El edificio Isabel II: un ejemplo más del urbanismo basado en intereses personales que reconstruyó Santander

Cualquier persona que pasee por Santander puede ver solo con mirar hacia arriba que muchos de los edificios que conforman la ciudad han sido descaradamente ampliados con áticos y retranqueos. Y aunque hoy en día resulte impensable levantar una nueva planta en una construcción sin avisar previamente a la Administración y sin contar con la aprobación de expertos, lo cierto es que durante la dictadura franquista no resultaba tan escandaloso.

El urbanismo caprichoso que llegó con la reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941 escenificó cómo los intereses personales podían prevalecer sobre la seguridad de los edificios. Y todavía Santander continúa sufriendo los males que se fraguaron en esa época.

Historia de Isabel II

El pasado mes de junio, una de las construcciones civiles más céntricas de la capital cántabra -al lado del Ayuntamiento- fue desalojada “por riesgo de seguridad”, tal y como indicó el portavoz municipal, Javier Ceruti. En este edificio de la calle Isabel II nadie presagió en ese momento que el riesgo de derrumbe podía ser el colofón a años de imprudencias urbanísticas efectuadas durante la dictadura.

Todo comenzó tras el incendio de la ciudad en 1941, cuando la capital requirió de un plan de reconstrucción que devolviese la vida a una zona devastada por el fuego. El edificio de Isabel II, bautizado tras el incendio como parcela 112 de la manzana XVIII, fue adquirido por Juan Fernández Losada, hijo de un torrelaveguense que había hecho fortuna con el tabaco en San Juan de Puerto Rico y a quien el investigador Andrés Hoyos -en su libro 'De comerciantes y para comerciantes: El Banco de Santander 1857, 1874' atribuye “haber participado ocasionalmente en el tráfico de esclavos” junto con Francisco de Villegas.

En su proyecto de obras, firmado el 8 de septiembre de 1945 y disponible en el Archivo Municipal de Santander, se determina que el edificio se compondrá de siete plantas sin ático, tal y como indicaban las ordenanzas de construcción realizadas por el Ayuntamiento en noviembre de 1942. Por el contrario, en la actualidad tiene ocho pisos, más entresuelo, además de la entreplanta de los locales comerciales. Es decir, que excede claramente el volumen autorizado. 

Pero de esto ya se dieron cuenta unos años después de su construcción. En concreto, el 4 de noviembre de 1953 el aparejador de obras del Ayuntamiento envió una carta al alcalde, Manuel González Mesones y Díaz, en la que le indicaba que en este edificio de Isabel II se habían levantado dos plantas más de las autorizadas. El técnico se había dado cuenta al realizar la inspección de que se había efectuado una obra superior a la permitida en 950,82 metros.

El regidor decidió enviar una carta un día después al constructor (Construcciones Ibáñez), en el que se le indicó que debía pagar una sanción de 9.983,50 pesetas. Cabe señalar que la obra costó 1.500.000 pesetas, por lo que parece una minucia comparado con el beneficio que se le podía sacar a dos plantas más para la venta.

Entretanto, el aparejador de obras decidió volver al edificio -no se esclarece por qué razón en las cartas del Archivo consultadas por elDiario.es- y comprobó que el informe que envió al alcalde para iniciar la denuncia sufrió un error. Finalmente, la construcción supera al proyecto aprobado en 831,90 metros y no en 950,82, por lo que el alcalde vuelve a enviar una carta a Construcciones Ibáñez en la que rectificó la sanción y rebajó la multa a 8.734,95 pesetas.

Una sanción que, sin embargo, no hizo que al Ayuntamiento reclamara un informe de estructura para reforzar los cimientos y evitar posibles problemas futuros. En el proyecto de obras del edificio se ve cómo van añadiendo los áticos y retranqueos con un lápiz y sin llevar a cabo más modificaciones. La Administración no lo prohibió en ningún momento, simplemente interponían multas ínfimas que no mejoraban la seguridad de las instalaciones.

Ahora, y tras conocer los problemas que ha podido desencadenar -entre otras cosas- esa imprudencia, algunos atribuyen el abuso en las alturas a que el edificio presente riesgo de derrumbe puesto que su estructura, y así se especifica en los planos, siempre estuvo preparada para siete alturas y no nueve como hay en la actualidad.

El libro 'La reconstrucción urbana de Santander', de Ramón Rodríguez Llera, habla precisamente sobre esas “confabulaciones que hacen levantar siete pisos cuando solo se permitían cuatro y ático, o retranquear triplemente estos hasta alcanzar diez alturas”.

En la obra destaca, entre muchos otros, el caso del antiguo Banco Hispanoamericano de la ciudad, que en su proyecto indica que tendrá ocho plantas y un ático retranqueado, cuando legalmente solo se podían levantar siete plantas y un ático. Y es que este caso solo es otro más de los muchos que se pueden ver en la ciudad con solo mirar a las alturas.

Expropiaciones forzosas y abusos generalizados

Asimismo, y en otra muestra del poder franquista, tras el incendio de 1941 las autoridades de la dictadura expropiaron todas las parcelas -afectadas por el fuego o no- y las subastaron posteriormente. El decreto que lo permitió fue aprobado el 1 de mayo de 1954 y uno de los muchos lugares afectados fue la finca número tres de la Calle Cuesta.

En uno de los documentos consultados por elDiario.es en el Archivo Municipal de Santander, el alcalde indica a los titulares de la finca que tienen un plazo de cinco días para decidir si la expropiación que se les va a aplicar se refiere solamente a los derechos relativos a la porción del solar que les pertenece, o si por el contrario prefieren que la expropiación alcance “la totalidad de sus derechos arrendaticios”.

Otro ejemplo de los abusos de la época reside en una carta enviada por Manuel Urbina Carrera -gobernador franquista afincado en Cádiz e hijo de Julián Urbina Carrera, exalcalde de Torrelavega- al alcalde de Santander. En ella, además de hacer gala de la amistad que les une, incita al alcalde Mesones a “reflexionar” sobre la vulneración de las ordenanzas -consultándoselo previamente al Ministerio de Vivienda- para adaptarse al caso de una finca de Ruamayor que no termina de venderse “porque los licitadores quieren un número mayor de alturas” en los edificios. 

Y es que era normal que los interesados en la reconstrucción, en lugar de comunicarse mediante instancias oficiales con el Ayuntamiento, escribiesen cartas manuscritas al alcalde pidiendo favores.

“Supongo que el contratista esté realizando gestiones para que se autoricen, remetidas, dos plantas más sobre lo establecido por la ordenanza, para no desentonar con el edificio contiguo de Casanueva”, solicitó al alcalde Mesones con desconcertante franqueza un responsable de Falange, adjudicatario de dos solares en la calle Cuesta junto al del promotor Daniel Casanueva, que hoy se corresponde con el número 6 de la calle Calvo Sotelo. La carta manuscrita también se conserva en el Archivo Municipal de Santander.