El debate sobre la legalidad de los pisos turísticos sigue dando coletazos en Cantabria. Desde 2013 se han registrado 2.542 denuncias contra este tipo de alojamientos, la mayoría de ellas interpuestas por la Asociación de Turismo Rural de Cantabria (ATCR). De ellas, más de la mitad, 1.385, han sido archivadas por errores al denunciar (al final resultaron ser legales) o por haberse dado de alta tras la denuncia y comenzar a funcionar legalmente. “Se les da esa oportunidad”, señala Jesús Blanco, presidente de la Asociación. Estos alojamientos, que proliferan en las páginas web y en las ciudades -en Santander ya hay 2.000, cifra Blanco- y tienen, en general, precios más competitivos, carecen aún de regulación legal concreta en Cantabria y el decreto que los regulará está aún en fase de borrador.
Las 1.013 denuncias que han sido efectivas han supuesto sanciones por valor total de 601.451 euros a los que infringen las leyes. La sanción media coincide con el importe mínimo sancionable, que es de 600 euros, y las multas pueden ir hasta los 1.200 euros. El presidente de la ATRC reconoce no saber cómo se calculan las sanciones, pero tiene la percepción de que la Administración es benévola con los nuevos pisos turísticos ilegales y se vuelve más exigente con aquellos que reinciden y les aplica multas más elevadas. En el caso de las páginas web que recogen las ofertas de estos pisos, Blanco reconoce, eso sí, que algunas sí están colaborando e intentando mejorar las cosas.
El precio de estos pisos turísticos es más competitivo. Se ofertan en las mismas webs que los alojamientos tradicionales o en otras páginas de economía colaborativa. Estas han tenido un boom en los últimos años y, en la mayoría de ocasiones, han traído tras de sí alguna polémica por su regulación, como ocurrió con el caso de los taxis.
Blanco lo tiene claro: “Son más baratos porque no pagan ningún impuesto, ni cumplen ninguna ley que conlleve gastar dinero”. Los empresarios de turismo deben cumplir con obligaciones como el pago de impuestos y tasas, que conllevan un gasto de hasta 6.000 euros al año, según el presidente de la Asociación de Turismo Rural. En cambio, en el caso de las viviendas de uso turístico se trata de particulares que ofrecen alquilar sus casas completas o habitaciones libres.
El plan de la Asociación de Turismo Rural es chequear todas las páginas web que ofertan pisos turísticos y comprobar si esos alojamientos están o no en el registro oficial de la Comunidad.
Una de las particularidades que tiene Cantabria es su tamaño y la proximidad del campo y la ciudad. En este sentido, Blanco explica que aunque los pisos turísticos estén en la ciudad, “al mundo rural le perjudican bastante porque va a ser más barato quedarse en Santander y es posible desplazarse, por la cercanía”.
Medidas legales en fase de borrador
Desde agosto de 2017 se está tramitando el decreto que regulará estas “viviendas de uso turístico”. El borrador, según señala la Consejería de Turismo a preguntas de este diario, está en fase de consulta en las Consejerías del Gobierno de Cantabria y obligará al registro en Turismo del inicio de actividad, el cumplimiento de los requisitos de mínimos de infraestructuras y documentación legal, que es una de las quejas de Blanco. “Estas casas no tienen extintores, no se acogen a la Ley de Protección de Datos...”, afirma.
Con esta nueva norma, también estarán obligados a tener un registro de clientes y de visitantes para contabilizarlo como viajeros llegados a Cantabria, además de un seguro de responsabilidad civil.
Para Blanco, esta regulación es más flexible que la que se aplica a los establecimientos hoteleros y se pregunta si se podrán acoger a ella “para ahorrarse cumplir con normativas e impuestos, tasas...”. Si tiene ventajas económicas, no encuentra el motivo por el que no puedan estar todos regulados por ese decreto.
En otras comunidades como Andalucía ya se ha tratado el tema de la regulación de las viviendas de uso turístico. El caso andaluz es un término medio entre la prohibición, como ocurre en Baleares, y la carencia de normas reguladoras. Tiene puntos en común con el borrador cántabro, como la obligación de un registro.
Cantabria tuvo en 2017 un récord de turistas: casi 2 millones de viajeros y 5,5 millones de pernoctaciones, según datos de la Consejería de Turismo. Con estas cifras, si llega la regulación, las diferentes ofertas turísticas podrán compartir y repartir el mercado y adaptarse a toda la demanda, como señala Blanco, “en mayor igualdad de condiciones”.