El grupo parlamentario plurinacional Sumar ha reclamado al Gobierno central los cambios legislativos necesarios para que las víctimas de la “violencia policial” del 'caso Almería' sean reconocidas como víctimas del terrorismo, sentido en el que han pedido al Gobierno que detalle las medidas que se están tomando a cabo para modificar la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
El Parlamento de Cantabria ya homenajeó en 2018 a las víctimas del Caso Almería, en un acto promovido por el colectivo Desmemoriados en el que se instaba al Gobierno de España a “iniciar los cambios legislativos necesarios y oportunos” para que todas las víctimas de terrorismo, incluyendo las de violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales, sean reparadas y reciban la consideración y protección“ que corresponde a esta condición.
Ahora, el portavoz del grupo parlamentario Sumar, Íñigo Errejón, ha trasladado en el Congreso de los Diputados una batería de cuestiones sobre la modificación legislativa tras el reciente cumplimiento de los 43 años del crimen de los jóvenes Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan Mañas Morales, quienes fueron “brutalmente” asesinados por la Guardia Civil tras ser erróneamente identificados como miembros de ETA el 10 de mayo de 1981.
Los cuerpos de los tres residentes en Santander, que emprendieron el viaje para acudir a la comunión del hermano de uno de ellos, aparecieron al día siguiente de su detención calcinados en el interior del vehículo en un paraje de Gérgal (Almería) tras haber sido torturados.
En la iniciativa rubricada también por el diputado Nahuel González y consultada por Europa Press, el grupo parlamentario se interesa además por los pasos que se han dado hasta ahora para asegurar un relato oficial “fiel a los hechos” del 'caso Almería' así como por la fecha en la que se pondrá en marcha la comisión técnica que lo estudiará.
Desde Sumar han incidido en la necesidad de aplicar los cambios legislativos para reconocer a las víctimas de la violencia policial, de los grupos de ultraderecha y los grupos parapoliciales como víctimas del terrorismo y, por otro lado, la asunción de responsabilidad por parte del Estado y de la Guardia Civil, “quienes deben asumir plena responsabilidad y pedir perdón formalmente a las víctimas y sus familias”.
En este sentido, ha incidido en que el 'caso Almería' representa uno de los episodios “más oscuros y vergonzosos” de la Transición española ante el cual las familias de las víctimas “han mantenido una lucha incesante durante más de cuatro décadas, en busca de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
“A pesar de sus esfuerzos, los avances han sido limitados y fragmentarios”, han expuesto al señalar que “sólo tres de los once guardias civiles implicados fueron condenados, cumpliendo sus penas en condiciones privilegiadas, lo que pone de manifiesto un cumplimiento parcial de los principios de justicia”.
Según Sumar, para alcanzar una reparación completa es “crucial” abordar tanto el cambio legislativo demandado como la asunción de responsabilidad por parte del Estado y la Guardia Civil, más allá de la “serie de declaraciones institucionales y actos de disculpas” que han tenido lugar en los últimos años.
En concreto, fue el 20 de enero del pasado año cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, pidió perdón “desde el corazón del Estado” a los familiares de Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero en un acto con la entonces directora de la Guardia Civil en el que se entregó a sus familiares unos diplomas de reparación.
El grupo parlamentario ha reconocido, no obstante, “avances significativos” entre los que destacan el nombramiento de Zoraida Hijosa como directora general de Atención a las Víctimas y la creación de comisiones gubernamentales para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
“En este contexto, es imperativo adoptar medidas concretas y urgentes para garantizar que se cumplan plenamente los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en relación con el 'caso Almería'”, ha añadido de cara a conseguir “respuestas claras y específicas sobre las acciones y compromisos asumidos por el Estado en este sentido”.