Hostigamiento y represión ante la respuesta cívica a los asesinatos
En mayo de 1981, meses después del intento frustrado de golpe de Estado del coronel Tejero, se produjo un incidente que horrorizó a la opinión pública. Un teniente coronel de la Guardia Civil procedió a la detención, interrogatorio, tortura y ejecución de tres jóvenes residentes en Santander, a quienes había confundido con miembros de un comando de ETA. Los hechos ocurrieron en la localidad de Almería a donde las víctimas se habían trasladado para participar en una celebración familiar y los restos aparecieron en Gérgal.
Con el miedo metido en el cuerpo tras la intentona golpista y a la espera de un juicio por la vía militar ante el que mucha gente era escéptica, el caso Almería vino a poner un poco más de desconfianza y tensión social. El establecimiento de las libertades democráticas se hizo sin haber depurado ningún tipo de responsabilidad por los crímenes y atropellos cometidos durante la dictadura. Quienes antes apaleaban y torturaban pasaron a ser sirvientes del nuevo modelo político y, de un modo u otro, era previsible que hechos como los comentados pudieran producirse.
En aquellas fechas ya se había esfumado buena parte de la euforia movilizadora que había caracterizado los primeros años tras la muerte del dictador. Para entonces, el llamado desencanto se había instalado en la sociedad y la nueva dinámica política se alejaba de lo que habían sido los anhelos de la Transición.
Todo esto tuvo su repercusión en las fuerzas políticas y, de hecho, algunas de las que se habían desarrollado en los últimos años de la dictadura habían desaparecido al no ser capaces de adaptarse a la nueva situación. Otras resistían y, en la medida de sus posibilidades, intentaban mantener en alto las reivindicaciones pendientes al tiempo que alentaban nuevas formas de movilización social aprovechando las libertades recién implantadas.
En el caso de Almería, una de esas fuerzas resistentes era la UCCO (Unión Comunista-Comités Obreros) que impulsaba la movilización de la clase trabajadora a partir de un pequeño sindicato, las Plataformas de Lucha Obrera (PLO). Esta organización, que hundía sus raíces en la época de la dictadura, había manifestado un rechazo global al nuevo marco político por no ser la solución para las necesidades de la clase obrera, según sus propias palabras.
Esto les llevó a no participar en las elecciones y pedir la abstención. Quizás esta actitud de rechazo facilitó que durante el período que va desde el asesinato de los tres jóvenes en Almería hasta el juicio, sus militantes fueran constantemente hostigados y sufrieran una campaña de desprestigio basada en la idea, difundida por los poderes fácticos del momento, de que se trataba de un grupo que colaboraba con los terroristas.
Aunque durante la época del franquismo Almería no había sido un lugar caracterizado por la lucha y resistencia a la dictadura, la sociedad almeriense inició un proceso de movilizaciones durante la segunda mitad de la década de los setenta que rompió la paz social impuesta por la dictadura: la muerte del joven Javier Verdejo por disparos de un guardia civil mientras realizaba una pintada, y huelgas en la construcción, entre los pescadores del puerto y el profesorado no numerario (PNN) fueron los momentos más importantes de la movilización social.
El caso Almería
El caso AlmeríaEl asesinato de los tres jóvenes causó gran conmoción en la ciudad y pronto se abrió paso la idea de crear un Comité de Apoyo a la familia de Juan Mañas, natural de Pechina. Desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el inicio del juicio, un año después, se organizaron diversas actividades para denunciar lo ocurrido y pedir castigo para los culpables. En esa campaña, las PLO y UCCO jugaron un papel importante hasta tal punto que acabó provocando la intervención de la policía y efectivos de la Guardia Civil contra sus dirigentes locales y el asalto de su sede los días 22 y 23 de junio de 1982.
La respuesta ciudadana incluyó diversas actividades como la instalación de un monolito en el lugar en el que aparecieron los restos carbonizados de los jóvenes. Se dieron charlas con el objetivo de denunciar el caso y recoger firmas pidiendo responsabilidades; se intentó organizar un festival de apoyo a la familia que fue prohibido por las autoridades y acabó con varias detenciones; se ofreció apoyo moral y político a los familiares sometidos a una campaña de acoso y calumnias y se convocó a la población a que asistiera al juicio, algo que no fue permitido por las autoridades: ni los vecinos de la ciudad ni la propia madre de Juan Mañas pudieron estar presentes en la sala cuando declararon los encausados.
Las PLO y UCCO se significaron tanto en esta campaña que se convirtieron en el blanco de un operativo policial contra sus dirigentes y locales. Uno de ellos, José García, Pepe el barbero, tuvo que huir de la ciudad durante varios días para evitar el acoso policial. Los poderes fácticos se movilizaron para evitar la condena hostigando a familiares, al abogado de la defensa, Darío Fernández, y a quienes desde la sociedad civil intentaron levantar la voz contra aquellos asesinatos. Todavía en 1984 el cine Regio de Granada fue incendiado cuando se iba a estrenar la película de Pedro Costa titulada El Caso Almería.
