Las asociaciones vecinales que impugnan la subida de las tasas de agua en Santander no descartan ir a los tribunales
Las 27 asociaciones de vecinos que han impugnado la subida del 2,8% de las tasas de agua y alcantarillado del Ayuntamiento de Santander, al considerarlas “abusivas, excesivas e ilegales”, no descartan acudir a los tribunales si el Pleno del próximo lunes 23 --en el que han avanzado que intervendrán-- desestima sus alegaciones y aprueba las ordenanzas fiscales para 2025 definitivamente.
Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Santander y Cantabria, Ramón Carrancio, en la que ha insistido en que estas tasas, cuya actualización fue aprobada inicialmente por el Pleno el 22 de octubre, “incumplen la legislación vigente y el propio contrato de concesión del servicio a Aqualia”.
Según ha explicado, el contrato con Aqualia, firmado en 2006 de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos, el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y la Ley de Hacienda Locales, establece “la obligación para la empresa y el Ayuntamiento de mantener un equilibrio económico-financiero” que, sin embargo, “se ha roto”.
Ha afirmado que en la capital los vecinos están pagando “más del 25%” de lo que estipula el decreto, cuyo exceso, según las cuentas de 2023, “supera los 3,6 millones de euros”, cuantía que, ha apostillado, “se queda en Aqualia”.
En este punto, ha añadido que este asunto se ha llevado en otras ciudades a los Tribunales y, por sentencia del Tribunal Supremo, ambas en 2008, se establece que “cuando hay un desequilibrio de entre el 2,5% y el 3,30% hay ruptura del equilibrio económico-financiero”.
Además, ha apuntado que, según consta en las cuentas de resultado, las tarifas del año 2024 son “estimadas”, por lo que “aplicar el IPC sobre una estimación es contrario a la ley”.
“Nos cobran en concepto de tasas lo que no está costando el servicio”, ha denunciado Carrancio, que ha insistido en que “el costo de la tarifa no puede superar el costo de la prestación que se da”.
De esta forma, las asociaciones de vecinos instan al Consistorio a restablecer el equilibrio económico financiero y modificar las tasas del agua y alcantarillado, aplicando unas nuevas tarifas “que se adapten a la ley”, es decir, “que no superen el coste del servicio prestado más el beneficio industrial, que es del 6,5% sobre los gastos”.
Asimismo, solicitan que se devuelva a los usuarios las cuantías pagadas “de más” en concepto de tasas en la parte que exceden de los costes reales y el normal margen del beneficio industrial; y se reduzca la tarifa a las familias menos favorecidas.
Del mismo modo, el presidente de la Federación ha criticado que desde que se iniciara el contrato hace unos 18 años la concesionaria “no” ha llevado a cabo las reparaciones necesarias para la conservación de las instalaciones, como consta en el contrato, cuando algunas están “derruidas” y existen depósitos que están “perdiendo agua”. Una situación que, de seguir así, ha advertido, podría requerir una “inversión millonaria” cuando finalice el contrato en 2031.
Las asociaciones de vecinos también han subrayado que el precio del alquiler por el contador, que están cambiando por los de lectura telemática, “se ha incrementado más de un 80% (de 2,79 a 5,03 euros al trimestre)”, lo que, a su juicio, es “incomprensible” dado que la empresa “se ahorra” los tres trabajadores de lectura que tenía hasta ahora. “la Comisión de Control debe de estar a por uvas”, han censurado.
Además, han denunciado que se está cobrando “por duplicado” a los santanderinos el servicio del Bitrasvase --una cuota fija y otra variable-- y durante todo el año, cuando “solo se benefician del mismo en época estival”.
Alegaciones a la OLA
Por otro lado, Carrancio ha señalado que desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Santander están preparando alegaciones a la nueva la nueva Ordenanza Limitadora de Aparcamiento (OLA) propuesta por el Ayuntamiento, que contempla implantarla en el entorno del Sardinero durante el verano y extenderla a otras zonas de la ciudad como el área de influencia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y el mercado de México, la zona de Tetuán-Alto Miranda y a toda Castilla-Hermida.
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