Entre los años 2013 y 2015, la técnica del fracking, o fractura hidráulica, constituyó un problema a nivel nacional que ocupó cientos de noticias y algunas portadas. Ahora, en la actualidad, no tiene tanta repercusión y la lucha social que se generó como oposición a estos proyectos permanece en un segundo plano.
Esta práctica, centrada en la extracción de gas de esquisto mediante la inyección de agua a gran presión, es algo con mucha historia en algunos países: en Gran Bretaña en los años 50 ya se utilizó para este mismo propósito, y en Estados Unidos da empleo a más de un millón de personas, según los datos de las empresas promotoras.
Sin embargo, son muchas las voces que explican que los problemas de esta práctica son múltiples. Según Equo, existen riesgos durante la perforación, como la posibilidad de explosiones, escapes de gas o escapes de ácido sulfhídrico (muy tóxico), la contaminación de acuíferos, la contaminación del aire, terremotos o simplemente la especulación económica que deriva de ello.
En España, las empresas involucradas en el fracking son tanto nacionales como extranjeras. El permiso Luena, de más 70.000 hectáreas de extensión, era propiedad de RIPSA (Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A). El permiso de Bezana-Bigüenzo, de más de 140.000 hectáreas, tenía una fuerte participación tanto de Gas Natural Fenosa como de Repsol, según explican desde la plataforma 'Fractura Hidráulica No'.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA) cuenta con numerosos permisos “ya extinguidos”, algunos de 2008 o 2009. Otras empresas, como Montero Energy, filial de R2 Energy, tienen su sede en Canadá; o BNK Petroleum, con participación en el permiso Arquetu, está afincada en Estados Unidos.
Lucha social
En nuestro país, el movimiento ciudadano contra esta práctica movilizó a miles de personas por todo el territorio. Las plataformas contra la fractura hidráulica son muchas: Cantabria, Vitoria, La Rioja, Andalucía o Navarra, entre otras, son algunos de los territorios que cuentan con una fuerte actividad ante la extracción del gas de esquisto.
“Estos son permisos que afectan a muchas zonas rurales”, dice Carmen González, de la asamblea 'Fractura Hidráulica No', a eldiario.es. Comenta que la clave reside en mantener a la gente de los pueblos y los ayuntamientos informados, y que han sido estos los que han ejercido influencia nivel regional: “Esa presión ha servido mucho, muchísimo, y ha ayudado a que salga en la prensa”, insiste.
“Solo tienes que mencionar el tema del fracking a cualquier persona de zonas afectadas por los permisos que existían, o que existen todavía, y lo tienen clarísimo, lo tienen clarísimo desde el conocimiento”, comenta González, añadiendo que “la gente sabe qué implica, qué desastre nos puede ocasionar tener una industria como esta en el territorio en el que habitas”.
Desde la asamblea explican que es habitual que las empresas realicen estudios de riesgos para evaluar las posibilidades de fracking en una zona determinada, y cómo sería acogida por los vecinos afectados. Desde este colectivo cuentan cómo en un estudio, “a pesar de que España no estaba incluida”, la plataforma 'Fractura Hidráulica No' fue destacada “porque lo consideraban una herramienta que la gente podía tener acceso a ella para posicionarse en contra”. “Es muy importante la lucha de la gente, fuera de toda duda”, sentencia González.
La situación actual
A nivel nacional hablan sobre las dificultades que entraña. “En la mayoría de territorios sucede como en Cantabria, las empresas han ido abandonando con argumentos como el de que no tienen ahora necesidad de trabajar en España el tema del fracking”, aclara.
No obstante, a finales del año 2016, en Asturias, HUNOSA solicitó un permiso para la extracción de gas de esquisto. En Murcia y Soria también hay sondeos solicitados, “pequeñas cosas, los grandes permisos ahora mismo están en el limbo y en el mejor de los casos archivados, caducados o renunciados”, relata González.
Este mes de julio se denunciaron “irregularidades” en los permisos Bezana y Bigüenzo, en Cantabria, la solicitud para archivar estos permisos llegó hasta la Delegación de Gobierno. “No hemos tenido ninguna noticia, así que no sabemos exactamente cuál es la situación”, dicen desde la asamblea, explicando que algunas de esas concesiones están “absolutamente caducadas” desde principios de 2015. “El sondeo en Valderredible lo hicieron en 2016, pero lo han hecho totalmente fuera de plazo y por lo que sabemos tampoco les dieron prórroga de ningún tipo”, añaden.
Carmen González explica también que cuando un permiso ha caducado, en teoría es la Administración la que debería cerrar el trámite de oficio, aunque esto no funciona en todos los casos. “No es algo habitual si no lo pide una entidad o un ciudadano, nosotros lo hemos pedido cientos de veces y seguimos sin saber ninguna noticia al respecto”.
“Han cambiado las leyes en estos cinco o seis años desde que sabemos que existe el fracking, las han modificado a favor de las empresas de tal modo que ahora mismo los permisos que están caducados y archivados no podrían hacer nada”, dicen desde la asamblea.
El 29 de marzo de 2016, el Congreso aprobó un veto sobre el fracking en España. Con la abstención de Cs y el voto en contra del PP, que había incentivado su práctica durante la anterior legislatura, el resto de partidos políticos apoyaron una proposición no de ley que vetaba la utilización de esta práctica.
“Los partidos y los gobiernos, que hagan su trabajo y nosotros el nuestro, que es mantenernos informados y conocer cuál es la situación, estar pendientes, seguir hablando con la gente y, si hace falta, volver a salir”, advierte González.
El futuro del fracking
En España hay zonas de gran extensión donde la extracción de gas de esquisto es un negocio a largo plazo, donde es muy probable que haya rentabilidad. Lugares como la zona de la Cuenca Vasco-Cantábrica, se prestan a este tipo de prácticas. En Cantabria, por ejemplo, los permisos concedidos a principios del 2010 sumaban cientos de miles de hectáreas.
El permiso Galileo fue solicitado a finales de 2012. En ese momento la plataforma contra el fracking ya estaba en funcionamiento y “se presentaron multitud de quejas por parte de la ciudadanía, del ayuntamiento, de juntas vecinales, de asociaciones, aquello fue espectacular”, rememora. Desde entonces, no han sabido nada, “no han movido ficha, está totalmente fuera de plazo, como el resto. Es territorio que se queda ahí por si alguien lo quiere. Porque claro, no lo hemos protegido de ninguna manera, simplemente se ha librado de ese permiso”, explica.
El problema reside en que los permisos pueden volver a ser expedidos. “Ellos ya saben que hay posibilidades de encontrar materiales a través de los sondeos y los trabajos previos. Entonces, más tarde o más temprano, cuando les venga bien, nos darán de nuevo el zarpazo o lo intentarán”, concluye González.