Cantabria es una de las 13 comunidades autónomas que han reducido su gasto en rentas mínimas tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en el año 2020, según advierte la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en base al Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI)correspondiente al año 2022, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Según los datos recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de media, en España, las rentas mínimas de inserción se han reducido un 12,8% desde la puesta en marcha del IMV, mientras que en Cantabria el retroceso ha sido del 44,6%, más del triple que el nacional, y el séptimo más significativo.
Aragón y Madrid, con un 81,2% y un 84,5%, respectivamente, son las comunidades que más han recortado estas rentas mínimas, seguidas de Castilla-La Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,6%) y Murcia (-55,2%).
En el otro extremo se sitúan Canarias, que aumenta su cuantía un 126,7%, Baleares (con un incremento del 87,3%), Cataluña (23,3%) y Comunidad Valenciana (10,81%).
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que la reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las comunidades, supone que en los dos años transcurridos desde la aprobación del IMV “se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011 y suponga una pérdida global de 241 millones de euros”.
Según denuncia la asociación, “muchas comunidades destinaron su ahorro en el presupuesto de sus RMI a otras cuestiones fuera de los servicios sociales”.
Además, las directoras y gerentes de Servicios Sociales advierten de que “solo el 7,9% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas”, un porcentaje que, salvo en el primer año de la pandemia (2020), desde 2015 se está reduciendo tras alcanzar ese año su nivel más alto, con un 8,7%.
Si bien, se observan diferencias por comunidades autónomas. Así, destacan Navarra y País Vasco, donde estas rentas mínimas alcanzan a más del 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza, seguidas por Asturias (22,5%) y Cataluña (15,1%). En Cantabria alcanzan al 9,7% de las personas bajo el umbral de la pobreza. Por el contrario, en cuatro comunidades, no alcanzan ni al 2,5%: Madrid (2,4%), Murcia (1,6%), Andalucía (1,6%) y Castilla-La Mancha (0,6%).
En cuanto a la cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que supone el 13,9% de la renta media por hogar --el 11,1% en Cantabria--, “una cuantía extremadamente baja y que se ha reducido dos puntos este último año”.
También en este aspecto se registran diferencias entre comunidades, siendo Baleares (33,6%), Canarias (18,3%), Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%) las que otorgan cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares de sus territorios. Mientras, las más bajas se encuentran en Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y Aragón (2,5%).