Cantabria prevé formalizar “este jueves o viernes”, es decir, antes del Puente de la Constitución, su solicitud a la Justicia para aplicar el Pasaporte COVID en interiores tras el aval en otras comunidades. Además, la Consejería de Sanidad, que el martes dio marcha atrás en la aplicación del Semáforo COVID que había anunciado el lunes, estudia implantar otras medidas relacionadas con la instalación de medidores de calidad de aire en los interiores de los locales y con la “concienciación social”, que considera “fundamental” tras la reducción “drástica” de contagios que “pudo hacer pensar a ciertas personas que todo había acabado”.
Así lo ha señalado este jueves el vicepresidente de Cantabria y portavoz del Ejecutivo, Pablo Zuloaga (PSOE), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y a preguntas de los periodistas sobre el cambio de criterio de Sanidad en lo que al Pasaporte COVID se refiere. “Cantabria desarrolla todas las herramientas que tiene en su mano para tener monitorizado el aumento de la incidencia y la evolución en los hospitales, de tal manera que sigamos garantizando la atención hospitalaria y podamos seguir avanzando en esa necesaria recuperación económica”, ha subrayado, a pesar de que la incidencia, según ha remarcado, está “por debajo de otras comunidades” vecinas como Euskadi o Asturias.
Con ello, el Gobierno considera ahora el Pasaporte COVID una herramienta para “monitorizar el aumento de la incidencia” tres días después de que el propio titular de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), no lo considerase “suficientemente efectivo” para tal fin porque, en sus propias palabras pronunciadas durante una comparecencia de prensa, “las personas vacunadas cuando se contagian también transmiten el virus”. No obstante, según Zuloaga, el consejero, que participa este jueves en el Consejo Interterritorial de Salud en Córdoba, piensa “ya no solo en plan 'b', sino en plan 'c'” de cara al Puente de diciembre y a Navidad por si la Justicia no avala el Pasaporte COVID.
“Cantabria se plantea tomar las decisiones que haya que tomar para garantizar la salud de los cántabros”, ha manifestado el vicepresidente, y “la historia que hemos escrito en la gestión de la crisis sanitaria acredita que la toma de decisiones, a pesar de no haber sido fácil, ha sido necesaria”, ha sentenciado, en el día en el que ha puesto en valor que la comunidad ha alcanzado el millón de vacunas contra el coronavirus administradas.
En concreto, con datos a cierre de este miércoles, se han inoculado 1.009.320 dosis. Hay 485.290 personas vacunadas, el 83,3% de la población o el 92,6% de la objeto de vacunación -mayores de 12 años- y 481.946 inmunizadas, el 82,7% del total o el 92% de la población objetivo.
Por rangos de edad, la vacunación supera el 90% en Cantabria excepto para los jóvenes de entre 20 y 39 años, donde está sin vacunar el 19,5%. En concreto, en el grupo de 30 a 39 años aún no se ha inoculado ninguna dosis al 21,6%, y el de 20 a 29 años, al 17,3%. En consonancia, ambos colectivos son los que presentan un menor porcentaje de inmunizados, del 77,6% en el caso de 30 a 39 años; y de del 81,4% en el de 20 a 29. En el resto de grupos, la pauta completa está por encima del 89,7% -correspondiente al grupo de 12 a 19 años-, mientras que alcanza el 89,9% entre los de 40 a 49 años. El 93,5% de la población entre 50 y 59 años está inmunizada; el 99,1% entre los de 60 a 69 años; y el 100% a partir de 70 años.
Finalmente, cuestionado por la reducción de plantilla de rastreadores COVID, Zuloaga ha matizado que no se trata de despidos, sino que sus contratos terminan en diciembre. “No es que haya una previsión de despedir, es que los contratos se hicieron con una duración determinada conocida por los trabajadores dada la previsión que se tenía en ese momento de evolución de la pandemia”, ha aclarado. Así, ha apuntado que la plantilla “se ha venido adaptando en cada momento a la situación” del virus, y por tanto será necesario tomar decisiones en función de la situación actual para “garantizar que la labor de rastreo se sigue manteniendo en Cantabria”, bien con rastreadores que dependan del Servicio Cántabro de Salud, de la Consejería o del Ejercito.