El Consejo de Gobierno cántabro ha ratificado este martes, en una sesión extraordinaria, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en Cataluña, aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2024, por “decencia democrática”.
Lo ha hecho en sintonía con el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular y un día después de que el Parlamento de Cantabria anunciara su propio recurso.
Asimismo, el Gobierno de Cantabria ha acordado formalizar la recusación del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido; y los magistrados del TC Juan Carlos Campo Moreno y Laura Díez Bueso ante dicho recurso de inconstitucionalidad.
Así lo ha anunciado la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), un día después de que el Parlamento cántabro informara que ya ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía al entender que “vulnera el principio de igualdad entre los españoles”.
Buruaga ha señalado que “como Gobierno de Cantabria tenemos la obligación y también el deber moral de actuar para defender el orden constitucional y el interés general”.
A su juicio, “la ley de Amnistía aprobada por Pedro Sánchez, a cambio del apoyo de los independentistas a su investidura, vulnera los principios de separación de poderes, seguridad jurídica e igualdad entre españoles”.
“Es un misil en la línea de flotación de nuestra democracia y un grave ataque a nuestro modelo de convivencia ante el que no podemos mirar para otro lado. No vamos a hacerlo porque nadie puede estar por encima de la ley, ni vender España a cambio del poder”, ha opinado.
La líder del Ejecutivo autonómico ha advertido que “primero fue la Ley de Amnistía, ahora los privilegios económicos unilaterales y lo siguiente será la autodeterminación”.
“Tenemos que frenarlo. Frente a la desigualdad y a los privilegios para unos pocos que nos pretenden imponer, vamos a defender hasta las últimas consecuencias la igualdad de trato, los derechos y las oportunidades de los cántabros en una España constitucional de ciudadanos libres e iguales”, ha sentenciado.