Prostitución y trata, dos caras de una misma moneda

Según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, dos de cada tres víctimas de trata son mujeres. En España, la Policía Nacional estima que el 70% de las mujeres que ejercen la prostitución sufren esta lacra.

Esta cifra, según Lourdes Jiménez, encargada de gestionar los proyectos de mujeres víctimas de trata en la ONG Nueva Vida, sí se puede extrapolar a Cantabria, y matiza que “seguramente” sea más alto, ascendiendo al 80% o 90% de prostitutas esclavas. “Una cosa son las presuntas víctimas; otra, la explotación sexual y otra, lo que puede identificar la Policía como víctimas de trata”, sostiene.

Una de las principales características de esta forma de esclavitud es que el desplazamiento de las víctimas puede producirse dentro del mismo país. Esto lo diferencia del tráfico de personas que implica el traspaso de fronteras y la liberación de las personas al pasar de un país a otro, explica Jiménez.

Con la crisis ha aumentado el número de mujeres españolas y, en especial, es “alarmante” el crecimiento de las víctimas menores, señala Marisol Payá, integrante de la Red Cántabra Contra la Trata y la Explotación sexual. En relación con esto, admite que, en general, “los datos bailan mucho”, pero “está claro” que el 90% de las mujeres en esta situación son extranjeras.

Desde el 2007, la asociación cántabra cuenta con cuatro plazas en un piso destinado a las víctimas que denuncian su situación. La propiedad de este apartamento es de la iglesia evangélica Nueva Vida y desde sus inicios se ha utilizado para atender a mujeres víctimas de trata o a prostitutas.

En 2008, el Gobierno de Cantabria reconoció la necesidad de un programa integral, por lo que optó por destinar algunas plazas para estas mujeres y suscribir un convenio de colaboración, relata Jiménez. Al cambiar de gobierno, en 2011, la ONG se quedó sin ayuda institucional, aunque Nueva Vida continuó trabajando en esta línea. En 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dio una subvención, que hasta la fecha sigue vigente.

Durante este 2017, han pasado cinco mujeres víctimas de trata por los apartamentos, todas extranjeras. Ambas insisten en que el número es variable, incluso hay veces que el piso está vacío, aunque el personal esté disponible. Payá subraya que la vivienda sirve también para acoger a mujeres de otros lugares de España: “Si ellas acceden, lo mejor es cambiarlas del lugar donde hayan estado ejerciendo la prostitución”. De hecho, este año, de las cinco mujeres, solo una había estado en Cantabria.

En cuanto a las nacionalidades, tanto Jiménez como Payá coinciden en que la mayoría son paraguayas, brasileñas o dominicanas; también llegan desde Rumanía o de Nigeria, concretamente de la ciudad de Benín. Además, en los últimos años ha aumentado el número de mujeres venezolanas y colombianas. A este respecto, la integrante de la red contra la trata explica que se debe a que estos países no necesitan visados, por lo que es “más fácil” traerlas a España.

Objetivos y programas

La Red Cántabra contra la Trata y la Explotación Sexual está formada por diversos colectivos sociales y personas a título individual de la región desde 2003. Su tarea principal, matiza Marisol Payá, se centra en la sensibilización y la denuncia de esta lacra con el objetivo de que sea conocida por la sociedad. Tres años después de la puesta en marcha de este proyecto, consiguieron integrarse en la Red Nacional contra la Trata.

Desde sus inicios han llevado a cabo diferentes charlas dirigidas a autoridades del orden público, responsable políticos, agentes sociales y personas de a pie. Actualmente, están realizando talleres de concienciación en institutos, entre los cursos de 4º de la ESO y Bachiller, y en algunas facultades de la Universidad de Cantabria.

Dentro de este plan de sensibilización, resaltan el papel que tienen los clientes o prostituidores en este tipo de desigualdad de género. Nueva Vida calcula que diariamente en España 1.500.000 hombres pagan por tener sexo y Payá insiste en que “con su demanda, alimentan y mantienen la trata, un negocio que no para de crecer”.

Asimismo, desde estas asociaciones se está presionando también a las instituciones para que reformen las leyes: “Algo fundamental es que legislación sea clara, transparente y que permita la actuación”, critica Marisol Payá. Además, insiste en que “malamente vamos a tener claro las leyes para actuar bien si no tenemos claro si queremos regular la prostitución o no”, algo que, según ella, no es la solución ya que, en el caso de legalizarla, no se reduciría la trata, como ha sucedido en Alemania y Holanda.

A nivel nacional, la trata se recoge en el el artículo 177 bis del código penal, regulado en 2010 y con una reforma en el 2015, como consecuencia de las presiones de Europa. Tras este pequeño avance, Payá explica que las asociaciones que luchan contra esta lacra piden al Gobierno que realice una ley integral contra la trata, en la que se recoja todos los fines: explotación sexual y laboral, tráfico de droga o venta de órganos, entre otros.