Alto del Cuco: el derribo de la corrupción urbanística

Cantabria es testigo este viernes de una de las inauguraciones más estrambóticas que se puedan dar en el mundo de la política: se ha cortado 'la cinta' para el comienzo del fin del Alto del Cuco, una macrourbanización de 400 viviendas de lujo que se construyó sobre un área de especial interés paisajístico -en el Monte La Picota- y que fue declarada ilegal en el año 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y en 2011 por el Tribunal Supremo.

Casi cinco años después, esa sentencia ha comenzado a hacerse efectiva ante los ojos de un buen puñado de representantes institucionales, entre ellos, la vicepresidenta de Cantabria y consejera de Urbanismo y Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos. La empresa pública Tragsa ejecutará la demolición, que se prolongará por un periodo de seis meses y que tendrá un coste de 1,1 millones de euros. A ello, hay que sumar otros diez meses más y 2,6 millones para los trabajos de recuperación ambiental de la zona.  

El Alto del Cuco es uno de los símbolos de la España de la burbuja inmobiliaria y su derribo supone “un hito dentro del Estado español”. “Es un ejemplo emblemático de lo que es un atentado paisajístico: desmontar un monte físicamente para construir casas”, explica Carlos García, miembro de ARCA, la asociación ecologista que recurrió ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Piélagos en el año 2004.

Esta actuación urbanística cumple con todos los ingredientes de una conducta caciquil, con una gran constructora de por medio -Martinsa Fadesa-, una huida hacia adelante, un proceso judicial prolongado, una actuación ilegal con cargo a las arcas públicas y que, por tanto, acaban pagando los ciudadanos, y una condecoración pública y acto de homenaje para el principal responsable de la trama. 

Todo comienza, según cuenta Carlos García a eldiario.es, con la liberalización del suelo aprobada en 1998 por el Gobierno de José María Aznar, que modificó la ley para permitir construir en prácticamente todo el territorio, salvo aquel que estuviese expresamente protegido. Ayuntamientos como el de Piélagos se lanzaron entonces de forma “alegre e irresponsable” en brazos del ladrillo, al calor de las 'generosas' constructoras y los cuantiosos ingresos que se generaban a través de las plusvalías.

Así es como nació la urbanización del Alto del Cuco. En 2004, el Ayuntamiento de Piélagos, gobernado por el PP con mayoría, dio luz verde a la operación a pesar de que la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo -un organismo consultivo dependiente del Gobierno de Cantabria- había emitido un informe desfavorable. Al final, el Plan Parcial se aprobó con los votos del PP más dos concejales no adscritos, que se habían salido de esta formación y que al mes siguiente de la votación se integraron al equipo de Gobierno con un sueldo por dedicación exclusiva. 

La huida hacia adelante de la Corporación municipal, comandada por Jesús Ángel Pachecho -alcalde del municipio durante 22 años-, abocó a ARCA a acudir a los tribunales. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico, gobernando en coalición por PRC y PSOE, se sumó a la demanda, de modo que el Gobierno de Cantabria se querelló contra un ayuntamiento de su propia comunidad.

Tres años más tarde, en marzo de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio la razón a los ecologistas y declaró ilegal la urbanización en una sentencia que no dejó lugar a dudas: “La agresiva modificación de la topografía del Monte Picota (en cuya falda sur se emplaza la urbanización), y las exageradas y forzadas soluciones arquitectónicas previstas para poder implantar en aquel 395 viviendas no hacen sino quebrar una vez más el paisaje rural, convirtiendo el Sector 2 en un suelo netamente urbano al que se llega tras una actuación traumática”.

Hasta ese momento, se habían levantado 214 viviendas de las 400 previstas y algunos de los compradores habían comenzado a vivir pese a no contar con los suministros básicos. Las obras quedaron paralizadas por orden judicial a la espera de que se resolviesen los numerosos recursos -hasta una docena- presentados por el Ayuntamiento y Martinsa Fadesa.

El veredicto final llegó en diciembre del 2011: el Tribunal Supremo ratificó el fallo del TSJC, así como el “importante e incontrovertido impacto paisajístico”. El megacomplejo quedó entonces a medio construir, inerte, al servicio de los amigos de lo ajeno, que a lo largo de estos años han aprovechado para llevarse el cobre o la fontanería, entre otros materiales. 

A diferencia del resto de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria, los compradores en el Alto del Cuco fueron indemnizados por la constructora. “Ya no hay afectados como tal porque ahí las cosas se hicieron con relativa normalidad. En otros casos no había ningún tipo de aval ni de responsabilidad por parte de las constructoras”, explica el presidente de AMA, Antonio Vilela, la asociación que agrupa a este tipo de damnificados.  

El rescate público                 

La factura de la demolición la pagarán, por el momento, todos los cántabros. El Gobierno, que había recurrido el Plan Parcial, ha tenido que salir al rescate del Ayuntamiento de Piélagos, incapaz de asumir económicamente los 3,7 millones de euros. Previamente, los servicios municipales emitieron un informe advirtiendo que si el Consistorio tuviera que asumir el coste del derribo sería necesario crear un impuesto especial para los vecinos, además de tener que recortar servicios relacionados con la educación, la cultura o el deporte.

El Ayuntamiento devolverá el préstamos en cuotas anuales durante los próximos diez años, según refleja el convenio firmado entre ambas administraciones, que establece un interés simbólico del 1%. 

Aún falta por dilucidar la responsabilidad patrimonial, ya que Martinsa Fadesa comenzó las obras con todos los permisos en regla y por ello, tendrá que ser indemnizada. La cuantía aun está por resolver, pero según varios expertos consultados por este diario, será de varias decenas de millones de euros.

Homenaje al alcalde

En el centro de la operación urbanística se sitúa Jesús Ángel Pachecho, hombre fuerte del PP y alcalde de Piélagos desde 1989 y hasta 2011, año en el que fue inhabilitado poco antes de celebrarse las elecciones municipales, lo que le impidió por ley presentarse a una nueva reelección. 

Esa condena, que además incluía un año y medio de cárcel, no fue impedimento para que el Partido Popular de Cantabria le rindiese un homenaje público por su dilatada trayectoria política e igualmente le nombrara presidente de la formación en el municipio, un cargo honorífico.

No era la única causa judicial que Pacheco tenía pendiente. En mayo de 2015, una semana antes de fallecer a los 74 años de edad, fue imputado también por un delito de prevaricación urbanística. Durante su extenso mandato acumuló, además de la del Alto del Cuco, otras cuatro sentencias de derribo para sendas urbanizaciones, que en conjunto suman otras 80 viviendas pendientes de la piqueta.    

A día de hoy, en el Ayuntamiento de Piélagos hay cuatro personas que en 2004 votaron a favor del Plan Parcial y que continúan como concejales: José Manuel Alegría, Eva Arranz y Celestino Cobo, del PP, y José Antonio Castañeda, integrado en AVIP, una formación creada de una escisión de la formación conservadora. Pachecho fue el único que fue inhabilitado aunque no por el Alto del Cuco. Tampoco las urnas rindieron cuentas.