentamente contra los trabajadores hasta que estos, pasada la sorpresa inicial, lograron hacerles frente. Según el ministro del Interior, José Barrionuevo, participaron cuatro miembros de la unidad especial de intervención de la Guardia Civil para la liberación de Antolín y 321 guardias civiles para dispersar a los obreros concentrados en la factoría.
Toda una ciudad en pie
En estos momentos el conflicto salía de la fábrica y se ampliaba a la ciudad. Las emisoras locales, la sirena de la fábrica (conectada por los trabajadores) y el boca a boca difundieron por toda Reinosa la gravedad de lo ocurrido. Se suspendieron las clases y los estudiantes se trasladaron al parque de Cupido. Allí, de nuevo, la Guardia Civil arremetió contra todos. Previamente, gran parte de la población se había concentrado ante la factoría. Por la tarde el cierre se extendería al comercio.
El apaleamiento, por varios guardias civiles, del presidente del Comité de Empresa de la Farga Casanova encendió aún más los ánimos. Los enfrentamientos fueron durísimos. La descoordinación y desconocimiento del terreno de la Guardia Civil (abandonados por los grupos especiales) y el empuje de la población hicieron que un grupo de agentes quedaran acorralados en un callejón, donde fueron apedreados por la multitud (unas obras en el parque de Cupido surtieron a la población de munición). Las imágenes de su 'rendición' dieron la vuelta al mundo. Solo la intervención de representantes de los trabajadores impidió males mayores.
El balance final, tras más de cuatro horas de enfrentamientos, fue de alrededor de 60 heridos, unos 30 atendidos en el Hospital de Valdecilla –varios graves– entre vecinos y guardias civiles (destacar que varios guardias heridos fueron trasladados al ambulatorio por vecinos y trabajadores, lo que no ocurrió en el caso contrario).
La prensa en general, el Gobierno central y el PSC-PSOE cargaron contra la actuación de los trabajadores y ciudadanos de Reinosa. El delegado del Gobierno calificó el comportamiento de la Guardia Civil como “impecable” e incluso “encomiable”. Se nombró un fiscal especial para estudiar las actuaciones del pueblo de Reinosa, pero nada se hizo por investigar los excesos de las fuerzas de orden público.
A pesar de todo, la presión social por una parte, y la búsqueda de una cabeza de turco, por la otra, provocó que, el 30 de marzo, fuese destituido el teniente coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria.
Represión y ausencia de diálogo
Tras todo esto, en Reinosa continuaron las movilizaciones, los expedientes de CENEMESA y Forjas seguían en activo, las soluciones no llegaban por ningún lado. A iniciativa de CENEMESA, se realizaron caravanas informativas por toda Cantabria explicando la situación.
Los apoyos fueron llegando de toda la comunidad, que también sufría los graves efectos de la reconversión (con despidos en las fábricas de CUNOSA y FYESA, entre otros). La reacción del Gobierno central fue dar al Ministerio del Interior el protagonismo, apartando a los ministerios de Industria y Trabajo.
La paralización del Talgo Santander-Madrid y los cortes de carreteras determinaron que el día 31 de marzo hicieran acto de presencia en Reinosa unos 1.300 antidisturbios de la Guardia Civil, acompañados de todo tipo de vehículos.
Tras instalarse en el cuartel de Reinosa y alrededores se dedicaron a proteger las proximidades de la estación del ferrocarril de posibles interrupciones y a patrullar por la ciudad en sus tanquetas y demás vehículos, en lo que constituyó una demostración de control absoluto no exenta, además, de provocaciones.
En asamblea se decidió que no se atendería a las fuerzas de orden público en Reinosa, haciéndoles el vacío en bares y otros establecimientos. Finalmente se acomodarían en instalaciones hoteleras y balnearios como el de Corconte y Las Caldas del Besaya, fuera de la ciudad, aislados de la población. El día 1, el Pleno del Ayuntamiento de Reinosa, por unanimidad, solicitó su retirada.
Por su parte, en lo que puede considerarse una muestra de atribución impropia de funciones, cuando no directamente una coacción, el teniente coronel al mando del operativo de la Guardia Civil convocó a una reunión a los miembros de los Comités de Empresa y a los directores de las emisoras de radio locales, instándoles a una información “más benevolente que objetiva”, según publicó El País.
Enfrentamientos y protestas multitudinarias
El sábado 4 de abril, tras las concentraciones habituales y el paso del Talgo, se produjeron los primeros enfrentamientos desde la llegada de losGrupos de Acción Rápida (GAR) a Reinosa. La violencia escalaba de nuevo: cuantiosos heridos y daños materiales en viviendas, comercios y vehículos. La comparación con la represión en Chile dio lugar al famoso grito popular “Pallarés-Pinochet” con el que el delegado del Gobierno pasaría a la historia.
Al día siguiente, unas 2.000 personas se concentraron en la Plaza Mayor denunciando la actuación de la Guardia Civil. Nuevos enfrentamientos con los vecinos se sucedieron durante más de tres horas. El balance del día arrojó 15 heridos. Los Comités de Empresa de Forjas y CENEMESA insistían en la negociación y el Gobierno en reprimir, por lo que, ante esta situación, se decidió el mantenimiento de las movilizaciones.
Cantabria estaba paralizada: movilizaciones, huelgas del transporte y de los ganaderos la dejaron incomunicada con el exterior. Una manifestación en Santander contra el desmantelamiento industrial y en solidaridad con Reinosa, CUNOSA y FYESA, congregó a más de 20.000 personas.
El día 13, la Asamblea de Cantabria (con la oposición del PSOE) pidió la urgente reindustrialización de la comunidad autónoma y la destitución del ministro del Interior, José Barrionuevo; el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y el delegado del Gobierno en Cantabria, Antonio Pallarés.
El Gobierno y los medios de comunicación empezaban a temer la extensión de lo que se denominó “síndrome Reinosa”, pero no ya solo por Cantabria, sino también a nivel estatal. El programa de TVE Informe Semanal que se emitió esos días fue calificado por el Comité de Empresa de CENEMESA de “bazofia de confusión y provocación”.
Estado de excepción
El día 15, la relativa calma que se había instalado se rompió definitivamente. Cuatro tanquetas de la Guardia Civil se dirigieron a una barricada que, a las afueras, cortaba la carretera Santander-Palencia a la altura de Matamorosa, cargando contra los vecinos que iban encontrando a su paso.
Los enfrentamientos que se mantuvieron fueron muy duros. Pallarés culpó a CCOO de CENEMESA y afirmó que mantendría el orden con firmeza, prohibiendo la concentración convocada en el parque de Cupido para el día 16 por la tarde. Que la decisión de emprender una acción determinante estaba tomada parece más que evidente. El resultado fueron los sucesos del día de Jueves Santo.
La concentración de fuerzas que exhibía la Guardia Civil era apabullante: dos helicópteros, 18 tanquetas, 193 Patrol todoterreno y unos 1.300 hombres. Tampoco se escatimó en la motivación extra del contingente, según escribió el periodista Diego Ruiz en El Diario Montañés, 20 años después, refiriéndose a los escenarios de las jornadas de lucha: “En la campa junto a la Clínica Reinosa, donde estaban las tanquetas de la Benemérita, momentos antes de la refriega, entraban botellas y botellas de alcohol para entonar a los guardias”, dejó escrito.
A pesar de la prohibición y de la presencia desmesurada de las fuerzas de seguridad se mantuvo la movilización, pero se cambió la concentración en Cupido (que estaba totalmente tomado) por hacer un recorrido por las calles de la ciudad. El pitido del tren Talgo a su llegada a la estación fue la señal para que el capitán de la Guardia Civil al mando diera la orden de carga indiscriminada al grito de “¡A por ellos!”, iniciándose la ocupación de toda la ciudad, y pueblos cercanos.
La violencia del despliegue hizo que los ciudadanos, despavoridos, corrieran a refugiarse donde podían: sus viviendas, las de los vecinos, bares, comercios, bajos. Nada frenó la orgía de violencia. Cargaron contra la gente que salía de misa (dos horas de asedio alrededor del templo), lanzaron pelotas de goma y botes de humo dentro del campo de futbol donde se disputaba un partido (lo que fue denunciado por el C.D. Naval), entraron en el ambulatorio gritando, empujando y amenazando a pacientes y personal sanitario, incendiaron la funeraria, provocaron otro incendio en las viviendas asignadas a gitanos, allanaron innumerables locales comerciales, se registraron disparos contra cristales de viviendas, asaltos a garajes particulares, uso indiscriminado de botes de humo, pelotas de goma e, incluso, munición real (aunque se negase).
Hubo más de 60 detenidos de los que, menos dos (un vendedor ambulante y una visitante que venía a ver a su familia), todos eran vecinos de Reinosa. Esto desmonta el relato justificativo lanzado desde el Ministerio del Interior, que habló de fuerzas organizadas de fuera de la zona e incluso de la presencia de algún miembro de ETA.
Igualmente siempre negaron el componente revanchista de la actuación, lo que no casa con la conocida inscripción “Ramiro te vengamos” que exhibía una de las tanquetas (Ramiro López era un Guardia Civil que resultó herido el día anterior –rotura de brazo– en los enfrentamientos sucedidos en la vecina población de Matamorosa).
Los detenidos estuvieron horas sin atención médica ni legal y se denunciaron malos tratos y vejaciones (en menor medida en el cuartel de Torrelavega, donde fueron trasladados, ya que se trata de otro partido judicial).
La situación padecida, que excedía la naturaleza de lo laboral, hizo que se instalara en la población el sentimiento de que había que dar un paso más allá. Se crearon de esta manera nuevas organizaciones, como la Asamblea Ciudadana y la Asamblea de Mujeres, que fueron conformando la respuesta de la sociedad campurriana a la agresión soportada por la vía de la denuncia pública y ante los tribunales y la interlocución con partidos políticos (fundamentalmente Izquierda Unida, a través del diputado Nicolás Sartorius), instituciones como el Defensor del Pueblo, colectivos como la Asociación contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos, etcétera. Las acciones se multiplicaron y la solidaridad sobrepasó los límites de Cantabria.
Responsabilides penales y políticas
El 6 de mayo Gonzalo Ruiz falleció a consecuencia de la inhalación de los gases tóxicos contenidos en los botes de humo lanzados por guardia civiles a un garaje cerrado donde se refugió tras haber recibido un pelotazo de goma que le había fracturado la nariz, el día de Jueves Santo. El 7 de mayo tuvo lugar el entierro y el duelo fue generalizado en toda Cantabria.
Los sindicatos convocaron dos días de huelga general en la comarca y un paro de dos horas en toda la comunidad, con concentraciones a las doce del mediodía delante de los ayuntamientos y un minuto de silencio. Se registró un seguimiento masivo. Además de seguir pidiendo soluciones para Reinosa y su comarca ahora se exigían, también, responsabilidades penales y políticas.
El 22 de mayo compareció Luis Roldán ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados para dar su versión de lo acontecido, sin duda una de las páginas más vergonzosas de la democracia española. Una delegación de Reinosa acudió a Madrid para dar mayor visibilidad a la comparecencia, aunque su empeño fue dificultado considerablemente por las disposiciones del Ministerio del Interior.
Quizá el último gran acto reivindicativo de aquel año fue la manifestación celebrada el 3 de julio por las calles de Madrid y posterior concentración ante el Ministerio de Industria de casi 3.000 campurrianos que protestaban por la falta de avances en la negociación.
A partir de ese punto, la intensidad de las movilizaciones fue decreciendo: el expediente de rescisión de empleo de Forjas y Aceros empezó a hacerse efectivo el mes de agosto. La capacidad de respuesta se vio condicionada por factores como el cansancio de la población, el descuelgue de UGT o el propio elemento estacional. Más fortuna tuvieron los trabajadores de CENEMESA, que lograron la retirada del plan de ajuste de su fábrica.
No hubo depuración de responsabilidades políticas. Las demandas judiciales por la actuación de la Guardia Civil los días 15 y 16 de abril fueron sobreseídas, ante la imposibilidad de identificar individualmente a los autores (bajo la consideración que el derecho penal es aplicable a las personas, pero no a un colectivo).
Los 26 trabajadores de Forjas y Aceros que retuvieron al presidente de la empresa, Enrique Antolín, fueron sentenciados a multas económicas. Únicamente los dos guardias civiles identificados que lanzaron los botes de humo que causaron la muerte de Gonzalo Ruiz fueron condenados, por un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte, lesiones y daños, a seis meses y un día de prisión menor y a indemnizar a la viuda e hija del fallecido.