Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Cantabria, no aplicarán el índice de precios de alquiler, que este mismo viernes arranca con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que consideran que reduce la oferta de inmuebles, fomenta la economía sumergida y supone un “suicidio inmobiliario”.
En un comunicado, los populares auguran un “estrepitoso fracaso” al índice de precios de alquileres, dado que ninguna comunidad autónoma, salvo Catalunya, ha puesto en marcha la iniciativa ·ni ha informado formalmente sus “zonas tensionadas” para su aplicación.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha afirmado que aplicar este índice es un “suicidio inmobiliario”, porque “desestabilizaría aún más el mercado, reduciría la oferta y fomentaría la economía sumergida”. “Error tras error”, ha añadido, antes de proponer alternativas como “la simplificación administrativa”, dotar de “ayudas a los jóvenes” o “la lucha contra la ocupación”, un tema, éste último, al que recurren constantemente las formaciones de derecha y de extrema derecha pese a que los datos oficiales rechazan que exista una problemática social al respecto.
Así, diez meses después de la puesta en marcha de la Ley de Vivienda, el Gobierno central ha publicado la resolución ministerial del índice de precios de alquileres, cuya aplicación en Cantabria ya anunció el Gobierno del PP hace pocas semanas que no se dará. “El mercado no se puede regular, eso es lo que se hace en Cuba”, dijo a la prensa el consejero de Fomento, Roberto Media, cuestionado por este asunto.
Para la responsable de Vivienda del PP, la raíz del problema del acceso a la vivienda, que afecta sobre todo a la población joven, es “el desequilibrio crónico entra la oferta y la demanda”.
En este sentido, Paloma Martín ha señalado que las soluciones no pasan por “intervenir el mercado y topar los precios, como impone el PSOE”, sino por “equilibrar oferta y demanda”. “Para corregir el desfase actual es necesario poner en marcha medidas que dinamicen el mercado como una mayor disponibilidad de suelo, la simplificación administrativa, la ayuda a los jóvenes, la seguridad jurídica o la lucha contra la ocupación”, ha subrayado.
Entre la batería de acciones concretas que propone el PP, destaca la concesión a jóvenes menores de 35 años de un aval de hasta el 15% del total de la vivienda, para así facilitar el acceso a una hipoteca. También plantea la creación de un fondo de garantía que permita avalar la fianza para el alquiler a los jóvenes que cumplan unos requisitos establecidos.