El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, una jornada de reivindicación aun más necesaria si cabe ahora como consecuencia de los efectos producidos por la pandemia de la COVID-19. Y es que durante este periodo, la Asociación Cántabra Pro Salud Mental (ASCASAM) ha percibido un incremento notable de personas que han acudido solicitando apoyo psicológico a sus profesionales. Para su presidente, Ignacio Fernández Allende, las desigualdades económicas, de género o geográficas son las causantes de la mayor parte de los trastornos. Como ejemplo, apunta en conversación con elDiario.es que “el 10,7% de la población consume tranquilizantes o pastillas para dormir y el porcentaje de mujeres dobla al de hombres”. “Hay que tratar de atajar las desigualdades que existen y que provocan una brecha en la población”, remarca.
¿Cómo ha afectado la pandemia, desde su punto de vista, a la salud mental de la ciudadanía?
La pandemia, y ahí están las estadísticas oficiales de Salud Pública, ha tenido una repercusión importantísima fundamentalmente en una población infanto-juvenil, multiplicándose los datos de atención en las unidades de salud mental.
En concreto, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que se detectan actualmente?
Hay un grave problema de ansiedad y de estrés, y de otros que son generados por los problemas laborales y de convivencia durante tanto tiempo en las viviendas, porque a veces se resienten los grupos familiares.
Es decir, ¿el factor económico es una de las principales causas que motivan los trastornos de salud mental?
Influye sensiblemente, no nos engañemos. La desigualdad económica es uno de los temas que tratamos en el Día Mundial de la Salud Mental. Supone un factor determinante.
Entre el 70 y el 80% de las personas que han perdido su vivienda o tienen dificultades para pagar su alquiler o hipoteca presentan problemas de salud mental
Además del sector infantil y juvenil, ¿hay algún otro grupo de edad que se vea especialmente afectado?
El de mayores. Son los dos grupos más afectados. Respecto al primero, hay que tener en cuenta que un confinamiento como el que hemos tenido ha afectado mucho a personas que necesitan un desarrollo social y formativo, como ocurre en niños y adolescentes.
¿Y hasta cuándo se notarán las consecuencias?
Cuando se vuelva a la normalidad completamente y cuando la gente tenga una seguridad económica, laboral, sanitaria y social.
¿Han notado que a su asociación se ha dirigido más gente con problemas de este tipo en el último año y medio marcado por la COVID-19?
Sí, por supuesto, es evidente. Durante la pandemia, ASCASAM puso en marcha un sistema de atención telefónico de psicología. Comenzamos con dos profesionales y los incrementamos hasta 11. Al acabar el confinamiento, como cualquier persona podía acudir de forma presencial, dejamos de prestar ese servicio, que era universal y gratuito, y el Colegio de Psicólogos ha puesto en marcha un protocolo específico de atención a personas que han sufrido algún tipo de trastorno de comportamiento durante la pandemia.
Contra la pandemia de la COVID-19 hemos encontrado vacunas, pero ¿cuál es la vacuna, metafóricamente hablando, contra los trastornos de salud mental?
Hay que tratar de atajar una serie de desigualdades que existen y que provocan una brecha en la población. Esas desigualdades son económicas, ya que entre el 70 y el 80% de las personas que han perdido su vivienda o tienen dificultades para pagar su alquiler o hipoteca presentan problemas de salud mental. También son geográficas, puesto que el hábitat rural cuenta con mayor prevalencia a tener problemas de salud mental que el entorno urbano porque dispone de peores servicios. La desigualdad de género también es reseñable. Y es que casi el 11%, concretamente el 10,7% de la población consume tranquilizantes o pastillas para dormir y el porcentaje de mujeres dobla al de hombres. Además, tres de cada cuatro mujeres con problemas de salud mental han sufrido en algún momento de su vida violencia machista. Pero hay más desigualdades: por racismo, en el ámbito educativo o por discapacidad psicosocial, entre otras. Si somos capaces de ir paliando todas ellas estoy seguro de que la salud mental mejoraría sensiblemente.
Para tratar de reducir esas desigualdades que menciona, la actuación y el compromiso político es fundamental. ¿Percibe que actualmente es más habitual que existan debates parlamentarios en torno a este tema?
Sí, la voluntad existe, pero también tenemos que tener en cuenta que, aunque parezca mentira, hace unos días se presentó una moción para modificar un artículo de la Constitución donde a las personas con discapacidad se les trata de “disminuidos”, y nosotros pensábamos que iba a haber unanimidad y mayoría absoluta a su favor, pero hubo dos grupos que se abstuvieron. Entonces a día de hoy tenemos que soportar que las personas con discapacidad, legalmente y según la Constitución, sean tratadas con ese término.
Cuando hablamos hace cinco años en otra entrevista, usted me remarcó que en lo que respecta a salud mental “hay un estigma social importante, algo de lo que la gente no es consciente”. ¿Ha cambiado algo desde entonces?
Se ha ido mejorando. Y la prueba está en que en la televisión vemos campañas de entidades de mucho prestigio y en que en los medios de comunicación se ha avanzado mucho en el tratamiento. Por ejemplo, en la Agencia EFE, en la sede de la Fundación Fundéu, presentamos un libro de estilo sobre lo que entendíamos por vocabulario a emplear y cómo se debe tratar en los medios la enfermedad mental. Todo ello hace que tenga más presencia esta problemática en una sociedad que se está dando cuenta de que las enfermedades mentales van en aumento. Hemos avanzado mucho, la salud mental está en primera línea en la agenda social y política, y eso es muy importante.
El pasado mes de marzo, cuando el diputado de Más País, Íñigo Errejón, intervenía en el Congreso abordando los problemas de salud mental generados por la pandemia, un diputado del PP le gritó desde su bancada "¡Vete al médico!". ¿Qué le pareció esta actitud?
Esa actitud es reprobable y no es admisible en la sociedad y mucho menos en el Parlamento. El diputado Íñigo Errejón estaba enumerando una serie de necesidades que tenemos recogidas dentro de la Confederación de Salud Mental España. La sensación que nos causó es que entra en nuestra página web asiduamente porque muchas de las reivindicaciones son las que él recogía. Que un diputado en un tema tan serio como este y de tanta importancia adopte lo que yo considero un insulto no es de recibo.
¿Cree que esa actitud refleja la poca importancia o incluso la connotación peyorativa que tienen los problemas de salud mental para parte de la población?
Sí, así es. Estoy de acuerdo totalmente.
Para terminar, de cara al Día Mundial de la Salud Mental, ¿cuáles son los principales objetivos?
Los objetivos siempre son de divulgación y de promover la salud mental, de defender los derechos y la inclusión social, y de sensibilizar a la población. Es un día reivindicativo y festivo en el sentido de que salimos a la calle para expresar los problemas. También tengo que decir que todos los años acuden todas las autoridades que puedan estar involucradas. Las consejerías que afectan a la salud mental, que no solamente son la de Sanidad y la de Políticas Sociales, sino también Presidencia o Educación, así como los grupos parlamentarios y municipales, y autoridades como el propio presidente. Están ahí con nosotros, lo cual quiere decir que dan importancia al acto y que, como decía antes, estamos en la agenda política.