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Cantabria se compromete a colaborar en la redacción del próximo Plan Estratégico de Consumo 2026-2029

El consejero de Consumo, Eduardo Arasti, durante la Conferencia Sectorial

EP

SANTANDER —

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SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Consumo de Cantabria, Eduardo Arasti, ha trasladado el compromiso de colaboración de la comunidad para redactar el próximo Plan Estratégico de Consumo 2026-2029, basado en la nueva Agenda Europea del Consumidor, durante su participación este jueves en la Conferencia Sectorial de Consumo, que ha estado presidida por el ministro del ramo, Pablo Bustinduy.

Arasti ha apostado por garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, así como por promover la formación y la información entre la ciudadanía a través de la puesta en marcha de procedimientos “eficaces”.

Además, ha destacado la participación de Cantabria en las distintas secciones de trabajo entre el Ministerio y el resto de las comunidades autónomas.

Según ha informado el Gobierno, la reunión ha servido para conocer la plataforma digital de colaboración entre las administraciones públicas Cooper@, con el fin de agilizar y digitalizar el desarrollo de este tipo de conferencias y comisiones sectoriales.

En este sentido, ha mostrado su conformidad en las medidas que conlleven la protección de consumidores y usuarios en ámbitos específicos como las prácticas abusivas y la regulación de las acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios.

De igual modo, ha asegurado que el Gobierno regional trabajará en el marco de la próxima sectorial en “soluciones” para los consumidores no pierdan las cantidades entregadas en la contratación de servicios que luego no son prestados por el cierre o quiebra de las empresas prestadoras de servicios, como los recientes casos de clínicas dentales y de estética.

También ha afirmado que Cantabria recogerá la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de “apoyar más” a la Red OMIC con el fin de cumplir con los requisitos de reclamación previa del nuevo marco legal a partir de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

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