Un 3% de Cantabria es territorio apto para aceptar la instalación de parques eólicos. Otro 3% está condicionado y dependerá de los proyectos que se presenten y del daño que impliquen al entorno y, por tanto, el 94% del territorio restante, y tal y como se venía adelantando por parte de la Consejería responsable de la legislación en esta materia en las últimas semanas, queda libre de molinos pase lo que pase.
Así pues, según el mapa de zonas de exclusión que se ha presentado este martes en el Parlamento de Cantabria, las proximidades de la sierra de El Escudo, el valle de Soba, el alto de la comarca del Besaya y algunas áreas al sur del pantano del Ebro, en Campoo, serán las que queden disponibles para albergar estos proyectos de generación de energía renovable.
No obstante, el consejero del área, José Luis Gochicoa (PRC), ha asegurado durante una comparecencia parlamentaria a petición propia que este mapa tampoco supone “un cheque en blanco” para poder desarrollar cualquier parque en las zonas que no hayan quedado excluidas ya que, aun así, deberán cumplir con la tramitación ambiental y urbanística correspondiente. En el lado contrario, algunos de los lugares excluidos suponen que se entierren algunos proyectos de los que se ha hablado mucho en los últimos meses, como el parque de Ribota, el de Bustafrades, Quebraduras, Garma Blanca, Menestrosas o Aguayo II.
Precisamente, esta limitación del territorio ha permitido que el Ejecutivo cántabro pueda atisbar cuántos parques seguirán adelante y, por tanto, cuánta energía podría llegar a producir la comunidad. Y mientras la primera de las cuestiones no se ha dado a conocer, sobre la segunda han aclarado que estará en torno a los 700 megavatios de potencia: “No puede ser que solo el 10% de la energía de Cantabria provenga de energía renovable. Tenemos que ir más allá e intentar incrementarlo sucesivamente”, ha explicado Gochicoa.
Asimismo, ha adelantado que durante el mes de mayo el Consejo de Gobierno aprobará una normativa por la que se podrá suspender licencias en aquellos ámbitos donde este mapa ya haya dirimido que no se podrán ejecutar los proyectos: “Supone un ahorro de recursos para la Administración porque hará que muchos desistan de otros procedimientos donde ya se sabe que es imposible conseguir esta licencia”, ha asegurado el consejero.
Cabe destacar que los lugares que han quedado descartados lo han hecho por motivos ambientales, por pertenecer a espacios naturales protegidos, por la geología o la morfología, o por ser próximos a poblaciones y patrimonio. De igual forma, ha aclarado que los núcleos de población tendrán que situarse al menos a un kilómetro de estos parques, algo que según ha adelantado, podrá afectar a alguna cabaña “suelta”, ya que se contará como núcleo al espacio que albergue al menos seis viviendas.
Pese a que la presentación de este mapa de zonificación eólica ha sido muy esperado por suponer un paso más en que estos proyectos salgan o no adelante, Gochicoa ha advertido que este está sujeto a modificaciones y que cuando se apruebe el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) se obtendrá más información sobre las instalaciones eólicas.
Además, el consejero también ha hablado sobre los cánones de los que se podrían beneficiar los ayuntamientos y los vecinos afectados por los aerogeneradores, y además de asegurar que estos tendrán la obligación de oficializarse, ha mencionado dos formas en las que podrían llevarse a cabo estas compensaciones: “Se podrá cobrar un canon o bien sustituirlo por una factura energética menor”. A ello hay que sumarle, según Gochicoa, las medidas sociales que estas empresas tendrán la obligación de llevar a cabo implementando actividades como talleres de empleo, o enseñanza de inglés para los niños, por ejemplo, a través de convenios específicos con los ayuntamientos afectados: “Habrá un control y vamos a asegurarnos de que estén dispuestos a efectuar esas tareas porque si no les va a salir más caros”, ha insistido.
Por otro lado, antes de que el consejero compareciese en Comisión, Gochicoa se ha acercado a las personas que se estaban manifestando a las puertas del Parlamento en contra de los eólicos. Sin embargo, y a pesar de la conversación, estos siguieron reivindicando durante el tiempo que duró la presentación del mapa de exclusión y algunos diputados como el socialista Javier García Oliva, han mencionado la “importancia” de la participación pública en este proceso, algo que precisamente piden desde estos colectivos.
Por su parte, desde Ciudadanos, la diputada Marta García ha criticado al Gobierno “la corriente de negacionismo contra la energía eólica” que, a su juicio, se ha instalado en algunos sectores de la población. De igual forma, Roberto Media, el representante del PP, se ha quejado también del “cambio sustancial” de discurso que ha realizado el Gobierno, y especialmente se ha referido al presidente del Ejecutivo cántabro, Miguel Ángel Revilla, ya que estos “cambios de criterio” han podido “crear problemas donde no existían a alcaldes y municipios”.