El Gobierno de Cantabria invertirá a lo largo de los próximos tres años cerca de 65 millones de euros en el desarrollo del Plan Integral de Reducción de las Listas de Espera, un proyecto que contempla dedicar hasta diez millones a pagar incentivos a los profesionales sanitarios por su productividad, más de 20 millones para derivar pacientes a la sanidad privada a través de conciertos o 4,5 millones en inversiones directas, con el objetivo final de disminuir drásticamente el número de ciudadanos pendientes de atención y alcanzar en 2026 una media de 80 días para las intervenciones quirúrgicas, 40 días para las primeras consultas y 30 días en el caso de las pruebas diagnósticas.
Para conseguirlo, la Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) deberá realizar en los próximos tres años 24.100 intervenciones quirúrgicas, 61.000 consultas y 71.000 pruebas más de las que se realizan en la actualidad, unas cifras que este departamento aspira a conseguir a través de la actividad extraordinaria por las tardes, con un aumento de los rendimientos durante la actividad ordinaria por las mañanas y, especialmente, mediante la derivación a otros centros privados no dependientes del Servicio Cántabro de Salud (SCS) con los que se firmarán conciertos económicos para financiar este trabajo.
“Jamás ha habido en Cantabria tantas personas esperando y tantas personas esperando tanto tiempo”, ha admitido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), durante la presentación del Plan junto al consejero, que ha apuntado que desde la pasado mes de octubre “ya se ha producido un cambio de tendencia”. “Vamos a poner el sistema al máximo rendimiento sin escatimar un euro. Vamos a destinar todos los recursos necesarios y más para que los cántabros reciban la atención sanitaria que necesitan y que merecen”, ha recalcado la jefa del Ejecutivo autonómico, que ha calificado este proyecto como uno de los “compromisos de legislatura” más importantes.
Aunque el programa electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones planteaba unos plazos más cortos para alcanzar cifras “razonables” de espera para los ciudadanos, Buruaga ha reconocido que, tras realizar un diagnóstico de la situación, “la realidad ha resultado mucho peor que lo previsto” porque las listas de espera están “desbocadas” y ha asumido que van a necesitar “más tiempo” para cumplir el objetivo marcado para el primer año.
En concreto, el Plan contempla un presupuesto de 55 millones de euros en tres años a los que se suman 5 millones de euros a partir del segundo ejercicio para retribuir a los profesionales sanitarios en función de la productividad, uno de los aspectos más polémicos y que ha necesitado de una regulación específica aprobada a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024, que entraron en vigor recientemente. Además, el Gobierno ha asegurado que se proponen “optimizar” el rendimiento de la sanidad pública en la actividad ordinaria -en horario de mañana- y “multiplicar” la actividad extraordinaria -con las conocidas 'peonadas' en horario de tarde-, y con las derivaciones a la sanidad privada-concertada como “complemento cuando sea necesario”.
Datos actualizados
El consejero de Salud ha detallado el contenido de este Plan, del que ha dicho que se ha diseñado en un proceso “largo, costoso, de planificación y con metodología de investigación”, contando con las gerencias y los profesionales, con objetivos anuales y “hospital por hospital”, analizando la demanda en los próximos años, la actividad asistencial y previendo “qué es lo que hay que hacer cada año para cumplir el plan”. Así, Pascual ha explicado que el Plan prevé aumentar en 12.400 las intervenciones quirúrgicas en los propios centros del SCS y 11.700 en régimen de concierto. Además, se plantea un incremento de 61.000 consultas y realizar 71.000 pruebas diagnósticas adicionales.
Se establecerán para llegar a ello contratos de gestión, “una herramienta que no existía en Cantabria”, pero que será donde se fijen los objetivos anuales para las listas de espera, primera consulta, y pruebas diagnósticas y terapéuticas con el fin de reducir, en todos ellos, el tiempo de demora y espera media y máxima, así como el número de pacientes pendientes de atención hospitalaria. Según datos a cierre de 2023, Cantabria tiene 18.050 pacientes en las listas de espera sanitarias, con una demora media de 173 días para las intervenciones quirúrgicas, 90 para las consultas y 110 para las pruebas.
En este sentido, el responsable de la Consejería ha asegurado que son conscientes de que este “reto” de reducir las listas de espera sanitarias en la comunidad “tensiona” mucho al Servicio Cántabro de Salud dada la magnitud de la actividad que va a requerir, por lo que ha destacado la importancia de recuperar los incentivos para llevarlo a cabo. Pascual ha puntualizado que no se trata de que los profesionales “trabajen más”, sino de que tener el “máximo rendimiento asistencial”. En este punto, ha puesto el ejemplo de ser capaces de sustituir “rápidamente” las intervenciones quirúrgicas cuando quede un hueco por la suspensión de la operación de un paciente.
Líneas de actuación
Pascual ha desgranado las ocho líneas estratégicas de actuación que contempla el plan para reducir las listas de espera sanitarias en la comunidad autónoma en los próximos tres años. Se trata de medidas organizativas y de gestión, como realizar un seguimiento y elaborar registro de la lista de espera; mejora de la organización institucional y de la gestión de los procesos administrativos; y actuaciones sobre la actividad y la lista de espera quirúrgica, con catálogos y protocolos.
También prevé la optimización y eficiencia en el uso de los recursos sanitarios públicos disponibles, como analizar las suspensiones quirúrgicas, ampliar la jornada en actividad quirúrgica efectiva, optimizar equipamiento e infraestructuras, la participación de la Atención Primaria en la cirugía menor ambulatoria o implantar sistemas de retribución variable.
Además, el documento recoge la mejora de la gestión e información de las listas de espera de consultas y pruebas diagnósticas; la adecuación de la demanda y optimización de los rendimientos de consultas externas y pruebas diagnósticas; y la garantía de información a los ciudadanos, publicando periódicamente la información de dichas listas.