“Hoy en día hay un reconocimiento social al movimiento ecologista que va aumentando a medida que también lo van haciendo los problemas medioambientales del día a día en España y en el mundo”. Así lo pone de manifiesto Floren Enríquez (Torrelavega, 1955), maestro e integrante de Ecologistas en Acción, que dispone de una amplia trayectoria en la lucha activa en defensa del medio ambiente.
Cuenta en una entrevista a eldiario.es que comenzó su acercamiento al ecologismo hace más de treinta años, en las movilizaciones de las dunas de Oyambre, origen de este movimiento en Cantabria, que “ha evolucionado mucho a nivel organizativo y de sociedad”.
“Antes apenas había una demanda o una preocupación social y ahora eso se ha extendido en diferentes grados”, explica. Destaca que hoy en día hay diversas organizaciones de esta índole, “desde las que se dedican a realizar actividades en defensa del medio ambiente hasta las más reivindicativas, como Ecologistas en Acción, con una pretensión de defensa más activa o más reivindicativa”.
Enríquez, que ofrecerá una ponencia el próximo 18 de octubre dentro del ciclo 'Militancias', asegura que “es difícil escoger la principal preocupación” a la que tiene que hacer frente la lucha ecologista. No obstante, pone el foco en el cambio climático, una problemática “patrimonio de todo el mundo”.
“A veces lo vemos como algo muy lejano, pero lo tenemos aquí a nuestro lado y notamos sus consecuencias”, expone Enríquez, al tiempo que recalca que “constantemente lo estamos alimentando con nuestra actividad diaria”. Señala al transporte y a la energía como asuntos muy ligados a este problema a los que “no les damos la suficiente importancia”.
“Oímos que se reúnen convenciones de científicos en todo el mundo, que hay planes y estrategias para frenar el cambio climático y para mitigarlo, pero realmente, en el día a día, da la sensación de que no las percibimos”, subraya.
Por otro lado, hace hincapié en la contaminación a causa de los residuos. “Cada vez generamos más y los niveles de recuperación son muy bajos, se están agotando los vertederos y una parte importante de esos desechos se dejan libres y se lanzan a la atmósfera, a la tierra o al agua sin ningún control”, lamenta.
En el caso de Cantabria, recuerda los casos recientes en los que se ha visto afectada por la contaminación del agua. “A estas alturas los sistemas de depuración deberían llegar a todas las esquinas de la comunidad y eso no está sucediendo”, denuncia Enríquez.
Como aspecto positivo señala que “cada vez más personas y más colectivos son conscientes de que están pasando cosas que se deben a una acción cuyas consecuencias no se piensan”. Así pues, actualmente según resalta este activista, “se reclama un mayor apoyo, defensa y colaboración con los grupos ecologistas a nivel estatal y de Cantabria en particular”.
“Mucha gente se nos acerca, nos felicita, nos pide ayuda, mucha más que hace años, lo que denota que hay una sensibilidad que antes no existía”, subraya este ecologista licenciado en Magisterio. Sin embargo, lamenta que cuando nos enfrentamos a problemas “más grandes”, nos encontramos una Administración pública “muy lenta y que no cumple sus funciones de cara a la sociedad y a los problemas ambientales como creemos que debe de cumplir”.
La sensibilización social es un aspecto fundamental para que las reivindicaciones de los colectivos ecologistas se hagan efectivas y se les dé la importancia que requieren. Para ello, existen diferentes mecanismos. Están los que realizan los propios grupos que acumulan su experiencia y sus medios para actuar y llegar a la gente, y los de la propia Administración que busca colaboración con los planes Provoca.
“Hoy en día cantidad de gente está participando en ellos”, relata Enríquez, el problema es que “la propia Administración convoca esas acciones de voluntariado pero son los responsables de muchos problemas ambientales que se están produciendo en Cantabria”.
Pone de manifiesto que “no controlan como deberían hacerlo”, por ejemplo, las emisiones de cantidad de actividades que se llevan a cabo y que contaminan el suelo, el agua y el aire. “Hay muchos mecanismos pero no todos van en el mismo sentido y muchos son contrapuestos”, sostiene. “La Administración abre un campo interesante para quien desee colaborar y participar en la mejora del medio ambiente y, sin embargo, son ellos los que están llevando a cabo acciones en su contra”, sentencia.
Por otro lado, Enríquez afirma que es difícil comparar cómo de activo es el movimiento ecologista en Cantabria respecto al resto de España. Sin embargo, asegura que para el conjunto de la población de la comunidad, unos 600.000 habitantes, “el porcentaje de personas organizadas, con actividad y con interés, es proporcionalmente mayor que en otras zonas más pobladas”.
“No sé si es por la proximidad o por la cercanía que se genera en una comunidad como Cantabria donde hay mucha variedad de núcleos que están muy próximos unos a otros”, argumenta, lo que permite “un nivel de comunicación que en grandes urbes, quizá por la propia estructura, dificulta la comunicación”, apostilla.
Asimismo, pone el foco en la responsabilidad que tienen las empresas con el cuidado del medio ambiente. “Si ellas mismas se autorregulasen habría muchos menos problemas, pero eso no está sucediendo”, lamenta. Para que regulen sus actividades en este sentido, “tienen que llegar una serie de denuncias, controles o amenazas de sanción”, atestigua este activista.
“La responsabilidad es de Solvay”
Cuestionado por la situación que vive la planta de Solvay en Torrelavega, después de que el Gobierno le denegara una moratoria para seguir produciendo cloro con la técnica del mercurio, asegura que “la única responsabilidad es de la propia factoría por no haber previsto y no haber tenido como objetivo renovar su sistema de producción con tecnologías más adecuadas”.
“Si quiere tirar para adelante tendrá que solicitarlo como cualquier otra empresa y tendrá que construir esa nueva factoría con el concurso de la empresa portuguesa”, ratifica. “Los lamentos, las denuncias e incluso la connivencia que ha habido por parte de la Consejería de Medio Ambiente, que un primer momento le dio la autorización para seguir utilizando mercurio, fue un error que denota la baja calidad ambiental que existe en las Administraciones y en algunas empresas”, asevera.
“Solvay tiene capacidad para absorber todos los puestos de trabajo porque tiene una gran cantidad de personal pendiente de prejubilación y jubilación, es decir, no crearía problemas de despidos”, explica.
Finalmente, Enríquez destaca que “no tenía mucho sentido forzar la ley porque iba a caer por su propio peso” y relata que dentro de la propia empresa “hay secciones sindicales que estaban en contra de la moratoria”. “Hay que trabajar con años vistas, generalmente las empresas lo suelen hacer, pero en este caso fue un error de cálculo de Solvay y tiene que asumir ese error y rectificar”, concluye.